La dura batalla económica que el Gobierno y los laboratorios están llevando adelante registró un episodio de máxima tensión ayer cuando un sector de las empresas rechazó venderle medicamentos al Estado con descuentos.
La gestión de Mauricio Macri está negociando desde hace un mes para torcerle el brazo a los poderosos laboratorios que le proveen medicamentos al PAMI y al ministerio de Salud: pretende imponer "precios de referencia", lo que reduciría el gasto presupuestario en hasta 6.000 millones de pesos anuales.
Ayer, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) le informó al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) que no acepta la renovación del contrato para la provisión de medicamentos al PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados, en los términos que pretende el Gobierno.
Cilfa agregó que los laboratorios están dispuestos a hacer un "esfuerzo económico adicional" a fin de contribuir a mejorar la situación financiera y económica del INSSJP como así también contribuir a disminuir el gasto en medicamentos de los afiliados al INSSJP, pero aclaró que no aceptará los "precios máximos".
La Cámara (una de las dos que representa a los laboratorios de capital nacional) detalló un menú de descuentos adicionales del 5% sobre determinados tipos de medicamentos, pero la gestión Macri está buscando recortes que alcanzan, en algunos casos puntales, al 80% porque entiende que esos medicamentos están “sobrefacturados”.
¿Cuáles son los términos que plantea el Gobierno? Establecer los precios que el Estado está dispuesto a pagar por cada una de las drogas.
El plan oficial tiene sencillamente dos objetivos: que bajen los precios de los remedios que consumen los jubilados y cambiar la manera de compra por parte del PAMI, el ministerio de Salud y otros organismos estatales a las compañías.
El actual convenio de abastecimiento de medicamentos vence el 31 de marzo y si para esa fecha no hay acuerdo, se firmará una prórroga por un mes más.
En la administración central descartan que el 1 de abril los jubilados vayan a quedarse sin remedios. Los laboratorios, en tanto, ya sostienen que quieren extender el actual convenio hasta el 31 de diciembre de 2019.
En el Gobierno ratificaron ayer a este diario que antes de fin de mes habrá acuerdo y volvieron a desdramatizar la situación. Las fuentes oficiales insistieron con que este conflicto se plantea "todos los años", al señalar que los laboratorios presionan planteando "escenarios de catástrofe y luego terminan acordando" porque el Estado compra el 40% de los medicamentos en el país.
Después de chequear que efectivamente la canasta de medicamentos de los jubilados subió un 95% acumulado entre julio de 2015 y diciembre de 2017, más que la inflación promedio, el Gobierno busca también imponer un techo a los incrementos que aplican los laboratorios.
“Es mucha guita en juego, son entre 5.000 y 6.000 millones de pesos al año que dejarían de salir de las arcas públicas sin desatender la cobertura de todos los jubilados”, le dijo a Los Andes una alta fuente de la administración Macri.
El Estado les compra a los laboratorios farmacéuticos el 40% de su producción.
Ministros de Salud acuerdan una política nacional de remedios
Los ministros de Salud del país acordaron el martes una política nacional de medicamentos, durante la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) que se realizó en La Rioja.
Durante el encuentro, el ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, propuso a sus pares provinciales "que lo acompañen para promover una política de precios de los medicamentos y la ampliación de la cobertura". "Hay un contexto que facilita que empecemos a trabajar de manera conjunta en el sector público", afirmó.
La política nacional de medicamentos comprenderá “mecanismos de compra y negociación conjuntas transparentes y competitivas, como así también la fijación de precios máximos de los medicamentos ambulatorios”, detalló la cartera sanitaria.
Rubinstein puso como ejemplo la experiencia reciente de compra consolidada del factor VIII para el tratamiento de la hemofilia, en la que participaron el Ministerio de Salud de la Nación, el PAMI y el IOMA y “que terminó en un ahorro de 1.500 millones de pesos, un 80 por ciento de reducción en un sólo medicamento”, afirmó.
“Es una experiencia que les puede ser útil a las provincias, ya que les permite tener un valor de referencia y hacer ahorros importantes”, dijo el superintendente de Servicios de Salud, Sandro Taricco. Taricco comentó que el organismo a su cargo cuenta con un observatorio de precios que “achicó la brecha entre los precios muy altos y los muy bajos”.
