Lo sucedido con la paritaria docente y los “anticipos” sobre los planteos que realizarán los restantes gremios que nuclean a los trabajadores del Estado, constituyen una muestra clara sobre el accionar de las distintas asociaciones sindicales.
Porque mientras en gran parte del resto de las actividades, especialmente en el sector privado, los acuerdos se alcanzan a través del diálogo y las medidas de fuerza surgen como última instancia, en el caso de los estatales la situación se da a la inversa, y los paros de actividades suelen utilizarse a modo de presión para lograr los objetivos.
Así ocurrió días pasados, cuando un plenario de los docentes decidió la realización de un paro por 24 horas, con “fecha a confirmar” por parte de la conducción, días antes de una nueva reunión con los miembros paritarios del Gobierno.
El sindicalismo del Estado tiene su historia. Durante décadas formó parte de la CGT nacional y muchos de los actuales dirigentes formaban parte de aquel aparato; algunos sindicalistas, como Víctor De Gennaro (ATE) y Andrés Rodríguez (UPCN) crecieron bajo el ala de Saúl Ubaldini, a quienes el dirigente cervecero consideraba los “jóvenes brillantes”.
Sin embargo, en 1984 hubo un quiebre: De Gennaro, junto al desaparecido Germán Abdala le ganaron las elecciones en ATE Capital Federal a Juan Horvath y todo se modificó. Los nuevos dirigentes comenzaron a cuestionar a la conducción cegetista y conformaron el que en su momento se llamó el Grupo de los 25, mientras políticamente se encuadraban junto a Carlos “Chacho” Alvarez en la crítica al peronismo tradicional. La situación se profundizó durante la gestión de Carlos Menem y la agrupación de ATE se extendió a todo el país. Andrés Rodríguez (UPCN), por su parte, prefirió continuar dentro del esquema de la CGT nacional.
La libertad de agremiación que se produjo durante el kirchnerismo permitió al sindicalismo progresista escindirse de la CGT y conformar su propio espacio, la denominada CTA, la que también sufrió diferencias: una parte se encolumnó tras el gobierno, con la conducción del docente Hugo Yasky, y el resto continuó siendo crítico, alineándose inclusive con los partidos de izquierda, como sucedió en el caso de ATE-Mendoza.
La metodología y la forma de actuar también difieren sustancialmente entre el sindicalismo tradicional y el del Estado. Sucede que mientras al resto de las organizaciones sindicales les alcanza el artículo 14 de la Constitución, respecto del derecho a huelga, el gremialismo estatal le adosa la estabilidad del empleado público, una medida que se estableció para evitar que un nuevo gobierno cesanteara a trabajadores para ocupar esos lugares con gente afín a sus ideales, pero que ha sido tomado como base por la dirigencia para impulsar medidas de fuerza a sabiendas de que, por más huelgas que hagan, no habrá despidos.
El sindicalismo estatal fue ganando espacios y a través de paritarias, especialmente con gobiernos más débiles, logró la modificación de algunos estamentos, como la Junta Calificadora de Méritos o la Junta de Disciplina, en el caso de la docencia, llegándose a la época actual en que ambos organismos son directamente manejados por el sector laboral.
Pero lo más grave en el esquema señalado se centra en las actitudes asumidas por la dirigencia estatal. Sobresale la falta de respeto y en muchos casos la prepotencia para defender sus ideas, sumadas a reclamos de aumentos difíciles de aceptar para quienes tienen a su cargo la responsabilidad de las arcas públicas.
Aunque difícilmente lo hagan, los dirigentes deberían modificar su actitud y reclamar incrementos acordes con la situación del país y de la Provincia, porque lo que realmente está en juego es el dinero que todos los mendocinos aportan a través de sus impuestos.
