La vitivinicultura mendocina en la década del 90 inició un proceso de cambio que transformó su perfil productivo y facilitó la inserción de la provincia en los mercados internacionales. Esta transformación se vinculó con nuevos parámetros productivos y comerciales y este proceso, para nada homogéneo, modificó profundamente el paisaje de actores involucrados.
La desaparición de centenares de pequeñas bodegas trasladistas y fraccionadoras y de miles de pequeños productores fue el costo social de la reconversión productiva en la provincia.
Del lado de los ganadores, un fenómeno novedoso fue la emergencia de las bodegas boutique integradas al circuito hotelero-gastronómico y el avance de los grandes grupos económicos de bodegas y comercializadores, algunos ligados al capital extranjero y a fondos de inversión nacionales, que se fusionaron o compraron bodegas preexistentes y que, en otros casos, radicaron nuevos establecimientos en la provincia. En la actualidad son 10 grupos económicos los que concentran el 54,5% de los volúmenes totales de facturación (Fecovita, 2014).
El proceso de reconversión fue atravesado por la salida de la convertibilidad e hizo posible que desde 2004 hasta 2012, los ingresos del complejo vitivinícola se dinamizaran y crecieran en forma ininterrumpida un 179,6% a valores constantes en dólares.
Durante este período se debió en gran medida al crecimiento de la exportación, que de contribuir a los ingresos totales con 212,3 millones de dólares pasó a aportar alrededor de 811,3 millones de dólares a valor FOB, es decir, las ventas en el exterior en 9 años aumentaron el 282,2% y actualmente representan el 69,4% del total de las ventas (DEIE, 2014). Este nuevo contexto supuso cierta armonía y consenso durante casi 8 años, con algunos desajustes por la crisis de 2008 y la espiral inflacionaria.
Ahora bien, a partir de 2012 el escenario comenzó a ser desfavorable. Al “boom exportador” le siguieron la caída abrupta de las ventas y de los precios internacionales, el atraso cambiario, la inflación y las demoras en el reintegro de las retenciones, a los que se añadieron los incumplimientos de los sucesivos acuerdos entre San Juan – Mendoza sobre la elaboración de mostos durante toda la década, la sobreoferta de vid y el sobrestock vínico. Todos estos elementos acumulados durante estos últimos 4 años explican en gran parte la crisis actual del complejo.
En este nuevo contexto, las voces dominantes proponen distintas salidas a la actual crisis coyuntural. Entre ellas la devaluación y el levantamiento del cepo cambiario han sido las más repetidas. Pero estas medidas, ¿qué repercusión tendrían sobre el sector de pequeños productores?, ¿en qué mejorarían su situación actual y su rentabilidad y, particularmente, las condiciones laborales de los miles de productores rurales mendocinos? Y más aun, ¿detendrían el éxodo del campo hacia las ciudades?
En este sentido, el presente artículo parte de un estudio más amplio centrado en los pequeños viñateros de Mendoza, que pretende iluminar las dificultades y conflictos que presenta el sector en su relación productiva y comercial con el sector industrial, todo esto centrado en el período de la posconvertibilidad (2003-2015). Para ello, el trabajo parte de entrevistas a pequeños productores del departamento de Luján de Cuyo, realizadas durante 2015 indagando en la trayectoria de sus relaciones con las bodegas.
Productores seducidos y abandonados
En líneas generales, en Mendoza la reconversión significó la desaparición de cerca de 8.000 explotaciones vitivinícolas durante los últimos 25 años (CNA, 2008). Sin embargo, un problema del sector al momento de plantear soluciones es el desconocimiento del universo de análisis, no se sabe con exactitud cuántos productores hay ni en qué condiciones están. En la provincia las fuentes existentes, como los Censos Nacionales Agrícolas y el INV, no revelan elementos sobre la sustentabilidad de las unidades, las relaciones comerciales ni las condiciones socio-culturales de los mismos.
Una radiografía actual de la vitivinicultura señala la existencia de una cifra aproximada de 12 a 14 mil productores vitivinícolas, de los cuales el 76,8% se encuentra por debajo de las 10 hectáreas y sufre serias dificultades en su rentabilidad (INV, 2014). Un intento novedoso de conocer el sector fue el emprendido por los Centros de Desarrollo Vitícola del IN TA dentro de los lineamientos de la Coviar. El trabajo realizado por dicha institución arrojó resultados alarmantes sobre el sector.
Por ejemplo, la elevada edad promedio de los productores, que ronda en los 60 años, indicadora de los problemas de recambio generacional que sufre el campo. Otra característica es el bajo nivel educativo de los mismos, ya que el 51% ha terminado la primaria solamente.
Otro dato relevante fue que el 72,5% no vive solamente de la finca, lo que expresa las serias dificultades de rentabilidad de las propiedades. Y finalmente, el 76,8% declaró no estar integrado formalmente a algún establecimiento vitivinícola (CDV, 2013). En este sentido, existen profundas heterogeneidades entre los productores, situación de la cual las actuales políticas sectoriales no están dando cuenta.
Ejemplo de ello es la aparición de “nuevos productores” extranjeros o de clases medias urbanas que compraron o heredaron alguna finca y se dedican ahora al negocio como “hobby”. O de una minoría que pudo capitalizarse e inclusive comprar más tierras y que explica actualmente el proceso de medianización de las explotaciones. O de productores que persistieron pero ya no viven de la finca y de otros que vendieron parte o toda su tierra para proyectos inmobiliarios o nuevas plantaciones, y que sin embargo siguen viviendo en la zona e identificándose como viñateros.
A su vez, dentro de ellos se pueden establecer diferencias a partir de sus relaciones comerciales: la mitad de ellos se encuentran cooperativizados, los otros, presentan una gran heterogeneidad de situaciones comerciales que van desde la elaboración a maquila, la integración vertical a través de subarrendamientos a bodegas o terceros, la desarticulación comercial y hasta el abandono parcial o total de la finca. Todos estos elementos complejizan mucho más el análisis.
En este sentido, ¿se pueden pensar las mismas políticas y subvenciones para todos por igual? ¿Qué relación hay entre los nuevos productores, los exitosos y los perdedores? ¿Cómo generar proyectos conjuntos con tantos intereses y perspectivas disímiles? ¿Cómo dar cuenta de las diferencias?
Un primer intento de dar respuestas a estas preguntas es partir de pensar un encuadre teórico-político que se centre en los actores y sujetos y de sus posibilidades de generar políticas diferenciadas de participación entre ellos, pero sin desconocer que existen profundas asimetrías y diferentes formas de vida propia de los actores que están fuera y dentro del territorio con lógicas y racionalidad es disímiles.
El sector de los perdedores, que pese a viento y marea persisten, despliega un repertorio de prácticas y acciones cotidianas que buscan dar respuestas locales originales para solucionar sus problemas y puede dar lugar a nuevas oportunidades centradas en la búsqueda de otras regulaciones, a pesar de que aún no han cristalizado en prácticas ni organizaciones colectivas alternativas.
Estas prácticas invisibilidades se basan en los lazos de proximidad social y cotidianidad compartida que entablan los pequeños productores y responden a tiempos más lentos que los que imponen las políticas y dinámicas globalizadoras actualmente. En este sentido la urgencia de la coyuntura no nos tiene que hacer perder de vista el fondo de la cuestión. Quizás las posibilidades comiencen a emerger hablando menos y escuchando más.
