Han pasado apenas cuatro años desde cuando Omar Palermo atravesaba el proceso de nombramiento en la Suprema Corte de Justicia. En la audiencia pública, en primera fila, estaba el entonces presidente de la UCR e intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cornejo, avalando la candidatura. Hoy el juez es el enemigo público número uno del actual mandatario.
La agenda de la semana que pasó fue dominada por la guerra de Cornejo y sus aliados de la “mano dura” contra las huestes del garantismo que supuestamente encabeza Palermo, una lucha que tuvo hasta la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), intervención que, según el Gobierno, estuvo fogoneada por una organización de derechos humanos, Xumec, conformada por “abogados sacapresos”, al menos así los definió Cornejo.
La nominación de José Virgilio Valerio dio un nuevo significado a las luchas del feminismo mendocino. En el último mes, la violencia de género tuvo picos de tensión que colocaron el tema en agenda y los antecedentes (reales o no) del juez de la Segunda Cámara del Crimen que Cornejo pretende colocar en la Suprema Corte, han agitado una resistencia que desgasta las aspiraciones. Entre sus detractores se dice que Valerio es “misógino” y “homofóbico”, acusaciones que el nominado de Cornejo rechaza de plano.
Es difícil creer que Valerio no llegue a sentarse en el Máximo Tribunal. El nombramiento se concreta con una sesión secreta de la Cámara alta, que se conoce como acuerdo del Senado. El radicalismo tiene 20 votos y estarían asegurados, incluso, los de las mujeres del bloque.
Pero a pesar de esta seguridad, desde el miércoles las usinas del Gobierno provincial funcionan a toda máquina, intentando encauzar el debate en territorio conocido, el del reclamo ciudadano por la inseguridad. En ese espacio, Cornejo y sus adláteres se sienten cómodos hablando de las leyes impulsadas por el Ejecutivo que combaten la llamada ‘puerta giratoria’.
La semana que pasó, Valerio, el subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino y el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, apuntaron con argumentos más o menos elegantes contra los magistrados que liberan delincuentes e hicieron foco en Palermo y los supuestos socios. Al cierre de la semana, el propio Cornejo lanzó una andanada furiosa contra el supremo y los organismos de derechos humanos.
Del otro lado si bien se asumen cercanos, niegan haber orquestado una campaña. Mucho menos aceptan a Palermo como el jefe de la banda garantista. Juran que ni siquiera el propio magistrado se reconoce en ese papel.
En los pasillos judiciales se indica que Palermo es garantista porque todo juez debe serlo, en términos de defender las garantías constitucionales de los ciudadanos, pero está lejos de ser un zafaronista: “(Eugenio) Zafaroni cree que la pena es inútil y que el derecho penal existe sólo para oprimir a los más desprotegidos, Palermo no, cree que la pena tiene fines”.
Palermo no está solo. Conforma un núcleo duro con otro supremo, Alejandro Pérez Hualde (ver opinión en página 4) y, en los últimos tiempos al bloque se sumó el también supremo Julio Gómez.
Palermo es de Justicia Legítima, una asociación filokirchnerista que nació como reacción al poder corporativo de los jueces tradicionales. En el camino muchos de ellos terminaron siendo más militantes K que jueces. Dicen que Palermo siempre fue juez y evitó ser militante. Los miembros de Xumec no son parte de ese grupo.
En Xumec reivindican su pluralidad de pertenencias políticas, aunque difícilmente puedan negar que varios de sus nombres más conocidos del pasado y alguna de las actuales cabezas visibles tienen un corazoncito cercano al kirchnerismo.
En el equipo de trabajo aparecen algunos ex funcionarios del gobierno de Celso Jaque, como Alfredo Guevara y Pablo Salinas. Están también Diego Lavado, Carlos Varela Álvarez, Viviana Beigel. Todos han construido su profesión en torno a los derechos humanos y algunos de ellos tuvieron una destacada participación en los juicios por delitos de lesa humanidad de la dictadura en Mendoza, juicios en los que Palermo fue el fiscal.
Hoy las caras visibles de Xumec no son los históricos. La posta la han tomado los más jóvenes, como Lucas Lecour (presidente), Sergio Salinas (vice y sin relación familiar con Pablo Salinas) y Lucas Fallet. Algunos la llaman una renovación generacional.
En Xumec admiten que en su carta fundacional aparece la firma de una abogada que ya no forma parte: Mariana Hellin, hoy parte de la organización Alianza Abogados y Abogadas por los Derechos de la Mujer, una de las que también fustiga al juez Valerio por su supuesta misoginia.
Todos estos antecedentes son los que alertan de una supuesta conspiración contra la candidatura de Valerio y, peor aún, contra el Gobierno, construyendo lentamente sanciones contra la Provincia de parte de la CIDH.
En el Gobierno aseguran que la asociación estuvo inactiva durante los gobiernos peronistas y se activó después de la victoria electoral de Cornejo, presentando un hábeas corpus por los detenidos en prisión preventiva sin intervención de un juez de garantías.
Ese hábeas corpus tuvo sentencia redactada por el supremo Palermo, y fue dada a conocer horas antes de la Navidad del año pasado, dos semanas después de la asunción del hoy gobernador, lo que generó su primer choque con los garantistas en duros términos.
Ese fallo de la Suprema Corte inspiró el informe negativo de la Comisión Interamericana que se conoció la semana pasada.
Desde Xumec aducen que también complicaron a los gobiernos peronistas: recuerdan que en marzo de 2011, sobre el final del gobierno de Jaque, fueron Pablo Salinas y el entonces presidente de la organización, Diego Lavado, quienes difundieron videos de agresiones a presos en el complejo Boulogne Sur Mer. También presentaron una cautelar para impedir que Francisco Pérez mandara a los menores del ex Cose a una cárcel construida cerca del penal de Almafuerte.
Una disputa ideológica pero también por el poder
Hay un dato que no debería perderse de vista y que Los Andes viene informando desde hace tiempo. La Justicia provincial vive una guerra interna en la Justicia Penal entre dos bandos bien definidos: los "garantistas" y los "mano dura". Esa guerra tiene algunos rehenes por denuncias cruzadas; los dos más renombrados rehenes son los fiscales Daniel Carniello (del bando de los garantistas) y Juan Manuel Bancalari (de los mano dura).
Entre los denunciados se sumó el candidato a la Suprema Corte, José Virgilio Valerio. La denuncia fue patrocinada por un colaborador de Xumec, Alfredo Guevara.
Las calificaciones de los bandos son un reduccionismo; podría decirse que la división es entre visiones del derecho más “modernas” contra otras más tradicionales. Por esto algunos afirman que la pelea es estrictamente ideológica y que una de las cabezas visibles (pero no la única) de los modernos y garantistas es el supremo Omar Palermo. Del otro lado uno de los líderes es el juez de la Segunda Cámara del Crimen y candidato a ocupar una vacante en la Suprema Corte, que postuló Alfredo Cornejo.
Supuestamente la llegada de Valerio significará poner en el Máximo Tribunal un exponente de otro pensamiento penal, para equilibrar el excesivo garantismo de Palermo. Aunque un ariete de Cornejo en la Suprema Corte podría tener otros efectos menos académicos como la disputa del poder en la Justicia.
