Los datos estadísticos proporcionados por una ONG (Voluntarios en Red) son concluyentes: el año pasado murieron 167 personas víctimas de violencia social y, de ellos, un 54 por ciento tenía entre 16 y 30 años.
El estudio hace alusión a las personas que fallecieron por el uso de armas de fuego, armas blancas o elementos contundentes y que fueron publicados en los principales diarios de la provincia
Debe consignarse también que hubo un 16 por ciento más de casos que en 2013, año en que hubo 140 muertos por esa causa. En el resto de los casos, un 23 por ciento corresponde a personas de entre 31 y 50 años, un 16 por ciento de 51 años o más y un 5 por ciento de menores de 15 años.
Para uno de los profesionales consultados, lo que sucede puede ser calificado como "anomia social", que se produce cuando un gobierno pierde legitimidad o autoridad, razón por la cual los individuos comienzan a actuar de acuerdo con sus propias reglas y en algunos casos observan que la justicia por mano propia es más efectiva que la que imparte el Estado, agregando que en ese esquema se ubican determinadas conductas, como la falta de respeto a la autoridad, no pagar impuestos o infringir las leyes, entre otros aspectos.
Advierte que la sociedad ha ingresado en un proceso de declive social y destaca que la violencia es el producto de un sistema político y social que ha fracasado, destacando que no es un problema de la actual conducción de la provincia, sino que es un proceso de veinte años.
Haciendo hincapié en esa denominada anomia social, expresa que los afectados en algunos casos están en una edad en la que tienen que conseguir las cosas muy rápido, por lo que están tentados a cometer delitos que muchas veces terminan mal, mientras existen casos en que las personas mayores son las que se aprovechan de los jóvenes, especialmente de los menores de edad, porque son inimputables y los utilizan como carne de cañón.
Las advertencias del experto obligan a que cada uno de los actores de la sociedad aporte su cuota en la búsqueda de alcanzar una solución. Por supuesto que la mayor responsabilidad le cabe a la dirigencia política en general, no sólo al Gobierno.
Porque el cambio de conductas no surge sólo por el endurecimiento de las penas -que en algunos casos correspondería- sino en la modificación de valores.
La falta de respeto a la autoridad debe modificarse en los primeros años, especialmente durante el período escolar. Y es uno de los temas en los que se ha insistido en los últimos años frente a políticas que, en la intención de priorizar la inclusión por sobre la calidad educativa para que no haya jóvenes excluidos, dejan de lado algunos aspectos fundamentales, y son los docentes y las autoridades educativas las que suelen sufrir las consecuencias de alumnos o de padres violentos.
Otro de los aspectos a que hizo alusión el profesional fue que antes no se concebía una sociedad sin el trabajo y el esfuerzo, y en la actualidad se buscan resultados más inmediatos.
Quizás sea el fruto del bombardeo publicitario que destaca a una sociedad de consumo, pero no es menos real que debería implementarse algún tipo de política destinada a fomentar, tanto en padres como en los chicos, la necesidad de lograr los objetivos priorizando el esfuerzo por sobre el facilismo.
Tal como lo señalamos, la deuda es de la sociedad, no sólo de los gobiernos. Pero este puede resultar el año del cambio positivo si los partidos políticos logran establecer en sus plataformas electorales los aspectos que permitan modificar la situación.
Es necesario recuperar la cultura del esfuerzo y del respeto hacia la autoridad y hacia los semejantes, aspectos que supieron distinguir a aquella Mendoza que muchos añoramos.
