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hace 42 minutos
La comunidad mapuche Lakfen Winkul Mapu se comprometió hoy a permitir inspecciones y peritajes judiciales en el predio de Villa Mascardi donde el sábado pasado murió de un balazo el joven Rafael Nahuel, en el marco de un operativo represivo del Grupo Albatros de la Prefectura.
El compromiso para que el juez federal Guillermo Villanueva ingrese al predio surgió durante una nueva reunión de la mesa de diálogo que integran el Gobierno, la Iglesia, organismos de derechos humanos y referentes de la comunidad mapuche.
Allí se elaboró una nota con el contenido de lo conversado, que será enviada al magistrado para que decida cuándo realizará las pericias, indicaron a NA participantes del encuentro.
Basado en informes de Prefectura, el Gobierno asegura que en el operativo del pasado sábado el grupo Albatros recibió disparos de parte de los ocupantes, aunque los miembros de la comunidad mapuche aseguran que no poseen armas de fuego y que fueron atacados por las fuerzas de seguridad.
Fuentes de la comunidad Lakfen Winkul Mapu aclararon a NA que, en realidad, en la reunión de este viernes "no hubo un acuerdo" porque "desde el primer momento la comunidad había dicho que no se iba a oponer a los peritajes, porque es la principal interesada en que se esclarezca el asesinato".
"El domingo se lo dijeron al juez, que ellos no estaban en contra de los peritajes, siempre en un marco de respeto y paz", remarcaron las fuentes, que al ser consultadas por la demora en la realización de la inspección ocular la atribuyó a posibles cuestiones "administrativas" de la Justicia.
Por su parte, los representantes del Gobierno -a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)- ratificaron su postura y dejaron constancia en el escrito del reclamo para que los integrantes de la comunidad abandonen el predio y "se ajusten a derecho", como condición para avanzar en el diálogo sobre el conflicto por las tierras.
Luego de la elaboración de la nota que será enviada al juez Villanueva la mesa de trabajo multisectorial pasó a un cuarto intermedio hasta la semana próxima, confirmaron las fuentes consultadas.
La familia, querellante
En tanto, los padres de Rafael Nahuel se constituyeron este viernes como querellantes en la causa que investiga el homicidio y designaron un perito de parte, informó la abogada Natalia Araya, que representará junto a Julieta Wallace (del grupo de Abogados por los Derechos de Igualdad) a la pareja de Graciela Salvo y Alejandro Nahuel.
"Nos constituimos como querellantes, solicitamos como medida que se realice la inspección ocular y el rastrillaje y el levantamiento de rastros de manera urgente", explicó Araya en declaraciones al diario Río Negro.
La letrada anticipó también la presentación de un perito de parte para que participe de las pericias pendientes en el predio ocupado por la comunidad Lafken Winkul Mapu, en la localidad rionegrina de Villa Mascardi, donde fue asesinado el joven.
El último jueves el Gobierno se puso en contacto con la familia del joven a través del secretario de Violencia Institucional, Daniel Barberis, funcionario del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.
Según dejó trascender Barberis, al reunirse con la familia se encontró con un contexto de extrema pobreza en el que falta hasta el alimento.
En ese marco, el funcionario les ofreció a los padres de Rafael Nahuel un protocolo de contención que que funciona en su área, que incluye asesoramiento legal a través de abogados especializados en temas de violencia institucional, líneas de ayuda alimenticia, económica y laboral y apoyo psicológico.
Parques Nacionales, en tanto, denunció en la Fiscalía federal de Bariloche la usurpación del predio ubicado en Villa Mascardi, distante a unos 30 kilómetros de Bariloche, por parte de la comunidad Lafken Winkul Mapu.
El juez dispuso el secreto de sumario, lo que bloquea el acceso al expediente a la querella como a la abogada Sonia Ivanoff, que defiende a Lautaro Alejandro González y Fausto Jones Huala, ambos detenidos el sábado luego de la represión en la que Nahuel recibió un balazo con un proyectil calibre 9 milímetros.
El magistrado hizo lugar al pedido de excarcelación que había planteado la defensa y así González y Jones Huala recuperaron la libertad el miércoles por la anoche, pero siguen vinculados a la causa penal que investiga el homicidio del joven.
Ivanoff explicó que el juez todavía tiene plazo para resolver la situación procesal de los jóvenes mapuches, que fueron indagados el domingo último, imputados por el delito de usurpación durante un enfrentamiento.
La defensora particular aseguró que los jóvenes mapuches no portaban con armas de fuego y destacó que el personal de Criminalística de la Policía de Río Negro que hizo la pericias no detectó restos de pólvora en las manos de González y Jones Huala, aunque falta otro estudio.
Ivanoff dijo que no saben si el juez indagó a los albatros que atacaron a los jóvenes mapuches el sábado.
También aseveró que Jones Huala levantó una vaina de una bala de plomo en el lugar del hecho y que cuando declaró ante el juez señaló que con ese tipo de proyectil habían matado a Rafael.
Asimismo, explicó que fundamentaron el pedido de excarcelación en que no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, aunque el juez ordenó el pago de una fianza de 10 mil pesos respectivamente: deberán presentarse una vez por semana en la delegación local de la Policía Federal y no pueden acercarse a menos de 500 metros del lugar de la ocupación.
