El gremio que nuclea a los docentes privados de la provincia (Sadop) se declaró en estado de alerta y movilización en reclamo del cobro de los sueldos de febrero que parte del sector aún no ha percibido.
Sadop Mendoza hace años que viene exigiendo su participación formal en las paritarias docentes con el Gobierno local, pero hasta ahora sólo puede ir de oyente a las negociaciones: no puede aceptar ni rechazar propuestas. Es decir que el aumento ofrecido por el Ejecutivo al SUTE y aceptado por este gremio de docentes estatales la semana pasada corre para los privados. Pese a esto, no siempre cobran sus haberes en tiempo y forma como sucede con el sector estatal. De ahí la medida de fuerza decretada por el gremio.
"Cuando las escuelas no reciben el subsidio en fecha, los directivos tienen la obligación de asumir el pago de los salarios usando el dinero que reciben de las cuotas y tienen tiempo de pagar los haberes hasta el cuarto día hábil del mes posterior al trabajado. De esta manera, los docentes que no han cobrado aún no tienen la obligación de ir a trabajar porque así lo establecen los marcos legales vigentes. No se trata de un paro si no simplemente de no prestar un servicio por el cual no se paga, es decir que el docente está justificado", señaló María Elina Escot, titular de Sadop Mendoza.
El estado de alerta y movilización se mantendrá hasta que se regularice la situación en todos los colegios. Y se irán tomando medidas de acuerdo a este escenario. “Los padres deberán estar atentos a lo que pase en cada escuela durante la semana que viene”, aregó Escot.
Más allá exigir el pago de haberes en fecha equivalente al sector estatal, el plan de lucha de Sadop también es para reclamar: “el pago del retroactivo del Ítem Radio, el acceso a la carrera docente y al cambio de funciones dentro de cada Institución educativa, la equiparación de Asignaciones familiares nacionales, la equiparación de derechos de los docentes de los Servicios Educativos de Origen Social, que finalicen las recurrentes amenazas de despido por parte de los empleadores y que se termine con las prácticas de trabajo “no registrado” en todas las instituciones educativas, formales y no formales”.