En la era de las comunicaciones y de un comercio globalizado, la información resulta fundamental para la toma de decisiones por parte de las empresas. En ese esquema, la función principal de un Estado moderno en el plano de la economía es la de brindar la mayor y precisa información, de manera tal que permita igualar posibilidades en todos los eslabones de la cadena, incluyendo en ellos al más débil, el productor.
Años atrás, un productor norteamericano hacía conocer la forma en que se concatena la información con la producción en ese país. Destacaba que, incluyendo los informes satelitales, el gobierno daba a conocer anualmente cuántas hectáreas y a cuánto podía llegar la producción de determinado producto, aspecto que era completado con la demanda que podía llegar a tener el mismo.
“De esa manera -decía- podemos saber cuántas hectáreas plantar de frutilla, tomate o maíz para consumo humano”, agregando que ese aspecto les ha permitido también funcionar de modo cooperativo de forma aceitada.
“Los productores de frutillas nos concentramos en una misma zona, lo que nos permite saber cuántas hectáreas hay que plantar sin generar sobrestock; comprar semillas y agroquímicos más baratos por hacerlo en cantidad y también reducir los costos de cosecha, evitando inclusive inundar el mercado en determinadas semanas”, expresó, indicando que en algunos de los casos, el respeto de esa situación ha generado que el propio Estado concurra en apoyo a los productores en caso de que, por algún error de información, los productos no hubieran alcanzado los valores deseados. “La nuestra es una economía de libre mercado, pero existe la intervención del Estado en lo referido a la información”, concluyó.
Esa situación podría ser muy bien trasladada a Mendoza, especialmente en lo relacionado con la principal actividad, la vitivinícola. El sector cuenta con un organismo específico, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que ha sido dotado de los elementos más sofisticados y calificados en lo que a tecnología y profesionales se refiere. Luego de los numerosos problemas que se planteaban cuando el INV contaba con un comité técnico que fijaba las políticas en lo relacionado con el grado alcohólico, el índice de color o las fechas de liberación de los vinos en la década de los ’90, el organismo se convirtió en eminentemente técnico, dejando las decisiones políticas a los actores de la industria.
Sin embargo, en los últimos dos años las críticas de los sectores se han multiplicado, especialmente sobre lo que califican de incursión “política” en las decisiones. Durante una reciente reunión de las entidades, incluyendo en ellas a las de Mendoza, San Juan y La Rioja, se dio a conocer un duro documento en el que, en uno de los puntos, se indica que el sector “con información errada se funde y el INV debe responder por los pronósticos errados que promueven la especulación de precios en perjuicio de los productores primarios”, razón por la cual exigen, “en forma inmediata, una auditoría de datos del INV, ante las dudas que se han generado por las cifras publicadas”. En esencia hacen referencia a que, el año pasado, el INV estimó que la cosecha alcanzaría 27 millones de quintales y finalmente se cosecharon 22 millones, y que este año el pronóstico fue de 27 millones y no se llegaría a los 24 millones. En su defensa, desde el organismo se indicó que hubo pérdidas por peronóspora y pudrición, pero en ningún momento se modificó o se advirtió sobre la modificación del pronóstico. Además, en los partes semanales de cosecha, se dejó de publicar la cantidad de uva destinada a mosto, información también necesaria para el sector.
Para evitar cualquier tipo de sospecha, el organismo rector de la actividad vitivinícola debe volver a su origen; a adoptar medidas estrictamente técnicas; a establecer el grado alcohólico que corresponde a la cosecha e informar claramente sobre las existencias; a fijar la fecha de liberación “cuando el vino esté enológicamente estable” y a dejar que las políticas las fijen las provincias, en el caso de la derivación a mosto o la propia industria en el resto de las decisiones. Debe, en definitiva, brindar la información necesaria, sin incursionar o tratar de influenciar en la toma de decisiones.
