Exactamente 5.889 días después, Argentina ha vuelto al mismo punto de inicio: el reseteo de su macroeconomía. Ha pasado tiempo desde aquel 3 de marzo de 2005 en el que el economista Roberto Lavagna anunció la reestructuración de deuda pública más grande de la historia hasta ese momento.
Por entonces, el país estaba en un default total que había sido anunciado por el fugaz presidente Adolfo Rodríguez Saá el 23 de marzo de 2001, hecho por el que fue ovacionado en el Congreso por peronistas, radicales y representantes de todo el variopinto arco político de aquel estallado país post convertibilidad.
Ahora, la Argentina está en un "default selectivo", condición a la que llegó el año pasado cuando Mauricio Macri decidió empezar a postergar pagos de deuda en pesos, en medio de una vertiginosa aversión global contra el país después de que el kirchnerismo –enemigo de los mercados- le ganara por paliza las elecciones primarias.
Hoy la Argentina también está estallada. El impacto del Covid-19 sólo ha venido a profundizar las penurias. Desde 2007, cuando Cristina Kirchner empezó a gobernar, el país viene con un gasto público que no puede financiar y una inflación -de las más altas del mundo- que somete a la población a un empobrecimiento incremental y empuja al peso a ser un instrumento transaccional que pierde valor todos los días.
Sentado arriaba de ese historial escuetamente resumido, hoy iniciará una nueva renegociación de la deuda el ministro de Economía, Martín Guzmán. Inscribirá la operación ante la Comisión de Valores de Estados Unidos y luego arrancará una dura puja con los bonistas, entre los que figuran cinco fondos de inversión que gestionan dinero suficiente para comprar el país.
Guzmán dio a conocer, a grandes rasgos, la oferta ayer. La novedad respecto de lo que esperaba el mercado es que la iniciativa no fue tan agresiva. Los inversores suponían una quita superior al 60%, pero sobre el capital. Y el economista va a la carga sobre los intereses.
En un mercado mundial de deuda en el que la Reserva Federal estadounidense puso su tasa de política monetaria en cero ante la crisis del Covid-19 y con elevado riesgo de una cadena de defaults de varios países incluso centrales, un recorte de los intereses parece ser el mal menor al que podrían exponerse los acreedores de la Argentina.
Con una quita sobre el capital del 5,4%, casi no pierden en valor nominal respecto de aquello que invirtieron. Y se aseguran por otro lado un interés promedio del 2,33% durante los próximos años, en un momento de incertidumbre inigualable por la imposibilidad de saber cuál será el fondo en esta crisis mundial desencadenada por la cepa desconocida de un virus.
En un extremo de esta observación se podría afirmar que los bonistas estarían perdiendo menos de lo que ellos mismos esperaban. Pero van a pulsear con Guzmán para asegurarse un mango más. Es ese su negocio.
La carta que dejará hoy Guzmán arriba de la mesa para negociar está diseñada en torno a los intereses: el Gobierno quiere una quita el 62% y los fondos de inversión aceptan hasta 49%. En esa brecha estará la disputa, en la que también se discutirá si los intereses se van a capitalizar o no durante los tres años de gracia.
También el mercado tendrá que evaluar el detalle de la estructuración de la oferta, algo que Guzmán ayer no reveló. Porque la quita sobre el capital es del 5,4% en promedio. La tasa podría ser más cercana a cero en los bonos de más largo plazo y configurar una fuerte poda para los papeles de corto. El libreto final se escribirá sobre el escenario.