Cuando Mauricio Macri pidió leyes más duras contra los inmigrantes que "no vienen a trabajar sino a delinquir, y nos complican la vida", no sólo impulsó una intensa discusión parlamentaria, sino que buscó ponerse al frente de un reclamo que las encuestas suponen mayoritario y que le permitiría recuperar parte del terreno perdido en la opinión pública por el dramático escenario económico.
"En esta Argentina que madura, todo tiene que ser debatido. No tenemos que tener miedo. Señor diputado, tenemos que debatir para ver cómo son las reciprocidades", le reclamó el Presidente al radical Mario Negri, el jefe del bloque oficialista, durante la visita que realizó el jueves pasado a la provincia de Córdoba.
Macri apostó por recalentar la discusión que comenzó a tomar temperatura con la detención de cuatro extranjeros acusados de participar en los incidentes que se produjeron frente al Congreso de la Nación durante el debate por el Presupuesto 2019 en la Cámara baja, el miércoles 24 de octubre.
Y habló con la seguridad de contar con una posición que suma adeptos tanto del oficialismo como de la oposición. Incluso uno de los abanderados del reclamo para reforzar los controles migratorios es el senador peronista Miguel Angel Pichetto.
"Tenemos que dejar de ser tontos. El problema es que siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú. Perú resolvió su problema de seguridad y transfirió todo el esquema narcotraficante a las principales villas de la Argentina, que están tomadas por peruanos", planteó días atrás el rionegrino.
Aunque los números oficiales indican que se incrementaron las deportaciones de los extranjeros que delinquen durante la era Macri (pasaron de ser 235 por año en 2015, a 414 en 2017 y 370 este año), el Gobierno nacional busca acelerar los procesos.
Incluso las dificultades para actuar sobre los cuatro detenidos el 24 de octubre alimentaron los argumentos oficiales para reclamar cambios. "Si los instrumentos legales que tenemos permiten estas controversias, esto demuestra que los instrumentos que tenemos no son suficientes", remarcó el director nacional de Migraciones, Horacio 'Toto' García.
Pero al margen de los procesos formales, este tema para la Casa Rosada representa una oportunidad para tomar las riendas de un debate que genera una particular atención en la ciudadanía.
Las recientes expresiones del Presidente resumen una posición que, según las encuestas, es generalizada en la opinión pública: un relevamiento de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y de la consultora Voices! indicó que el 91% de los argentinos está de acuerdo con deportar a los inmigrantes que delinquen y el 89% cree que se deberán reforzar los controles migratorios para ingresar al país.
El creciente malestar de los argentinos por la grave situación económica y el reciente triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil hacen que el contexto sea más que propicio para que desde la Casa Rosada impulsen la discusión.
Sin embargo, el terreno también presenta obstáculos y la evidencia más clara es el revés judicial de marzo contra el decreto que firmó Macri para fijar condiciones más estrictas para habilitar el ingreso de extranjeros.
Al respecto, García planteó que "las decisiones de Migraciones deberían ser evaluadas por un foro específico, revisadas como debe ser por una doble instancia, pero con personas abocadas al tema" porque, opinó, "los actuales tribunales tienen demasiado trabajo y eso ralentiza las decisiones". Por ello, ahora la apuesta está en el tratamiento legislativo.
Según los guarismos oficiales, en el segundo trimestre del año se otorgaron residencias permanentes a un total de 23.071 extranjeros. La mayoría (5.796) se radicó en la provincia de Buenos Aires, mientras que 502 se instalaron en Mendoza.
El endurecimiento de la Ley de Migraciones divide al Congreso
La cuestión migratoria promete convertirse en otra grieta política: en el Congreso hay quienes piden endurecer la ley vigente y los controles, una mirada compartida y promovida por el gobierno de Mauricio Macri, mientras que otros defienden la norma vigente y señalan que la llegada de extranjeros nunca ha sido ni es hoy por hoy un problema en la Argentina.
Miguel Pichetto encendió la mecha: "Espero que los dos venezolanos, el paraguayo y el turco estén listos para salir del país", dijo en alusión a los extranjeros detenidos tras los incidentes en el Congreso.
Días después, el bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ presentó un proyecto de ley para derogar el DNU 70/2017 que reformó la Ley de Migraciones 25.871 y que según la bancada, promueve la "xenofobia" y la "estigmatización".
El decreto de Macri que el kirchnerismo pretende derogar fue firmado en enero de 2017, pero no está operativo porque la Sala V de la Cámara en los Contencioso Administrativo Federal lo frenó en marzo de este año.
En diálogo con Los Andes, el diputado mendocino Guillermo Carmona, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, sostuvo que "el Gobierno está utilizando la cuestión migratoria de manera demagógica con ribetes de populismo de derecha. Con esta estrategia intentan justificar situaciones delictivas y también el incremento en la cantidad de casos delictivos", dijo el diputado mendocino.
En la vereda de enfrente, la peronista sanluiseña Ivana Bianchi sostuvo que "muchos habitantes de países hermanos vienen a utilizar nuestros hospitales, nuestras escuelas, nuestras universidades, realizan sus carreras profesionales sin compensación alguna" y que "no hay tratados de reciprocidad ni de compensación anual ni ninguna medida que determine algún tipo de devolución a la gentileza dispuesta por el sistema público a través de nuestra Constitución".
20% de los presos son extranjeros
Tras la polémica por los extranjeros detenidos durante los incidentes en el Congreso, mientras se discutía el Presupuesto, la Procuración Penitenciaria de la Nación emitió un informe lapidario. "El discurso imperante en la opinión pública instala una imagen estigmatizante de la persona extranjera, presuponiendo su condición migratoria irregular y asociándola directamente al delito y la criminalidad", cuestionó.
Ese discurso, dice el documento, coloca a los extranjeros en determinantes del incremento de la inseguridad, y potenciando su exclusión social. Pero esto no se condice con las estadísticas del propio Estado.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) tiene actualmente una población de 11.911, de los cuales 20% son extranjeros (2.382 personas). El índice se mantuvo igual (con leves oscilaciones) desde 2007, alcanzando un pico del 23% en 2015.
Nuestro ordenamiento jurídico prevé que toda persona que habite el suelo argentino es igual ante la ley, siendo por ello merecedor de su protección y sujeto pleno de derechos.
