El Gobierno Nacional alcanzó un acercamiento con la CGT al avalar que el sector privado otorgue un bono extraordinario de $ 5.000 a pagar en dos partes (noviembre y enero).
Esto generó un fuerte rechazo por parte de la mayoría de los representantes del empresariado local que lo consideraron "difícil de pagar" y como parte de una decisión "inconsulta" del Ejecutivo.
De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio de Producción, el Gobierno impulsará una "compensación" como un modo de recomponer el salario real de los trabajadores, y pese a que los empresarios mendocinos reconocen la pérdida del poder adquisitivo, debido a una inflación que a setiembre alcanza el 37,2% en Mendoza, aseguran que la caída en la actividad económica hará que les resulte difícil pagar el aguinaldo, y mucho más una gratificación de fin de año.
En este sentido se expresó Enrique Tarditi, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), quien señaló que actualmente las empresas se encuentran "trabajando a media máquina", por lo que les será "imposible pagar un bono". Desde su punto de vista "va a ser crítico hasta pagar el aguinaldo, aunque el Gobierno ofrezca canje por impuestos".
No obstante, el empresario señaló que “habrá que esperar la letra chica del acuerdo para conocer el impacto que tendrá para las pymes, que son más de 40.000 en la provincia, con no menos de tres empleados cada una”.
En el sector comercial, Javier Gantuz, presidente de la Cámara de Comercio y Franquicias de la Ciudad, señaló que a pesar de tratarse de un "gran incentivo para el bolsillo del consumidor", algo que podría ser a mediano plazo positivo para aumentar las ventas, "será difícil para el empresariado asumir el compromiso".
Por su parte, Fernando Barbera, vicepresidente de Gastronomía en la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga), comentó que "las empresas están en una situación crítica", aunque expresó que un beneficio impositivo les permitiría pagarlo sin agravar el estado actual del sector. "La forma de pagarlo sería a través de un descuento posterior en IVA o en 931. Eso haría que la plata llegue a las empresas que trabajan en blanco, y no sumarles un costo adicional", afirmó.
Los empresarios de la construcción se manifestaron en la misma línea, Atilio Calzetta, titular de la Cámara de Empresas Constructoras de Mendoza (Cecim) comentó que aunque aún no han recibido un pedido formal del gremio (Ucora). "Será muy difícil que las Pymes de la construcción puedan pagarlo".
Similar fue la opinión del presidente de la filial de Mendoza de la Cámara de la Construcción, Marcelo Bargazzi, quien indicó que "absorber el bono de fin de año será complicado, porque ya se acordaron aumentos escalonados para el sector, con los que terminarán el año cerca del 30%".
Por el sector petrolero se expresó el secretario general del sindicato del Gas y Petróleo Privado de Cuyo, David Castro, quien estimó que no será necesario el bono para ellos porque se alcanzó un acuerdo superador el jueves pasado. Los empleados pasarán a cobrar el salario con un aumento del 20% (a pagar un 10% este mes y otro 10% a partir del 1 de febrero del próximo año), y se está negociando otro 20% para el próximo año.
"Además, en abril se activó la cláusula gatillo, que sumó otro 6%", comentó.
"El bono no nos sirve porque es plata que se da por única vez y que no va a los básicos, por eso hemos preferido negociar con la gente de Gas y de la refinería para lograr un acuerdo superador", cerró el trabajador petrolero.
Pedido para Cornejo
El presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, Daniel Ariosto se mostró especialmente molesto con la imposición del Gobierno Nacional ya que aseguró que "con la caída del comercio y la industria" a los empresarios se les hará "imposible pagarlo".
"No es que la gente no lo merezca, merecen mucho más que $ 5.000, pero el Gobierno Nacional no tuvo en cuenta que el impacto será diferente en Buenos Aires que en el interior del país, en donde los recursos y las posibilidades de venta son menores. Va a generar un efecto adverso de informalidad o una mayor caída de la actividad", consideró.
"Nos reunimos con las siete cámaras más importantes del Interior del país (NOA, NEA y Centro) para buscar una solución. Consideramos que este fue un problema de CABA, con una CGT que amenaza y un gobierno que responde, resuelto allí sin tener en cuenta cómo impactaría en las Pymes del interior. Vamos a pedir una mayor actividad de nuestros legisladores y vamos a solicitarle al Gobernador Cornejo para que interceda él mismo para que se tenga en cuenta la realidad del interior", finalizó.
Opiniones divididas entre los actores del sector vitivinícola
A contramano del resto, el presidente de Bodegas de Argentina, Walter Bressia, se mostró de acuerdo con el pago del bono de fin de año.
"Nos parece que será una ayuda para ellos y hay que afrontarla de alguna forma. Los empresarios tenemos que pensar en la gente que trabaja con uno y el salario del empleado vitivinícola es el más bajo de todos (alrededor de $15.000), entonces es un esfuerzo que las bodegas estamos viendo cómo vamos a afrontar, porque esta situación nos está deteriorando a todos", opinó.
Fue diferente la opinión de Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, quien consideró que la decisión del gobierno nacional de establecer una suma obligatoria sitúa a gran parte del sector de pequeños y medianos productores ante la dificultad y/o imposibilidad de cumplir.
"Dicha suma supone un doble esfuerzo, ya que hace menos de un mes se actualizó el salario para los obreros de viña y bodega en base al compromiso asumido a principio de año", indicó Sosa.
Poca compensación
El salario promedio de la Argentina fue de $ 26.164 netos en setiembre, según el último dato disponible de la Secretaría de Trabajo. Con el aguinaldo, el ingreso anual fue de $ 340.132. A ese monto se llegó con una paritaria promedio del 25%.
Según el Indec, la inflación anual de setiembre fue del 40,5%. Por ello, los salarios perdieron hasta entonces 15,5 puntos. Si los salarios hubieran empatado la inflación, el ingreso anual neto promedio tendría que haber sido de $ 381.056.
Eso significa que un argentino con un sueldo de $ 26.164 netos dejó de percibir $ 40.924 hasta setiembre. El bono, entonces, sólo compensaría 12,22% de lo perdido.
