Se habían convertido en una modalidad habitual en Buenos Aires y los mendocinos nos sorprendíamos al observar las imágenes por televisión. Pero ese tipo de actitudes pareciera haber sido copiada en Mendoza y cada vez resultan más frecuentes los cortes de rutas en distintas zonas de la provincia, con el agravante de que, en la gran mayoría de los casos, se adoptan por situaciones inverosímiles.
Los primeros movimientos piqueteros surgieron en la década de 1990, por parte de trabajadores petroleros en la ciudad neuquina de Cutral-Có, donde la casi totalidad de la población dependía de YPF. Los manifestantes impidieron la circulación de camiones en la ruta 22 pero la modalidad fue transmitiéndose luego a la Capital Federal y al conurbano bonaerense, muchas veces alentados por la propia dirigencia política.
Es más, dirigentes piqueteros han ido ganando espacios en la actividad. El polémico Luis D’Elía podría ser catalogado como uno de los abanderados de ese tipo de actitudes y también de la forma en que creció políticamente hasta ocupar lugares de consideración entre las más altas autoridades del país.
Si bien es cierto que en la gran mayoría de los casos ese tipo de protesta es utilizada por activistas “profesionales” -reciben buen pago por lo que hacen- no es menos real que también suelen ser efectuadas, excepcionalmente, por otros sectores de la sociedad, como sucediera con el reclamo del campo en oportunidad de la discusión de la resolución 125/08, aunque en este caso se dio un hecho significativo en razón de que generaron más problemas los denominados contra-piquetes que impulsó el gobierno nacional que las protestas de los productores.
En el caso de Mendoza, lamentablemente, todo lleva a indicar que deberemos habituarnos a los cortes de rutas, porque se han multiplicado a lo largo y a lo ancho de la provincia en los últimos tiempos. Quienes reclaman suelen “hacerse escuchar” en determinados puntos críticos de circulación de vehículos, como los accesos Este, Sur y Norte, el nudo vial Costanera o los Portones del parque General San Martín, generando verdadero caos en el tránsito y afectando a decenas de miles de mendocinos que nada tienen que ver en el problema.
También debería advertirse que en la gran mayoría de los casos el motivo del reclamo o la modalidad del mismo resulta inverosímil y enervante. Días pasados, un grupo de veinte (20) mujeres cortaron las vías de circulación del Acceso Este y, ante la llegada de los periodistas, reclamaron la presencia del intendente de Maipú para que, delante de las cámaras, se comprometiera a otorgarles una vivienda.
O lo que sucedió con los gremios estatales que, sin habérselo pedido previamente en respectivas reuniones al Gobierno, según se indicó oficialmente, cortaron San Martín y Colón para reclamar un nuevo llamado a paritarias. No menos llamativo y preocupante es lo que sucede con las protestas llevadas a cabo por los trabajadores del Parque o los de Iscamen que, además de cortar las calles, proceden al quemado de cubiertas, generando una impresionante contaminación que va a contramano con la tarea que deben desarrollar.
El Gobierno nacional, que durante la década de gestión había incentivado y permitido ese tipo de protestas, ha advertido que la molestia de la gente es generalizada. De allí que el propio secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, haya advertido que la Justicia debe “actuar con todo el peso de la ley y cumpliendo el Código Penal” para evitar los cortes y manifestó que “el que corta una calle comete un delito y el que comete un delito es un delincuente. No se puede negociar con un delincuente porque faltaríamos el respeto al Código Penal”.
No se trata en definitiva de exigir la adopción de medidas extremas sino de establecer los mecanismos que ordenen la situación y que permita a la gente manifestar su reclamo, siempre y cuando no afecte al resto de la comunidad.
