Los resultados de una encuesta realizada a nivel nacional por la Unión Docentes Argentinos son concluyentes: nueve de cada diez educadores no se sienten en condiciones de enfrentar casos de violencia en el ámbito escolar. La consulta, que incluyó a 8.800 docentes, en 18 jurisdicciones, entre las que se encontraba Mendoza, permitió conocer además que 73 por ciento de los encuestados tuvo conocimiento de algún hecho de violencia en el establecimiento en el que trabaja.
Otro dato preocupante es que en casi la totalidad de los casos -92 por ciento- se señaló que se sienten desprotegidos y faltos de herramientas ante estos hechos y que no se encuentran preparados para enfrentar este tipo de situaciones, cuando son reiteradas o extremas, debido a que excede a su formación.
Debemos partir de una base: la violencia escolar no es más que un reflejo de un problema que afecta a toda la sociedad, que no es un hecho nuevo, porque tiene su historia, pero que se ha profundizado durante la última década. Una situación lamentable que los argentinos nos estamos dando “el lujo” de exportar, como lo ejemplifican los enfrentamientos producidos por hinchas argentinos en el Campeonato Mundial de Fútbol, primero contra los brasileños, en el propio estadio Maracaná, y luego contra los chilenos, en las playas de Río de Janeiro.
Es difícil poder establecer cuáles fueron los motivos que han llevado a la actual situación, pero no resultaría extraño tampoco que parte de ello pueda ser el resultado de las actitudes autoritarias y poco propensas al diálogo que surgen de quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos del país.
El hecho claro y concreto es que la violencia se ha instalado en el ámbito educativo y que costará tiempo y esfuerzo poder erradicarla. Es cierto que en muchos de los casos, las actitudes surgen de parte de niños, jóvenes y progenitores que atraviesan preocupantes situaciones económicas y que actúan a modo de reacción ante la carencia de oportunidades. A esos chicos, es cierto, hay que tratar de contenerlos en el ámbito educativo, ya que expulsarlos del mismo contribuiría a profundizar el problema. Pero no es menos real que es necesario establecer algún tipo de medidas que le brinden mayor seguridad al docente y a las autoridades escolares que son quienes, en forma directa, sufren las consecuencias.
Valdría también señalar que también se producen casos de violencia generada por jóvenes cuya situación social no es precisamente la generadora de la reacción, sino que parte de actitudes individuales, o grupales, hacia determinadas personas, especialmente compañeros de colegio, como sucede con los denominados “bullying”, o inaceptables planteos de los progenitores hacia los docentes, llegando inclusive a la agresión y que tampoco cuentan con algún tipo de norma que permita enfrentarlos.
Desde la Unión Docentes Argentinos, la entidad que realizó la encuesta, se señaló que el tema de la violencia debe ser prioritario en la agenda, en razón de que será la única forma en que el proceso de aprendizaje y enseñanza pueda desarrollarse en condiciones adecuadas, a la vez que indica que será una forma también de resguardar la salud física y psicológica de quienes están al frente de un grado.
Pero en la solución definitiva deben participar todos quienes integran la comunidad educativa, partiendo desde las autoridades e incluyendo también a los progenitores. Y la dirigencia política debe aportar lo suyo, buscando alcanzar, en consenso, la solución para morigerar primero y erradicar después este grave flagelo. En el ámbito de la Legislatura se están debatiendo algunos proyectos relacionados con el tema. Resulta valiosa la inquietud, pero hay que seguir trabajando.
