Mañana los mandatarios pertenecientes a las llamadas provincias petroleras, entre las cuales se encuentra Mendoza, deben mantener una nueva reunión con ministros nacionales para avanzar en el texto final del proyecto que será elevado al Congreso, luego de haber recibido de manos de la presidenta de la Nación el borrador del mismo. Lo que se convino es que las provincias aporten mejoras a la iniciativa nacional si así lo considerasen conveniente.
El contenido de la propuesta se manejó en reserva y sólo han trascendido aspectos generales. De todos modos, el gobernador Pérez señaló que será favorable para los intereses provinciales porque alentará inversiones y, de ese modo, permitirá a Mendoza aumentar la producción y cobrar más por regalías.
Esta propuesta llega en momentos de bastante tensión entre la Nación y las provincias petroleras por algunas pretensiones de la empresa YPF que generaron resistencia.
La petrolera estatal rechazó presentarse en la última convocatoria licitatoria de Mendoza por áreas de explotación por no compartir lineamientos fijados por la empresa provincial de energía (Emesa), que ahora quedarían de lado a los efectos de limar asperezas. La resistencia de YPF a reglas de juego fijadas por las provincias fue la principal causa del distanciamientos de posturas.
La Constitución Nacional modificada en 1994 establece que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.
Adaptándose a aquella cláusula incorporada en la Carta Magna nacional, nuestra provincia incluyó luego en el primer artículo de su norma constitucional que los yacimientos provinciales de hidrocarburos líquidos y gaseosos, como también toda otra fuente natural de energía sólida, líquida o gaseosa, situada en subsuelo y suelo, “pertenecen al patrimonio exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado provincial”, debiéndose preservar su explotación. Se añade que la Provincia “podrá acordar con otras y con el Gobierno Nacional sistemas regionales o federales de explotación”.
Estos preceptos constitucionales obligan a los gobernadores a obrar con sumo cuidado. El gobernador Francisco Pérez debe tener presente en esta oportunidad que no se puede permitir que se le quite a Mendoza lo que marca la Constitución Nacional reformada en 1994. Nuestro mandatario tendrá el apoyo de los mendocinos si prioriza la defensa de los intereses de la Provincia por sobre los de la Nación y deja de lado eventuales posicionamientos políticos o partidarios de ocasión.
Más allá de los derechos y razones que asistieron en su momento a YPF, la postura de Pérez en la reciente licitación de áreas petroleras fue elogiable porque buscó priorizar el protagonismo que a Mendoza le habilita la Constitución Nacional. Por lo tanto, toda postura o modificación a normas establecidas que se acuerde mañana deberá obrar en consecuencia.
