Los lugares donde debemos ajustar

Los lugares donde debemos ajustar
Los lugares donde debemos ajustar

Hace un tiempo nos enteramos que el FMI exigiría un mayor ajuste en materia económica, para que puedan cumplirse las metas de gasto propuestas o las metas de gasto exigidas.

No es el objeto de la presente carta analizar si dicho convenio o acuerdo con el organismo financiero internacional está bien o mal. De todos modos, es una realidad que la Argentina lleva más de 70 años de déficit, o dicho de otro modo, viviendo como no podemos, de prestado, gastando más de lo que tenemos, generando déficit, que en la práctica es inflación, que nos afecta a todos.

Es sabido y lo podemos visualizar en nuestra economía doméstica, que si gastamos más de lo que ganamos o más de lo que tenemos, empezamos con problemas. Así está el país, hace más de setenta años.

Nuestros gobernantes, ante la exigencia del ajuste -para ver si alguna vez no tenemos déficit- buscaron como solución el aumento de los impuestos, el aumento de tarifas congeladas durante doce o trece años, etc.

Reitero que no quiero entrar a discutir si tales medidas son o no las correctas, pues el objeto o contenido de la nota, es analizar donde debemos ajustar.

En este país hace muchos años que irresponsablemente hemos gastado más de lo que se recauda y con ello se genera déficit e inflación.

Por informaciones de prensa, sabemos que en 2003 el Estado (Nación, provincias y municipios) tenía 1.500.000 de empleados públicos y que en 2015, tenía 2.700.000.

¡Casi el doble!

Del mismo modo, el Estado benefactor otorgó jubilaciones y pensiones a quienes no tenían posibilidad de lograr el beneficio, por no cumplir con los requisitos exigidos por la Ley (aportes). Hoy, nos encontramos con que existen graves problemas para abonar las jubilaciones y pensiones a quienes hicieron sus aportes regularmente y demoras en el otorgamiento de los beneficios a esos que aportaron.

Pero nuestros gobernantes no ajustan en lo que a ellos respecta. Nos enteramos que el senador sanjuanino Basualdo tenía 60 asesores. Se justificó diciendo que eran “heredados”, pero no dice nada respecto al tiempo que hace que asumió y recibió la “herencia”. ¿Recién ahora se da cuenta de la situación “heredada”? Caso similar, es el del mediático Pino Solanas. Del mismo modo, nuestra senadora Fernández Sagasti tiene 30 y Cobos alrededor de 25. Paradójicamente, los dos últimos han recibido el premio “Parlamentario 2018”.

La Biblioteca del Congreso de la Nación, tengo entendido que es la que a nivel mundial tiene menos volúmenes por cada empleado dependiente de la misma.

Fuera de horario de trabajo o los fines de semana, vemos automóviles oficiales de paseo, en restaurantes, estacionamientos de centros comerciales, supermercados, etc. Y andan con combustible que pagamos nosotros, gastando neumáticos que pagamos nosotros y también somos nosotros los que deberemos reemplazar la unidad, cuando acuse el desgaste, por la utilización abusiva o irregular.-

Lo mismo pasa con los celulares, los teléfonos fijos, los secretarios, las fotocopias, los pasajes de avión, los viáticos, los nombramientos de empleados públicos, los pases a planta de los contratados, la publicidad oficial (que hacen todos los partidos).

A fin del año pasado nos enteramos que la Legislatura de Mendoza con acuerdo de los legisladores que la integran, había decidido instalar una máquina de café en el recinto de sesiones, cuyo costo de funcionamiento mensual era de $300.000. En forma simultánea, nos enteramos de la contratación de un “catering” para el festejo de fin de año, con determinadas características de los bocaditos y de los vinos a servir.

No me enteré de ningún legislador que se opusiera.

No quiero ni pensar, lo que habrán sido los festejos a nivel nacional, en todas las dependencias del Estado y cuánto se gastó.

Viendo ese derroche, considero que nuestros gobernantes deben tomar la decisión sobre por dónde debe pasar el ajuste, que no puede ser aumentando los impuestos a los habitantes, pues el incremento de los impuestos a los privados afecta la actividad productiva, a la que le impide desarrollarse y generar riqueza, para que el Estado deje de ser una “bolsa de trabajo”.

Raúl E. Correa

DNI 11.264.365

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