Cinco transferencias desde la cuenta de una cooperativa a la AFIP hechas el mismo día y por montos que iban desde los 30 mil a más de 150 mil pesos llamaron la atención de los investigadores de la causa Tupac Amaru.
La sospecha disparó la consulta al organismo recaudador: ¿se trataba de la cancelación de alguna obligación tributaria? La respuesta sorprendió. Con ese dinero se había pagado la “multa” impuesta por el Gobierno nacional a quienes declaraban bienes amparados por el blanqueo de capitales.
Todas las transferencias se hicieron a través de la página online del banco Credicoop y desde la cuenta de la cooperativa San Expedito, una de las más de veinte que se desprenden de la organización kirchnerista en Lavalle y cuyo fin es construir viviendas.
El listado de personas vinculadas a la Tupac que blanquearon bienes, según el informe de la AFIP al que accedió Los Andes, incluye a Damián y Federico Torrengo, hijos del primer matrimonio de Nélida Rojas, la líder lavallina que tiene prisión preventiva domiciliaria desde el jueves.
Ella está acusada de ser líder de una asociación ilícita, además de estafas, usurpación, extorsión y coacción. Suma 24 causas.
También aparecen Carla y Facundo Martínez, hijos de Nélida y Ramón Martínez, su segundo marido y también con prisión preventiva domiciliaria por ser jefe de la asociación ilícita.
El quinto familiar involucrado es Pablo Carmona, pareja de Carla, que está imputada por ser parte de la asociación ilícita y también está detenida en forma preventiva pero en su casa.
Las transferencias a la AFIP que despertaron la sospecha de la fiscal Gabriela Chaves y su equipo se hicieron el 30 de marzo, un día antes del vencimiento del “Régimen de sinceramiento fiscal”, tal el nombre más formal que se le dio al blanqueo que comenzó el 1 de agosto de 2016.
La especulación judicial es que la familia decidió declarar algunos de los bienes adquiridos en los últimos años porque, tras algunos informes solicitados por la fiscalía, la propia AFIP había había iniciado una investigación por considerar que no podía justificar su patrimonio.
El blanqueo macrista, en su momento muy cuestionado por el kirchnerismo, fue el atajo para evitar esa investigación fiscal porque no obligó a quienes adhirieron a informar cómo adquirieron los bienes reconocidos.
Apenas unos días después de adherir al sinceramiento fiscal, el 7 de abril, la fiscal Chaves detuvo a Nélida Rojas, su esposo Ramón Martínez y sus hijas Carla y Leonela.
Pese al informe de la AFIP, aún hay más información sin confirmar: de las cinco transferencias hechas desde la cuenta de San Expedito para el blanqueo, hay dos cuyos “beneficiarios” aún no han sido identificados. Tampoco se sabe de dónde salió el dinero para pagar la multa por los bienes que declararon Carla y Facundo Martínez.
El grupo familiar blanqueó 4.282.500 pesos y la multa que debió pagar, por ser la etapa final del “sinceramiento fiscal”, fue del 15 por ciento de los bienes declarados, o sea que superó los 600 mil pesos.
Federico Torrengo declaró una camioneta Toyota Hilux SRV (la más equipada) cabina doble 4x2, que adquirió en 2013 0 km, por $ 360 mil y un camión Ford 2015 por $ 780 mil.
Damián también reconoció una Toyota Hilux SRV, pero 2010, por $ 300 mil, una moto Honda S600 1989 por $ 50 mil y un camión Ford, también 2015 como el de su hermano, por $ 530 mil.
El 2015 parece haber sido fructífero para la familia porque Carla Martínez informó haber adquirido también ese año dos lotes en Lavalle, uno cotizado en $ 250 mil y el otro en $ 200 mil, y un Toyota Corolla XEI 2010, que valuó en $ 155 mil.
También, desde 2010, posee un furgón Ford Transit 2006, declarado por $ 140 mil.
Su esposo, Pablo Carmona, blanqueó un camión Iveco 2007 por $ 800 mil pesos, que compró en 2016. De cinco años antes es su otro bien: una moto Motomel 110 por $ 7.500.
Facundo Martínez también aprovechó el 2015: compró una Toyota SW4 0 Km y con tapizado de cuero, la más cara de la línea, que informó por un valor de $ 710 mil.
Todos los bienes mencionados, más los que figuran a nombre de otros miembros del clan familiar (como un galpón y una docena más de vehículos) fueron embargados por la fiscal Chaves.
Si finalmente la Justicia condena a los hoy imputados y se comprueba que todo lo que adquirieron es producto de delitos, esos bienes serían confiscados por el Estado.
La defensa pedirá una indemnización
Alfredo Guevara, que lidera la defensa de Nélida Rojas y su familia, admitió a este diario que existió el blanqueo y lo relativizó: “No tiene nada que ver con las acusaciones”.
Luego aseguró que su objetivo es que se ordene la libertad de todos los detenidos, a los que califica como “presos políticos”, como también que se declare la nulidad de lo actuado y se sancione “a los responsables de la persecución”.
Pero el abogado sumó un nuevo ingrediente: exigirá que se reparen los daños ocasionados por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado mendocino. O sea que reclamará el pago de una indemnización a la familia.
