Los curas Nicolás Corradi (82) y Horacio Corbacho (56) continuarán detenidos en la cárcel de Boulogne Sur Mer. Ayer, la Justicia decidió no hacer lugar al pedido de la defensa de los religiosos, quienes están imputados por abuso sexual y corrupción de menores sordomudos en el Instituto Antonio Próvolo (Luján de Cuyo) y habían solicitado la prisión domiciliaria.
De esta manera, y hasta tanto comience el juicio por el caso (el martes se sumó una nueva denuncia y ya son 26 las víctimas), Corradi, Corbacho y los administrativos Jorge Bordón, José Luis Ojeda y Armando Gómez continuarán en el pabellón 5 del penal, donde se aloja a los detenidos por violencia de género.
Mientras se desarrollaba esta audiencia en el cuarto Juzgado de Garantías, el Jury de enjuiciamiento hizo lugar a la denuncia del Gobierno y suspendió a quien era el fiscal de la causa hasta ayer, Fabricio Sidoti (ver página 2).
Pese a que en los pasillos de Tribunales destacaban el accionar de Sidoti y la celeridad con que estaba trabajando en el caso, su actuación en el caso del femicidio de Ayelén Arroyo (19) ocurrido en setiembre fue el detonante de su suspensión.
Ante esta situación, el también fiscal de la jurisdicción Maipú - Luján, Gustavo Stroppiana, fue designado al frente de la instrucción de la causa, mientras que el fiscal adjunto Fernando Guzzo -quien venía trabajando con Sidoti desde el comienzo- continuará colaborando.
Tras las rejas
Pasadas las 9.15 de ayer, los curas Corradi y Corbacho ingresaron esposados a la sala de audiencias ubicada en el 3° piso del Palacio Judicial con una fuerte custodia policial (6 efectivos).
Mientras que Corbacho lo hizo con la cabeza y la mirada gachas en todo momento, el octogenario sacerdote llegó y se retiró (o mejor dicho fue retirado) en silla de ruedas. En ningún momento emitieron declaración alguna.
Allí los esperaba la jueza Alejandra Alonso, el fiscal Sidoti y los abogados de la ONG Xumek, quienes se han constituido como querellantes y que acompañaron además a algunos padres de víctimas que quisieron estar presentes en ese momento crucial.
En los pasillos, una nutrida guardia periodística tomaba nota de cada uno de los movimientos. Es que no solo en ese salón se definía el futuro de los dos curas, sino que era la primera aparición pública de los dos imputados luego de que a fines de noviembre tomaran estado público los aberrantes hechos.
La defensa de los religiosos había solicitado que se les otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria, mientras que Sidoti y la querella insistieron con que continúen en Boulogne Sur Mer.
Mientras transcurrió el encuentro, los dos imputados permanecieron en silencio y con las manos juntas en posición de rezo.
Tras más de 2 horas de audiencia, la jueza dispuso un cuarto intermedio y los religiosos abandonaron el recinto -aunque esta vez con la mitad de custodios-.
Pasadas las 13.30, regresaron al salón -esta vez Corradi lo hizo caminando por sus propios medios-, también con custodia policial y con esposas. Y tras una breve deliberación, finalmente se conoció la decisión de la jueza: no hacer lugar a ambos pedidos y que continúen en la Penitenciaría.
Una falta de respeto
“La jueza determinó que continúen en prisión común y los fundamentos se centran en el riesgo de entorpecimiento y en el miedo que tienen las víctimas y familiares. La decisión es acorde a la legalidad y hemos pedido que la cárcel esté en condiciones.
Pero no porque se trate de Corradi y Corbacho, sino porque es algo en lo que insistimos siempre: que las cárceles estén en las mejores condiciones para todos, tienen que ser dignas”, resaltó el vicepresidente de Xumek, Sergio Salinas.
La querella se oponía a la prisión domiciliaria porque consideraban que existe riesgo de entorpecimiento probatorio.
“Es imposible que se la den, hay gente que ha sido amenazada (familiares y víctimas) y hay personas que hoy están en la calle y se negaron a tomar las denuncias en su momento. Toda esa gente volvería a estar en contacto con los curas si se les otorga la prisión domiciliaria”, había destacado Salinas durante el cuarto intermedio.
Cuando se reanudó la audiencia luego del cuarto intermedio, fue Guzzo quien ingresó en lugar de Sidoti en representación del Ministerio Público, puesto que en ese ínterin se había decidido suspender a quien llevaba la causa desde el principio.
La defensa también había solicitado que los curas puedan cumplir la prisión domiciliaria en la sede del instituto (Boedo 385, de Carrodilla).
“Nos parece una falta de respeto que a las víctimas se las deje sin el establecimiento donde puedan continuar con su educación y ellos (Corradi y Corbacho) quieran cumplir la prisión allí”, indicó Salinas.
También los querellantes optaron por poner un manto de sospechas sobre la presencia del más anciano de los curas en silla de ruedas.
“Tiene problemas de tiroides y artritis. Sin embargo, cuando vino para las primeras audiencias subió las escaleras por sus medios. El forense y ahora la jueza han determinado que está en condiciones de seguir en el penal”, destacaron.
“Ojalá que el cambio de fiscal y la feria no dilaten los tiempos de la causa. Sidoti venía haciendo un muy buen trabajo”, cerró Salinas lamentando la decisión del jury.
El caso tiene un nuevo fiscal a cargo
Ya aprobada la suspensión del fiscal Fabricio Sidoti, fue el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, quien anunció a su reemplazante para seguir llevando adelante la causa de los abusos en el Próvolo. Se trata de Gustavo Stroppiana.
“Es un muy buen fiscal, muy preparado, La investigación no se va a retrasar, hay un cambio de nombres nomás. Pero el Ministerio Público es uno solo”, destacó Gullé, quien también destacó la labor del fiscal saliente: “Sidoti es un fiscal tan capaz como cualquiera”.
El adjunto, Fernando Guzzo -quien fue designado por Gullé para acompañar y asistir a Sidoti desde el comienzo- también continuará trabajando con Stroppiana.
“Nosotros no manipulamos nada. Sidoti investigó la causa desde el principio porque estaba de turno y por competencia territorial”, se defendió Gullé ante algunas versiones que indicaban que intencionalmente la causa se le había asignado a Sidoti, aun a sabiendas de que podía aceptarse el pedido al Jury en el medio de la investigación.
En lo que a la causa se refiere, la cantidad de víctimas denunciantes llegó a 26. El martes una chica que había sido citada como testigo confesó haber sido atacada sexualmente por dos de los imputados y todos los días se suma algún detalle nuevo y tenebroso.
Los episodios más antiguos datan de 2005 e incluso hubo una mujer que denunció en 2008 a la Justicia que su hijo fue víctima de abusos.
Sin embargo, en ese momento la causa nunca avanzó y la acusación quedó en nada.
La investigación por presunto encubrimiento de las autoridades educativas (actuales y pasadas) ante estos reiterados ataques sexuales, en tanto, está a cargo del fiscal Hernán Ríos.
