Por Marcelo Zentil - mzentil@losandes.com.ar
Cobran como gerentes top, aunque no les exigen metas de productividad. Tienen trabajo asegurado de por vida, pese a que muchos no reúnen los méritos suficientes para estar donde están. Declaman la “igualdad ante la ley”, pero no pagan el impuesto a las Ganancias. Ahora tampoco quieren someterse a las exigencias ciudadanas y legales de transparencia.
Los privilegiados en cuestión no son otros que aquellos que deben definir sobre la vida y los conflictos de los mendocinos: los jueces.
El martes, el mismo día que el kirchnerista José López cayó preso cuando revoleaba 9 millones de dólares hacia el interior de un convento, la Suprema Corte provincial anunció que los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial deberán presentar anualmente su declaración jurada de bienes.
La decisión, anticipada por este diario hace 15 días, tiene su trampa: la difusión será parcial.
Los ciudadanos nunca podremos saber cuánto tienen invertido en joyas y obras de arte (la afición de uno de los supremos), el valor de las acciones y títulos públicos que posean, las sociedades y empresas de las que participan, como tampoco cuánto dinero tienen depositado en bancos.
Es decir, casi todo, más en un mundo en el que las inversiones financieras han desplazado hace rato a las inmobiliarias y las joyas y obras de arte son un buen y discreto destino de los ahorros y también de los ingresos non sanctos.
Ni siquiera, insólitamente, podremos saber cuánto ganan por su trabajo. Punto de partida fundamental para sospechar o no de su enriquecimiento. De hecho, la consulta a la presidencia de la Suprema Corte sobre los sueldos de los jueces nunca fue respondida.
Sí nos vamos a enterar de las casas que tienen y si cambiaron el auto, se compraron una moto o una lancha pero nada más.
Para saber el resto, deberemos alegar un “interés legítimo” o bien esperar a que alguna “autoridad judicial” la requiera. Pero será la propia institución la que definirá, no sin antes avisar al apuntado.
Así, será imposible seguir la real evolución patrimonial de los magistrados, el principal objetivo de las leyes de ética pública.
El argumento usado para ocultar la parte más sustanciosa de la declaración son los “derechos personalísimos” que pudieran afectarse por la difusión. En castellano básico, el motivo es la inseguridad, algo que padecen todos los mendocinos y que ellos han hecho poco por solucionar.
La letra no escrita
El repentino golpe de transparencia de la Suprema Corte tiene un objetivo claro: anticiparse e intentar bloquear un proyecto de ley de ética pública que impulsa un sector del oficialismo y que incluye a los jueces.
De hecho, ninguno de los antecedentes que el tribunal menciona como detonantes de su decisión es precisamente nuevo: leyes de hace 10 o 20 años, la reforma constitucional de 1994, convenciones internacionales con largo recorrido y una acordada de la Corte nacional de hace tres años.
La verdadera intención queda al descubierto en los mismos considerandos de la decisión: dedica cuatro de los quince párrafos a insistir sobre la independencia de la Justicia respecto de los otros dos poderes del Estado. Casi una demarcación de territorio, sobre todo al Legislativo, que amenaza con una ley.
De esos párrafos, el más revelador es el que declama que “este Superior Tribunal debe poner en ejercicio todas las herramientas y mecanismos constitucionales que logren la preservación de su independencia”.
Luego, casi como una justificación para los propios, dice que “es menester adoptar las medidas apropiadas para la implementación del contenido y publicidad de las declaraciones juradas”.
La acordada fue firmada por los siete miembros del tribunal (Llorente, Adaro, Pérez Hualde, Nanclares, Salvini, Palermo y Gómez) y el procurador general, González. Al menos, demostraron que algunos temas están por encima de su guerra interna y pueden ponerse de acuerdo.
El problema que tienen es que la vicegobernadora Laura Montero está decidida a avanzar con la ley de ética pública que los incluye, aunque Alfredo Cornejo no muestre por ahora el mismo entusiasmo.
Ese celo judicial por la interferencia de los otros poderes en sus asuntos no parece aplicarse cuando de decisiones suyas se trata.
De hecho, al resolver un hábeas corpus presentado por la situación de los internos del penal de Almafuerte, dos días antes de firmar la acordada de las declaraciones juradas, la Suprema Corte avisó a la Legislatura sobre “la necesidad de conferir ágil y oportuno tratamiento” a las iniciativas que gire el Poder Ejecutivo en relación a las Penitenciarías.
Antes de llegar Cornejo a la gobernación, uno de sus asesores le advirtió que si no quería tener problemas con los jueces como sus correligionarios Iglesias y Cobos, había un solo tema con el que no debía meterse: el dinero.
“Son una bolsa de gatos, pero si le tocás su plata se vuelven una corporación”, fue la frase.
Tal vez por eso, una de sus primeras decisiones fue cancelarles el retroactivo de los aumentos de 2015 que Francisco Pérez no pagó.
Fueron casi $ 40 millones en 6 cuotas.
Los jueces están “enganchados” a los sueldos de la Corte Suprema nacional. Cuando ésta se aumenta, acá también. Últimamente, esto viene ocurriendo tres veces por año, un 10% promedio en cada ocasión.
En abril, la Corte nacional volvió a subirse el sueldo y acá está empezando a pagarse esa actualización. El retroactivo, esta vez, se prorrateó en 4 cuotas.
Fuentes de la Justicia y del Ejecutivo confirmaron que un magistrado promedia hoy los 100 mil pesos mensuales de sueldo y los más antiguos del Máximo Tribunal superan largamente esa cifra.
Pero también son generosos: para tener contenta a la tropa, la Corte hace unos años dispuso que los funcionarios y empleados judiciales sólo tributen el impuesto a las Ganancias sobre una parte del sueldo y no todo. Un privilegio que envidian seguramente los empleados del sector privado que no pueden escabullirse de la voracidad fiscal.
Son varios miles de pesos que algunos se “ahorran” cada mes, muy parecido a lo que ocurre con los legisladores y el personal legislativo.
“El objetivo es aparentar, no transparentar”, definió con precisión un abogado con llegada a la Suprema Corte sobre las nuevas declaraciones juradas. Acostumbrados a moverse en las sombras del poder, los jueces no quieren que alguna luz los apunte.
