El artículo 77 de la Constitución de Mendoza dice: “Para ser elegido senador, se requiere tener la edad de treinta años cumplidos y demás condiciones establecidas respecto a los diputados.
Son también aplicables al cargo de senador, las incompatibilidades establecidas para ser diputado”. Por su parte, el artículo 72 destaca que para ser electo diputado se requiere ciudadanía natural en ejercicio o legal después de cinco años de obtenida; ser mayor de edad; tener dos años de residencia en la provincia los que no hubiesen nacido en ella.
Todos los ciudadanos deberían conocer la Constitución, pero esta obligación se multiplica exponencialmente en el caso de aquellos que intenten incursionar en la actividad política.
Lo señalado tiene relación con la reacción que surgió de parte de una candidata a senadora provincial y que debió ser excluida por no contar con la edad suficiente como para aspirar a una banca en la Cámara Alta.
La participación de los jóvenes en la política debe ser apoyada por las distintas agrupaciones y partidos. Muchos chicos, en épocas difíciles como la que estamos atravesando, con opciones tantas veces equivocadas para canalizar sus inquietudes, deciden volcarse a la actividad política llevados esencialmente por el entusiasmo y su necesidad de contribuir con su aporte a mejorar la situación de sus semejantes. Aspectos que deberían ser aprovechados también por los mayores, acompañándolos y no “utilizándolos” para sus intereses personales como también suele suceder.
Mendoza tiene una rica historia en lo que a participación de los jóvenes se refiere. En la apertura democrática, en 1983, el vicegobernador de la Provincia (José Genoud) contaba con 36 años y uno de los diputados nacionales por Mendoza (José Luis Manzano), con 27. A lo largo de los años, especialmente durante la primera época, parte de los cargos del Ejecutivo y del legislativo quedaron en manos de jóvenes, aunque también es dable señalar que algunos de ellos se eternizaron en la actividad, ocupando distintos cargos y “viviendo” de la política a lo largo de más de tres décadas. Situación que deriva también en que ocupan espacios que podrían ser cubiertos por los más jóvenes.
Los aspectos planteados vienen al caso por lo sucedido días pasados con una candidata a senadora provincial por el cuarto distrito electoral, que debió renunciar a su postulación en razón de que no contaba con la edad exigida por la Constitución provincial. El problema no se centró en esa situación particular, aunque resulta inadmisible que los impulsores de la lista, gente con la suficiente experiencia en el tema, no hayan advertido la anomalía, sino en lo que ocurrió después, con la reacción de la joven.
Llevada por su inexperiencia y obnubilada quizás por no poder cumplir con su deseo político, la frustrada candidata arremetió contra un dirigente y legislador de la oposición -quien simplemente había advertido que, aunque ganase, no podría ocupar una banca en la Cámara Alta- a quien trató de “señor grande…”; hizo hincapié en la desigualdad de sexo, al indicar que “me ven joven, me ven mujer, me ven débil…” y calificó de “vieja y anacrónica” a la Constitución Provincial, porque “discrimina a los discapacitados, a las mujeres y a los jóvenes”, en una interpretación individual y errónea.
En su carta abierta de reclamo, la joven finaliza indicando que existió una gran injusticia porque su edad no le permite “trabajar por la gente con total honestidad y capacidad”.
Pero para trabajar por la gente no hace falta una banca en el Senado, sino que se puede cumplir ese objetivo desde las centenares de entidades de bien público distribuidas a lo largo y a lo ancho de la provincia. El tiempo y la experiencia con seguridad le permitirán corregir el error, pero lo importante se centra en que siga en la actividad con el mismo entusiasmo que tuvo hasta el presente. Con mucho entusiasmo y poca soberbia.
