Apenas tuvo tiempo el gobierno nacional para congratularse con el elogio de Christine Lagarde al gradualismo de su política económica cuando la liberación de Cristóbal López detonó en sus puertas un conflicto de consecuencias imprevisibles.
El respaldo de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional a la reformas paulatinas que intenta Mauricio Macri tiene posiblemente mayor impacto afuera del país. Pero también le ayuda al oficialismo para sostener su discurso económico. No tanto frente a la oposición, que lo critica por aplicar un ajuste salvaje sobre los sectores más vulnerables, sino más bien frente a las objeciones de economistas liberales, que lo fustigan por lo contrario: no aplicar recetas traumáticas de reducción del déficit fiscal.
La difusión del índice de precios de febrero encendió alertas por la persistente pulsión a la suba de la inflación núcleo, aquella que refleja -más allá de fenómenos estacionales- la tendencia a mediano plazo.
Es evidente que el Gobierno, previendo el impacto político de un índice que perfora muy temprano sus metas de inflación, intentó alinear la opinión de algunos economistas en el horizonte que finalmente coronó con su opinión Christine Lagarde.
Miguel Broda destacó que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sacó al gobierno de la inacción fiscal y está disciplinando el gasto público. De paso le señaló al Banco Central que un programa antiinflacionario basado exclusivamente en la astringencia monetaria no alcanza. Y que para apaciguar al dólar esta vez tuvo que intervenir. Que el dólar flota hasta que es necesario bajar la marea.
Según trascendió, el presidente del Central, Federico Sturzenegger, hizo en privado y con la inflación de febrero una argumentación opuesta. En contra del recalibrado de las metas de inflación que ordenó la Casa Rosada. La devaluación de enero, como toda derrota, continuará en la orfandad.
La bendición de Christine Lagarde fortaleció a Dujovne en esa disputa. Si la inflación persiste en los niveles actuales más allá del pronóstico oficial -que espera un descenso después de mayo- esa bendición habrá sido sólo un placebo.
Pero el Gobierno estima que entonces, estará encaminado el proceso de paritarias con una actualización de salarios en torno a la pauta del 15 por ciento anual. Que no es la inflación residual, sino la esperada.
No se descarta que en ese momento el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, concluya su gestión y el Gobierno promueva un cierre discreto del escándalo que lo sacudió a comienzos de año.
Las diferencias en torno al ritmo gradual del combate a la inflación parecen, sin embargo, un juego de caballeros al lado de lo que se viene para el oficialismo en el frente judicial.
Cristóbal López enarboló al salir de la cárcel el discurso de la persecución política que el kirchnerismo declama como artículo de fe ante cada citación judicial. No es lo más grave. Su liberación estuvo precedida por revelaciones de las gestiones oficiosas que le encomendó al exjefe de Gabinete Alberto Fernández para influir ante el juez Julián Ercolini.
La decisión de la cámara federal sobre López no sólo lo dejó en libertad sino que cambió la imputación penal que se le hace para facilitarle una salida elegante. Con la complicidad de la Administración Federal de Ingresos (Afip) conducida por Ricardo Echegaray, López se quedó con una fortuna reteniendo en impuestos que cobraba como agente de retención de la Afip.
Cristóbal López nunca se manejó con la torpeza de Lázaro Báez. No pegó el salto desde el modesto puesto de cajero de un banco, a días de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, al podio del gran patrón de la obra pública. López hizo una transición sostenida desde la propiedad de casinos -antes de los Kirchner- a la expansión de las salas de juego en las plazas más rentables del país y luego a la compra de la red de estaciones de servicio de la brasileña Petrobras.
En esos surtidores se financió con los impuestos que no entregaba a la Afip para montar medios de comunicación que puso al servicio del gobierno kirchnerista. El fallo que lo liberó pretende demostrar que López sólo fue un evasor común e incluso le allana el camino para que se acoja al blanqueo de capitales.
El problema es aún más grave para el Gobierno porque Leandro Cuccioli, reemplazante de Alberto Abad en la Afip, es señalado por sus vínculos con Ignacio Rosner.
Rosner está en el centro de una controversia. Entre los que lo califican como un inversor interesado en la compra de las empresas de López y quienes lo señalan como un simple testaferro y el principal motivo por el cual la Justicia no debería permitir que López quede en libertad de acción.
Elisa Carrió detonó esas vacilaciones. Afirmó que la liberación de López obedece a un enjuague. Todavía no lo explicó. El ministro de Justicia Germán Garavano se ve venir la tormenta.
Para Garavano, los jueces están leyendo encuestas. No aquellas en las que cosechan críticas, sino las que miden a Macri. El ministro quedó en posición incómoda cuando una mayoría de la Corte Suprema volteó los juicios contra Cristina Fernández al desconocer al tribunal sorteado para conducirlos.
El caso López abre también una ventana incierta para el oficialismo que preparaba la comparecencia en el Congreso del ministro de Finanzas, Luis Caputo, para que explique sus inversiones offshore. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, jugó una carta fuerte al comprometer la presencia de Caputo.
Después de la liberación de López, el riesgo es que la Biblia y el calefón queden juntos y bien envueltos en el remolino del blanqueo que el Parlamento votó.
