Los incendios rurales siguen causando pérdidas en la economía provincial, problemas para el medio ambiente, daños en muchas hectáreas que quedan arrasadas y lo que es peor, siempre hay riesgos para la vida humana a raíz de este flagelo.
Hace días pudo apreciarse en la zona de Blanco Encalada (Luján), un importante incendio en el monte, que motivó un operativo de varias horas de lucha de personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, de bomberos voluntarios de Luján de Cuyo y del avión hidrante basado en La Puntilla. Fue un operativo intermedio, que causó perjuicios al erario público. Y decimos esto porque todo se debió a un descuido humano: alguien no apagó debidamente un fuego en el campo, mientras no se demuestre que fue intencional.
El Plan Provincial de Manejo del Fuego (PPMF) ha proporcionado el resumen estadístico de lo que fue en esta materia el año 2017, que registró un total de 216 incendios de campos, con un total de 264.342 ha de superficie afectada en todo el territorio, con un promedio de superficie damnificada de 1,224 ha.
Una idea práctica de los m2 afectados por las llamas en la provincia lo brinda este ejemplo: lo dañado es equivalente a una distancia entre el kilómetro 0 de esta capital hasta más allá de San Rafael, pero por 100 metros de ancho.
Los altos niveles de precipitaciones en invierno causaron un incremento en la carga de combustible existente (pasturas). En algunas zonas evaluadas por el PPMF, esas cargas de combustible se habían triplicado en los últimos dos años, lo cual aumentó significativamente el riesgo de propagación de fuego por la existencia de una mayor continuidad, especialmente de combustibles finos (pastos). Este factor, en combinación con las elevadas temperaturas y bajos niveles de humedad ambiente registrados en primavera y comienzos de verano, derivó en un mayor riesgo de incendios. En consecuencia, se registraron incendios de mayor magnitud que afectaron grandes superficies.
Por otro lado, existe una gran cantidad de campos que no poseen las picadas cortafuego en condiciones, como especifica la Ley 6099 (prevención de incendios rurales).
Asimismo conspira la falta de bases de incendios forestales para poder brindar mayor cobertura dentro del territorio provincial, aunque se cuenta con el valioso aporte de los guardaparques. El equipamiento disponible no es despreciable, pero podría ser mejor. Se trata de elementos aportados por la Nación (Sistema Nacional Manejo del Fuego), que cede medios aéreos (1 avión hidrante y 1 helicóptero) y también aporta cuatro unidades autobombas forestales. Por otro lado, el PPMF Mendoza) trabaja en sistemas de prevención mediante relevamientos a campo, determinaciones de cargas de combustibles y sobre todo realiza capacitaciones específicas dirigidas a productores y entidades que intervienen en el combate de incendios.
En relación a las personas que causan incendios es difícil identificarlas. En ocasiones, una comisión llega al siniestro, encuentra a los que se presume causaron el fuego, pero éstos revierten las pruebas diciendo que alguien encendió el campo. Una dificultad más son las distancias. General Alvear y San Rafael son los departamentos más afectados. Esto obliga a que las cuadrillas tengan que desplazarse hasta 300 km para llegar a un incendio.
Lo grave es que entre las causas de estos gravosos incendios figura la presencia humana y que el factor intencional se encuentra en 29% de ese total de 264.342 ha afectadas. Si analizamos que desde 2000 a la fecha se han perdido más de 2.5 millones de ha de un total de 14 millones de todo el territorio. Vemos entonces que son valores muy altos en pérdidas ambientales y económicas las que se producen, que obliga a intensificar la búsqueda de solución del problema y a una represión más severa de quienes de manera premeditada causan estos estragos.
