Los intendentes del PJ deberán desdoblar también las generales

La Junta Electoral les comunicó a los jefes comunales que al desdoblar las PASO deberán votar separados de la Provincia en la generales.

Los intendentes del  PJ deberán desdoblar también las generales
Los intendentes del PJ deberán desdoblar también las generales

El Poder Judicial tendrá como nunca una participación estelar en las elecciones del 2019 en Mendoza. Ayer la Junta Electoral comunicó a las cuatro comunas peronistas que desdoblaron las elecciones primarias que en las generales también deberán ir de manera separada de la Provincia; y que además tendrán que hacerse cargo de los gastos.

Estas aclaraciones que realizó la Junta en el cuarto piso del Poder Judicial llegaron luego de que los intendentes Emir Félix (San Rafael), Roberto Righi (Lavalle), Martín Aveiro (Tunuyán) y Jorge Omar Giménez (San Martín) decidieran desdoblar solamente las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mientras que quedaba a pura especulación política la fecha de las generales.

De hecho, desde el propio Partido Justicialista (PJ) habían indicado que los cuatro jefes comunales podían decidir si seguir en las generales con las elecciones desdobladas o unirse a las provinciales. Si bien los intendentes convocaron mediante una resolución a las primarias para el 28 de abril, destacaron solamente que las generales se realizarían en setiembre, pero no precisaron la fecha.

Allí comenzó la elucubración sobre una posible estrategia de los caciques peronistas, debido a que en setiembre serán las generales tanto de los municipios (el 1) que desdoblen como también las de la provincia. 

Alfredo Puebla, secretario de la Junta Electoral, respecto a la posible especulación sobre si un intendente puede desdoblar las primarias pero luego ir a las generales con la Provincia, comentó que si así ocurriese "lo deberá determinar la Justicia".

Sin embargo, aclaró que el cronograma no permitiría dicha jugada, al expresar que el padrón electoral utilizado en la primaria municipal debe ser el mismo que en la general, pero no coincidiría con el de la elección provincial porque la fecha de corte será diferente.

"Al tener los padrones fechas de corte distintas (180 días antes de las elecciones generales), el municipio que desdoble tendrá un padrón diferente al de la Provincia. Tanto las PASO como las Generales deben tener el mismo padrón electoral para ir juntos", explicó el secretario de la Junta Electoral.

Además dijo que en la reunión de ayer, en la que participó también el presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, "se les comunicó (a los intendentes) que el cronograma electoral ya se puso en marcha y se habló sobre temas referidos a fechas, propaganda electoral y costos de las elecciones".

A la citación de la Junta Electoral asistieron los intendentes de San Rafael, Lavalle y Tunuyán; mientras que desde San Martín Giménez envió a un funcionario en su representación. 

Recordemos que por el momento solamente estas cuatro comunas tendrán elecciones desdobladas de las provinciales. El que ha jugado al misterio dentro del peronismo es el maipucino Alejandro Bermejo, quien sostiene que debería haber una elección unificada del municipio, la provincia y la nación. pero también asegura que tiene tiempo hasta fines de enero para decidir si desdobla.

Del lado del oficialismo, los 13 intendentes del frente Cambia Mendoza realizaron la semana pasada una reunión junto al gobernador Alfredo Cornejo y los principales dirigentes del gabinete provincial. Según comunicó el jefe comunal de Capital -y presidente de la UCR- Rodolfo Suárez, todo indica que la totalidad de los departamentos de la coalición realizarán sus elecciones en conjunto con la Provincia.

Quién las paga

En la reunión de la Junta Electoral con los intendentes que desdoblarán también se habló de cómo se financiarán las elecciones. El secretario de la Junta Electoral dejó en claro que los municipios que desdoblen tendrán que hacerse cargo de los gastos del operativo, tanto de la logística como también de la impresión de boletas y padrones, entre otros ítems. 

Desde el Gobierno provincial, ante la misma consulta, también aclararon que serán los departamentos los que correrán con los gastos, salvo aquellos que decidan ir en conjunto con la Provincia, tal como está fijado por ley.

Lo curioso es que lo mismo debería hacer el Estado provincial si se cumple el calendario previsto hasta ahora por Ley, es decir si el gobernador Cornejo llama a elecciones de manera separada de la Nación -todo indica que será así-. En esa situación tendrá que pagar los gastos; pero si decide ir en conjunto el operativo lo costeará el Estado nacional.

Los Andes intentó comunicarse con los cuatro intendentes del PJ involucrados en la reunión de ayer para obtener sus sensaciones sobre el mensaje que les dio la Junta Electoral, pero no obtuvo respuesta de ninguno.

Los otros aspectos que buscan respuesta judicial

Hay otros temas de las próximas elecciones que terminará resolviendo la Justicia. En primer lugar, debe determinar si el decreto de Cornejo que promulgó la limitación de las reelecciones de los intendentes es constitucional o no.

Es que cuatro de los cinco intendentes del PJ (todos menos Bermejo) presentaron una acción de inconstitucionalidad, ya que entienden que el plebiscito -realizado en 2009- no consiguió el acompañamiento necesario para realizar esa enmienda de la Constitución. De hecho, si bien una mayoría rotunda votó a favor de la limitación de las reelecciones, no alcanzó a la mitad más uno del padrón electoral.

Pero eso no es todo, ya que la Justicia también investiga una posible falsificación de una resolución de Emir Félix, que le daría la posibilidad de sortear la promulgación de Cornejo. 

Resulta que el sanrafaelino desdobló las elecciones, en teoría, un día antes que el Gobernador firmara el decreto contra las reelecciones. De esa manera, el adelantarse lo dejaría exento de este impedimento.

No obstante, Félix recibió una denuncia de concejales radicales acusándolo de falsear la fecha en la que firmó la convocatoria. La sospecha reside en que ese documento, fechado un día antes que el decreto de Cornejo, no apareció en el Boletín Oficial.

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