Una vez más, una directora del FMI, antes Cristine Lagarde y ahora Kristalina Georgieva, se permite recomendar la reducción de las remuneraciones a los jubilados. Aduce el elevado costo social que existe en Argentina.
Este no sólo está compuesto por las jubilaciones, sino por diferentes planes sociales, que lo elevan en forma considerable.
Recuerdo a esta señora y a otros economistas que la jubilación es la retribución a los años trabajados, y consecuentemente a los aportes realizados.
No es un costo, constituye una devolución de lo aportado. Que en otros países desarrollados son 10 veces más elevadas que en Argentina, donde apenas superan los U$S 230 por mes, siendo una de las más bajas del mundo según el Índice Melbrourne de Australia, y Help Age de Estados Unidos, que miden la calidad de vida y los ingresos de los pasivos en casi 60 países. Para estos estudios, ocupamos el último lugar.
Desde el FMI parecieran no tener en cuenta dos cosas fundamentales:
1) En todos los países desarrollados las jubilaciones son similares o cercanos al salario que percibía el trabajador en actividad.
2) Es fundamental tener en cuenta cuál es el costo de vida en Argentina comparado con otros países.
Gracias a la inflación y las usurarias tasas de interés que la duplican, las devaluaciones, gasto público y otras causas, los precios que pagamos por lo que consumimos son en dólares o euros, y las jubilaciones en depreciados pesos.
En los países desarrollados, los economistas y gobiernos apoyan teorías que tienden al progreso.
Sostienen que más trabajo con mejores ingresos, incrementan el consumo y consecuentemente reactivan en forma constante la economía.
Lo contrario que opinan -otros- para las naciones subdesarrolladas y que han fracasado.
¿Por qué no sugieren en Suiza, Suecia, Noruega, Holanda, Finlandia, Dinamarca, Estados Unidos, Japón, Alemania, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, y otros, la aplicación de las medidas que proponen a las naciones subdesarrolladas?
En los países donde se aplicaron políticas de “ajuste”, empezando precisamente por las jubilaciones, el final fue el incremento de la crisis social generada como consecuencia del aumento de la pobreza.
La cuestión esencial pasa por el incremento de las fuentes de trabajo, por la mayor ocupación; que se paguen los salarios el 100% en blanco. En Argentina el mayor pagador en negro es precisamente el Estado, y varias empresas que evaden a la AFIP y al ANSES sus obligaciones.
Hemos visto condonaciones de aportes por cifras millonarias. Hay que terminar con ellas.
En las naciones desarrolladas todos los que trabajan aportan. Y el Estado da el ejemplo.
En Argentina, a la inversa, sacan fondos del ANSES para pagar déficit de los Estados nacional y provinciales. Un grave ejemplo es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, formado con recursos exclusivos de los aportantes. Se estima que desde 2008 a la fecha, ese Fondo se ha reducido en casi el 60%. Así ningún sistema jubilatorio o previsional puede funcionar o es sustentable.
Si todos aportaran lo que corresponde, en tiempo y forma; si no existieran excesos y pagos indebidos (por ejemplo a extranjeros); si no se confundiera una jubilación con una dádiva (que en otros países no votan), o un gasto social; los fondos alcanzarían, como sucede en las provincias que han mantenido sus Cajas y las han administrado seria y eficazmente.
No habrían miles de juicios, que el ANSES sigue apelando -violando lo pactado en el año 2008 con la Convención Inter Americana de Derechos Humanos- y por los cuales termina abonando mucho más, y se podrían pagar jubilaciones dignas, cercanas al 82% móvil, tal como disponen la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia, las Cámaras Nacionales de Previsión en todos los casos y los jueces.
Con el costo de vida actual, una jubilación inferior a $20.000 lleva a la miseria, y de menos de $37.000 (costo de vida) a la pobreza. Y el 80% de los jubilados cobra menos de esos montos.
Finalmente, además de constituir lo que corresponde, concluirían los miles de largos juicios (muchos de los cuales terminan con la vida del jubilado), concluyendo con una inmoral situación de apoderamiento indebido e inmoral despojo.
