El kirchnerismo dio ayer una nueva muestra de cómo usar el poder conseguido en las urnas para imponerse políticamente sobre sus adversarios.
En una misma reunión de la Comisión de Juicio Político, el Frente para la Victoria (FpV) apeló a la mayoría que tiene en las dos cámaras del Congreso para convertir en hostigamiento institucional, en este caso del Poder Legislativo sobre el Poder Judicial, la presión política que desde hace semanas le meten al juez más antiguo de la Corte Suprema, Carlos Fayt, a fin de que renuncie al cargo.
A la vez, rechazó “in límine” los 15 pedidos de enjuiciamiento que pesaban sobre Amado Boudou, los 10 que recaían sobre la procuradora Alejandra Gils Carbó y los seis que tenía el canciller Héctor Timerman. Nunca el contraste había sido tan radical: a un juez que no tiene acusaciones en su contra se lo investigará, a los funcionarios que tienen denuncias penales se los libró de la misma suerte.
El oficialismo ganó las votaciones porque sus 17 diputados que son parte de la Comisión de Juicio Político demostraron disciplina partidaria pero en el debate parlamentario debió acudir a ardides técnicos y a muchos pero muchos eufemismos para disfrazar la avanzada sobre la Justicia de preocupación institucional por el funcionamiento pleno de los tres poderes.
Consciente de que no tiene ni tendrá los dos tercios de la Cámara Baja para enjuiciar a Fayt ni la misma mayoría calificada en el Senado para destituirlo, el FpV no abrió un proceso de juicio político contra el veterano juez y concentró sus esfuerzos en esmerilarlo moralmente.
Para ello, sin siquiera una denuncia formal por mal desempeño presentada, abrió una investigación a fin de someter al anciano a una incomodidad inusitada para que demuestre que todavía puede hacer su trabajo. “Si la Comisión puede lo más (pedir un juicio político), puede lo menos (investigar)”, dijo la secretaria del bloque K, María Teresa García.
Así como evitó abrir un expediente de juicio político contra Fayt para no exponerse a perder en el recinto, el kirchnerismo también soslayó que los expedientes presentados por la oposición en contra de Gils Carbó, Timerman y Boudou puedan recalar en las sesiones de la Cámara Baja.
Para esto último tuvo que reinterpretar el reglamento y decidió que sólo se voten los informes hechos por la presidenta de la Comisión, la camporista Anabel Fernández Sagasti. Los dictámenes de la oposición fueron rechazados, ni siquiera se los mandó a archivo.
Paradójicamente pasaron a no existir del mismo modo que la acusación de mal desempeño que todavía nadie hace sobre el vapuleado juez Fayt que será ahora investigado por los diputados K.
