Una reciente encuesta realizada por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, permitió establecer que la mitad de los jóvenes mendocinos todavía adeuda el ciclo secundario, con un cuadro que se agrava profundamente en el caso de la población rural, donde se observa que un 73,1 por ciento es el que no ha completado el nivel medio. Esa situación se multiplica en el caso de las enseñanzas superiores, donde se indica que en el campo sólo un 16 por ciento completó el nivel secundario y un 5,1 por ciento la universidad. Cifras que dejan lejos, muy lejos, los objetivos trazados por la ley nacional que estableció, entre otros conceptos, que la obligatoriedad en la educación alcanza al nivel secundario completo.
Siempre tomando el caso de las diferencias entre los departamentos, los números indican que Capital es quien se encuentra mejor posicionado en el nivel educativo alcanzado por sus pobladores mayores de 20 años, con un 45,2 por ciento que tiene el secundario completo y un 30 por ciento el universitario. El segundo lugar corresponde a Godoy Cruz (43 y 23 por ciento respectivamente) y el tercero a Tunuyán (41 y 12 por ciento). Mientras entre los más castigados figuran Lavalle, con sólo el 16 por ciento en secundario y 9 en universitario, y Tupungato, con 23 y 9 respectivamente.
La ley que fija los niveles obligatorios de instrucción es la 26.206, sancionada el 14 de diciembre de 2006 y promulgada el 27 de diciembre del mismo año, lo que lleva a suponer que se trató de uno de los objetivos principales de esa gestión gubernamental. Al hacer referencia al nivel secundario dice que es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a los adolescentes que hayan cumplido con el nivel de educación primaria y está destinada a habilitar a los adolescentes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y la continuación de sus estudios. Luego de otras consideraciones, el artículo 33 de la norma legal indica que "las autoridades jurisdiccionales propiciarán la vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de la producción y el trabajo y, en ese marco, podrán realizar prácticas educativas en las escuelas, empresas, organismos estatales, etc. que permitan a los alumnos lograr una experiencia adecuada a su formación y orientación vocacional".
No quedan dudas de que la ley está cubierta de buenas intenciones y es importante que así lo sea. Pero cabría preguntarse si todo se desarrolló dentro de los márgenes de la lógica y si respondía a las necesidades del país. De acuerdo con lo que señalaron en su momento profesionales en la materia, la Argentina en dos oportunidades estableció primero un plan como país y para ello adaptó la educación. Dicen que durante y al finalizar la Segunda Guerra Mundial el mundo necesitaba alimentos, lo que llevó a las autoridades a impulsar las escuelas de base agrícola. Años después, cuando la Argentina impulsó la industrialización, procedió a la creación de las escuelas técnicas. Unas y otras dieron los resultados esperados porque se adaptaron a un plan pre establecido. Sin embargo, a partir de 1960 en adelante todo lo que se buscó implementar en el plano de la educación no dio resultados en razón de que, como dirían los viejos políticos, se ponía al carro delante de los caballos. Es más, en varias oportunidades las diferentes gestiones gubernamentales -como sigue ocurriendo actualmente- priorizaron determinadas políticas que llevaron al cierre o a la falta de apoyo de algunos establecimientos educacionales.
Los hechos y los números permiten establecer que con la mera sanción de una ley y con las buenas intenciones de los legisladores no se cambia la realidad. Porque en las zonas rurales muchas familias no pueden acceder a los medios económicos que les permitan a sus hijos alcanzar una educación superior y, más preocupante aún, que los jóvenes, aún teniendo el secundario completo, no pueden acceder a fuentes de trabajo.
Autoridades educativas consultadas reconocen que "algo está pasando" y se comprometieron a buscar soluciones, pero estamos tratando un problema que supera una gestión gubernamental y por lo tanto es responsabilidad de la clase política en general.
