El Indec ha publicado lo que denomina activos externos de los residentes en Argentina; en lenguaje común, los “dólares que están afuera”. El concepto incluye depósitos en cuentas en el exterior, bonos, acciones, moneda en cajas de seguridad, en las viviendas (“dólares en el colchón”), obviamente incluye los euros y alguna otra moneda dura.
Estos recursos están fuera del sistema financiero nacional. Algunas cifras, redondeadas para hacerlas más fácil de leer, impactan. Según el Indec, los activos ascendían a 190.000 millones de dólares a fines del año pasado, a los que habría que sumar unos 12.000 millones en inversiones inmobiliarias.
En 2003, esos activos rondaban los 93.000 millones, es decir que en la “década ganada” se sumaron unos 100.000 más. Sólo desde 2012 se agregaron 23.000 millones. La mayor parte de los activos fuera del sistema financiero no están declarados.
La cifra oficial representa una porción del orden del 50% del PBI, con la aclaración de que es muy difícil saber cuál es el PBI de la Argentina, luego de las enormes distorsiones producidas por la manipulación de las estadísticas de precios desde 2007. Hay especialistas que llevan la cifra de activos en el exterior a más de 300.000 millones y que equivaldrían a un PBI entero. Ahora bien, ésta es la realidad.
A partir de ella las opiniones giran tanto en torno a cómo hacer para que esos recursos se incorporen al circuito financiero, es decir “vuelvan” al país. Más aún explicar, entender por qué se fueron.
Por cierto no faltan los “idealistas generosos” con la plata ajena, que hacen una especie de “reclamo moral” sobre la base de “todo lo que se podría hacer” con esos fondos. Enfrente, algunos “realistas” responden: “Mirá lo que hicieron con los 200.000 millones que ingresó el agro desde 2003”.
Al margen de algunas distinciones sutiles entre ahorro y atesoramiento, el hecho económico trascendente es que para acumular esos activos hay que ahorrar, es decir que parte de los ingresos no se consumen. Este fenómeno económico es muy importante porque si el país funcionara en condiciones normales habría ahorro significativo, aunque insuficiente, para impulsar la inversión y el crecimiento.
La pregunta es por qué esos ahorros están fuera del sistema económico, la mayor parte no declarados. Ambas preguntas tienen, desde hace mucho tiempo, respuestas convincentes. La no declaración de los activos obedece al carácter confiscatorio que ha adquirido el régimen impositivo. En consecuencia, es muy atractivo tratar de eludir o evadir los impuestos.
Declararlos lleva de suyo una importante pérdida para el propietario, nadie quiere que lo expropien. Es llamativo que los repetidos “blanqueos” hayan obtenido tan escasos resultados, incluido el aún vigente con los bonos Cedin. Otro factor importante es qué porción importante de la economía opera en “negro”, de la cual provienen parte de los dólares que se van.
¿Por qué están fuera del sistema tal cantidad de recursos? En nuestro país no hay seguridad jurídica, no se respeta la propiedad privada, la incertidumbre, la desconfianza dominan la actividad económica desde hace más de una década. La historia nos condena. Basta recordar cuántas veces los ahorristas fueron confiscados.
El Plan Bonex en 1989, en 2002 la apropiación de los dólares depositados en los bancos y la entrega de pesos devaluados. Agréguese años de inflación, de destrucción del poder adquisitivo de nuestra moneda. Somos un país donde el peso no cumple una de las funciones esenciales del dinero, ser reserva de valor.
En consecuencia hay que ahorrar en dólares y si el ministro de Economía dice que seguridad jurídica es un “concepto horrible”, ¿qué otra cosa se puede hacer que sacar esos ahorros del sistema? No han faltado entidades financieras que han contribuido a la desconfianza, además de haber estafado a sus depositantes.
Lograr que, al menos en parte, esos dólares vuelvan al país es factible pero ello implica adoptar una política económica opuesta a la vigente. Hay que hacer lo contrario de lo que ha expulsado los dólares. Seguridad jurídica, garantía a los derechos de propiedad, moneda sana, carga impositiva razonable y equitativa, confianza, seriedad y respeto por los derechos y garantías de la Constitución.
