La Constitución Nacional, en el caso del Presidente, y las provinciales, en los de gobernadores, son las que suelen poner límites a las algunas veces desmesuradas ambiciones de dirigentes políticos. Resulta indudable que el poder seduce y que por ese motivo todos quienes lo detentan intentan mantenerlo, aún a costa, en algunos casos, de forzadas interpretaciones respecto del texto constitucional o bien impulsando iniciativas, vía modificación de la Constitución, como sucedió con la pretendida -no abierta pero sí velada- intención del oficialismo respecto de la actual Presidenta y que no alcanzó sus objetivos porque no contó con los votos suficientes en el Congreso de la Nación.
En el país hay provincias con situaciones excepcionales, y el caso más emblemático es el del gobernador Gildo Isfrán, en Formosa, que durante su segundo mandato impulsó una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, logrando su aprobación. Así, entonces, el mandatario ocupa el máximo cargo desde 1995, abarcando cinco períodos de cuatro años, con lo lleva 20 años en el poder.
Hay otros casos, como el de Fellner, en Jujuy, o de Urtubey, en Salta, que llevan dos períodos al frente del Ejecutivo, con la aclaración de que este último se impuso en una elección que le permitirá estar otros cuatro años gobernando esa provincia norteña. Se dan casos como Córdoba, donde José Manuel de la Sota ocupa el mandato por tercera vez, aunque debió pasar un período -el de 2007-2011 en que gobernó Schiaretti- para volver a ser candidato hasta 2015. En realidad, la reelección es la regla que sobresale en la mayoría de las provincias: 17 distritos admiten una reelección inmediata; San Juan y Salta dos reelecciones consecutivas y Catamarca, Formosa y Santa Cruz, reelecciones indefinidas. Mendoza y Santa Fe son las excepciones a la regla, ya que no permiten la reelección. En San Juan su actual gobernador, José Luis Gioja, amagó con presentarse a un cuarto mandato consecutivo mediante la interpretación de una enmienda que aprobó la Legislatura. Felizmente ese rebuscado e inconstitucional camino se dejó de lado y el gobernador optó por excluirse aunque sigue defendiendo la legalidad de su propuesta.
Un estudio del Cippec muestra que los oficialismos provinciales obtienen importantes ventajas electorales por el solo hecho de ser gobierno. Las cifras así lo determinan, ya que de 187 elecciones a gobernador que se han realizado desde 1983, los partidos del gobierno ganaron en 78 por ciento de los casos y los gobernadores que intentaron ser reelegidos tuvieron 90 por ciento de efectividad. En 2011, los oficialismos ganaron en 20 de los 22 distritos que eligieron gobernador, una tendencia preocupante porque, cuando no hay competencia, dejan de funcionar los mecanismos de rendición de cuentas, se desvirtúa la división de poderes y el poder político se vuelve más propenso a los abusos. También ha quedado demostrado que la ventaja oficialista se vuelve más pronunciada si la reelección es indefinida.
En ese esquema, consideramos que la Constitución de Mendoza es sabia al no permitir la reelección de sus gobernadores. Se evitan así situaciones de tipo caudillescas y se distribuye mejor el poder en el tiempo, evitando posiciones hegemónicas. Y, en esencia, porque la democracia necesita y vive de la competencia entre las distintas posiciones políticas.
