El anuncio sobre la futura puesta en vigencia de un “Protocolo de actuación en las manifestaciones públicas”, destinado a actuar sobre los denominados piquetes de protesta y que busca asegurar la circulación normal en calles y rutas, generó la inmediata reacción de una parte importante de la dirigencia política local.
Están quienes adhieren abiertamente a la iniciativa y hay otros, especialmente de sectores de izquierda, que consideran inconstitucional a la iniciativa, afirmando que lo que se intenta es cortar la libertad de expresarse y hasta la comparan con duras medidas aplicadas durante gobiernos de facto.
Al hacer mención a los motivos del proyecto, el secretario de Seguridad Interior aseguró que lo que el Gobierno busca es “cumplir con la ley, cumplir con los derechos constitucionales que se deben respetar y que hacen al derecho de manifestarse, a circular y al libre tránsito”. Por su parte, la ministra de Seguridad afirmó que no se trata de una norma que vaya en contra de la Constitución, al señalar que “lo inconstitucional es que se permitió a los manifestantes, durante una década, hacer lo que querían, sin entender que hay derechos de otros”.
Aseguró que no se van a prohibir las manifestaciones sino que quienes quieran reclamar deberán avisar con antelación dónde se efectuará la protesta, cuál es el recorrido de la marcha, en qué horario la realizarán y cuántas personas estiman que participarán”. No se permitirá el uso de capuchas, palos o elementos contundentes por parte de los manifestantes y dijo que “si hay una negativa, se los va a detener”.
La iniciativa oficial hace alusión a protestas programadas o espontáneas y fija un protocolo de procedimientos para evitar los cortes de rutas indicándose, entre otros aspectos, que se dará cinco minutos a los manifestantes para que desistan de su intención de interrumpir el tránsito de vehículos.
Según afirman algunos observadores, la reacción del Gobierno surgió luego de que militantes de la organización Tupac Amaru, que lidera la dirigente jujeña detenida Milagro Sala, cortaran los principales accesos a la Capital Federal, generando un caos impresionante de tránsito y con miles de automovilistas o de pasajeros del transporte automotor sin posibilidades de poder acceder a sus fuentes de trabajo.
De todos modos, más allá de esa situación puntual, es dable señalar que las protestas y los cortes de rutas y de calles se habían convertido en una constante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente en los alrededores de la Plaza de Mayo y del Obelisco.
Aunque en menor medida, en lo que hace a la cantidad de hechos, hay que señalar que Mendoza no estuvo ajena a ese tipo de actitudes por parte de los manifestantes. Hubo algunos hechos que tomaron mayor trascendencia, como sucedió cuando un joven estudiante universitario intentó pasar, pese al corte, porque debía rendir un examen, y fue cobardemente agredido por un grupo de matones que acompañaban una protesta realizada por un gremio de trabajadores estatales.
El joven resultó herido y su automóvil tomado casi como un trofeo de guerra por parte de los agresores, mientras el gremio intentó justificar la golpiza con un criterio tan o más cobarde que el de los agresores.
Debería señalarse también que esa modalidad de protesta suele ser utilizada como un modo de llamar la atención de la opinión pública, especialmente cuando las medidas de fuerza, como un paro de actividades, no trascienden, muchas veces, por la escasa adhesión de los afiliados. Siempre en el caso de Mendoza, cabría recordar que la celebración de la Fiesta de la Vendimia suele ser aprovechada por diversos sectores para manifestar sus protestas.
En numerosas oportunidades, desde esta columna, hemos hecho alusión a la necesidad de canalizar las manifestaciones de modo tal que los derechos de algunos no avancen sobre el que tiene el resto de la población. Es por ese motivo también que toda medida que tienda a ordenar los reclamos, a evitar cortes de calles y posibles agresiones o daños a la propiedad pública o privada, debe ser bienvenida, siempre y cuando también la actitud de las autoridades encargadas de disolver las protestas se produzca dentro del marco de la ley.
