Recientemente, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación cuestionó la labor de la procuradora Alejandra Gils Carbó, a la que acusó, lisa y llanamente, de “politizar” la labor que llevan a cabo los fiscales.
Todo fue en respuesta a recientes nombramientos realizados por esa funcionaria a partir de la sanción por parte del Congreso de la ley que estableció el nuevo Código Procesal Penal, que determina que a partir de ahora los nuevos fiscales generales podrán intervenir en las causas en trámite sólo dependiendo de la decisión de la procuradora General.
A esta inusual reacción proveniente de los Tribunales del país se le sumó la preocupación de la oposición política en general, que en algunos casos ya llega a la instancia de los planteos para someter a la procuradora General al proceso de juicio político que consagra la Constitución Nacional.
La voz de alerta tribunalicia surgió por los nombramientos y sorpresivos traslados que efectuó Gils Carbó a fines de diciembre, acciones a las que se calificó de “peligrosas” y “oportunistas” por no haber respetado los procedimientos establecidos. Voces provenientes del Ministerio Público Fiscal han dado cuenta en los últimos días de que en ese organismo hay una politización nunca vista antes, con estrechos vínculos con el poder de turno, lo cual resulta a todas luces preocupante para el normal funcionamiento de las instituciones, puesto que se trata de un órgano extra poder, que debe ser independiente de toda influencia.
En medio de esta turbulencia hay dos casos puntuales de nombramientos en funciones clave que fueron realizados contradiciendo la reglamentación vigente de regulación del régimen de subrogancias de la Procuración General de la Nación.
La reforma constitucional de 1994 tuvo la intención de crear lo que para algunos es un virtual cuarto poder, con los fiscales, para que éstos tuvieran independencia de los jueces y del poder político. Sin embargo, recuerdan los expertos y analistas del tema, la reglamentación de ese sistema nunca se llevó a cabo en estos 20 años de vigencia de la Constitución reformada. Esto le agrega más gravedad a las criticadas designaciones efectuadas por Gils Carbó recientemente.
Resulta muy grave que estos cuestionados nombramientos, a las apuradas y con fundadas sospechas de connotación política, se hayan realizado cuando, en verdad, la real implementación del nuevo Código Procesal Penal, con su novedoso sistema acusatorio, no llegará a ser concretada durante la gestión del actual gobierno.
Lamentablemente, los hechos parecen dejar en evidencia reiteradas intenciones del kirchnerismo de influir políticamente en el manejo de la Justicia. Fracasó en esa búsqueda cuando movilizó sin éxito la reforma del Poder Judicial, pero ahora parece poner claramente un pie para avasallar a los magistrados.
Los fiscales independientes que ahora realizan estos alarmantes planteos y los jueces federales que cada vez más se rebelan contra la influencia política del Gobierno apuntan, entre otros puntos de vista, a la sospecha de que en su retirada el oficialismo pretende garantizar la continuidad de una justicia adicta que atempere eventuales causas que puedan afectar penalmente a personajes de la actual gestión cuando se encuentren ya despojados de sus fueros.
Una postura similar a la que desde lo partidario se gestaría para asegurarse en las listas de candidatos a legisladores nacionales posteriores votos obsecuentes que permitan desde el año próximo formar otra estructura protectora, en este caso, en el Congreso.
Pocas veces se ha visto en nuestro país una acción avasalladora de uno de los poderes políticos del Estado sobre los jueces y fiscales, encargados de poner el equilibrio que les debe dar la independencia de toda influencia sectorial. Es de esperar que en este año electoral que ha comenzado cese este tipo de acciones, para que la salud republicana de la Argentina no se siga deteriorando.
