Las principales entidades empresarias redoblaron ayer su embestida contra la polémica reforma de la ley de Abastecimiento, a la que consideran “intervencionista”, y acordaron que recurrirán a la Justicia para que la declare “inconstitucional”, si el proyecto oficial es sancionado.
El comunicado del influyente Grupo de los Seis (G-6) se cocinó en vísperas del tratamiento del tema en el Senado, donde este mediodía comenzará una maratónica sesión en la que el kirchnerismo confía en dar media sanción a esa iniciativa enviada por la Presidenta.
El debate incluirá otra ley clave para el Gobierno: la del nuevo canje de la deuda pública, que incluirá un cambio de jurisdicción para evitar el bloqueo del pago a los bonos que está bajo legislación extranjera, a raíz del fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa.
El texto lleva las firmas de los presidentes de la Cámara Argentina de la Construcción, la Unión Industrial Argentina, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina.
Considera que la reforma a la ley de Abastecimiento “establece la intervención directa del Estado en la economía y en las empresas, fijando márgenes de utilidad, niveles de stock, canales de distribución, volúmenes de producción y precios, entre otros mecanismos de intervención”.
Luego indica que “estas atribuciones constituyen una violación a la Constitución Nacional, al establecer una delegación abierta al Poder Ejecutivo sin cumplir los recaudos constitucionales contemplados en el artículo 76 de la misma”. A renglón seguido, sostiene que “en este marco, los empresarios instan al Poder Legislativo, además, a tener en cuenta los elevados riesgos que implica esta iniciativa sobre la generación de empleo, la inversión, el crecimiento de la producción y el adecuado abastecimiento”.
Concluyen con una advertencia: “Si pese a ello la misma prospera, las entidades empresarias confirman su irrevocable voluntad de recurrir a las instancias judiciales, que es a quien corresponde garantizar la efectiva división de poderes que aparece claramente vulnerada en este proyecto”.
El encuentro donde se consensuó el documento tuvo lugar ayer por la mañana en la sede de la UIA, la entidad que había hecho punta con la postura de rechazo al proyecto oficial. Fue una reunión breve y, curiosamente, los que más dureza propusieron fueron ex “amigos” del Gobierno, como Jorge Brito (Adeba) y Gustavo Weiss (Construcción). Allí, Carlos de la Vega (Comercio) dijo que si bien se aceptaron los cambios que propuso al proyecto (para flexibilizar sanciones), igual cree que es fuertemente intervencionista.
