El calendario electoral mendocino se ve afectado por una pelea política que se libra también en la Justicia, desatada después de la promulgación en noviembre de la enmienda constitucional al artículo 198 que limitó la reelección de los intendentes.
Ayer, el Ejecutivo hizo una nueva jugada que tensó más la cuestión: pidió a los cuatro jefes comunales del PJ suspender las elecciones desdobladas (PASO) del 28 de abril y sumarse a los comicios provinciales (9 de junio), lo que le daría más tiempo a la Suprema Corte para que decida si el decreto de Cornejo es o no inconstitucional.
La respuesta de los intendentes no tardó en llegar: un no rotundo y la ratificación de que se votará el mes que viene en los cuatro municipios. Roberto Righi (Lavalle), Omar Félix (San Rafael), Martín Aveiro (Tunuyán) y Jorge Giménez (San Martín) decidieron desdoblar los comicios en sus departamentos tras conocer la enmienda de Cornejo que les imposibilitó una nueva reelección. Después presentaron en la Corte un pedido de inconstitucionalidad y por último, una medida cautelar.
El viernes, la Sala II del tribunal dio lugar a la cautelar y el decreto del Gobernador quedó suspendido hasta que se resuelva el tema de fondo, por lo que los jefes comunales quedaron habilitados, por ahora, a ser candidatos nuevamente. Y mañana a las 12 de la noche cierra el plazo para presentar las listas para las PASO municipales del 28 de abril.
Ante esto, ayer el Gobierno le envió a cada uno una nota de dos carillas pidiéndoles que prime “el interés político general por sobre el interés particular de los candidatos”.
Para el Ejecutivo, confiado en que la Corte resolverá a favor de la constitucionalidad del decreto, es necesario "dar mayor transparencia y certeza al proceso electoral". Esto porque en esas comunas los partidos quedarían sin precandidatos si el fallo ratifica la enmienda.
"Entendemos que la cautelar ya les otorgó a cada uno la posibilidad de ser candidatos pero también queremos llevar certeza, no sólo a los intendentes con un proceso mucho más transparente, sino también a los votantes de cada uno de los
municipios y a los posibles candidatos a presentarse en el proceso", dijo ayer el ministro de Gobierno, Lisandro Nieri mientras llegaba el escrito a las intendencias, aunque no tiene ningún valor legal.
“Ya se llamó a elecciones”
Los jefes comunales rechazaron la "invitación" del Gobierno. Aunque mandarán su respuesta oficial a la nota, en las próximas horas, Righi (Lavalle) y Aveiro (Tunuyán) coincidieron ayer en que no darán marcha atrás con el desdoblamiento en sus municipios.
"En los cuatro departamentos ya se llamó a elecciones", le dijo Righi a Los Andes. Y aseguró que su reclamo judicial trasciende los intereses personales: "Más allá de ser candidatos o no, estamos convencidos de que es inconstitucional ese decreto". Aveiro también se mostró firme en su decisión de mantener las fechas electorales.
"La incertidumbre no la hemos creado nosotros, la han creado ellos promulgando un decreto que no debían promulgar cuatro meses antes de las elecciones. Lo hubiesen hecho el primer día de su mandato, el 11 de diciembre del 2015, y habría tenido tiempo la Corte para trabajar tranquila", dijo durante un acto de entrega de viviendas en Tunuyán.
Distensión con las reinas y gestos de campaña
Por cuarto año consecutivo el Desayuno Real, organizado por la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, reunió a las reinas departamentales, políticos, empresarios y personalidades. El centro del evento, que esta vez fue en la Finca Decero de Luján, es el momento en que cada intendente le sirve el desayuno a su soberana.
En el medio, hubo charlas, saludos y alguna que otra chicana en tono de humor, en pleno año electoral. Cuatro jefes comunales pegaron el faltazo y enviaron a representantes: Jorge Giménez (San Martín), Alejandro Bermejo (Maipú), Jorge Vergara Martínez (Malargüe) y Emir Félix (San Rafael). Omar De Marchi fue el anfitrión del desayuno y reafirmó su precandidatura. Su rival en las PASO, Rodolfo Suárez, recibió aliento de sus pares diciéndole "gobernador" entre risas.
Los representantes del peronismo fueron Roberto Righi y Martín Aveiro, enfrascados. El intendente de Tunuyán fue el más activo promocionando a su soberana y recorrieron todo el predio con la joven morocha repartiendo fotos y saludando a los presentes. Uno de los que hizo las veces de jefe comunal y sonrió en tierras del Pro sin problemas fue el jefe de Gabinete de Maipú, Matías Stevanato.
El ungido de Alejandro Bermejo aseguró que está recorriendo el departamento para conocer las problemáticas de los maipucinos. Por lo bajo, varios hablaron de Bermejo como el candidato del PJ para hacerle frente al oficialismo en las elecciones. La soleada mañana dejó algunas postales curiosas como, la de De Marchi a pura risa con Stevanato y Righi. O la de José Luis Ramón (Protectora) asegurando a todos que va a ganar las elecciones.
Dictamen del Fiscal de Estado, el lunes
El lunes estará el dictamen de la Fiscalía de Estado sobre el tema de fondo del conflicto: la constitucionalidad del decreto de Cornejo. Una opinión que en el Gobierno no esperan con demasiadas expectativas.
El 18 de febrero, cuando Fernando Simón, dictaminó que la Corte debía dar lugar a la cautelar porque había un "peligro de daño irreparable" para los intendentes, le llovieron críticas del Ejecutivo. "El fiscal de Estado ha actuado como un dirigente del PJ, pese a que renunció a su afiliación", disparó el Gobernador.
Lo cierto es que después del dictamen de Simón (ya emitió el suyo hace dos semanas el Asesor de Gobierno) habrá una audiencia de conciliación entre las partes convocada por el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, que busca encontrar una salida institucional al problema. Será el jueves 14 al mediodía en el Salón de Acuerdos del Palacio de Justicia y están convocados el Gobierno, los cuatro intendentes, el Asesor de Gobierno y el Fiscal de Estado.
Si en esa audiencia no se resuelve la cuestión, solo quedará esperar el fallo de fondo en plenario (de los siete jueces). Desde el oficialismo se muestran confiados en cuanto a la celeridad de la resolución del conflicto y de que sea favorable al Gobierno.
"Los números nos dan a favor", deslizan desde el Ejecutivo. Los peronistas, más reservados, aseguran que respetarán "los tiempos y la independencia" de los jueces, mientras esperan hasta último momento para confirmar sus candidaturas. "El pedido lo hicimos para resguardar la institucionalidad de la provincia", aseguran.
