El “caso de los cuadernos” que se encuentra en pleno desarrollo, tendrá consecuencias significativas para el país. Haré una reflexión política sobre lo que sucede y sobre lo que deberíamos hacer en adelante.
Es necesario que la Justicia llegue a los que robaron con privación de la libertad e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un lado y extinción de dominio, que tiene por objeto desapoderar de bienes que, se sospecha, proceden del crimen organizado, la trata de personas, el narcotráfico, el terrorismo o la corrupción de funcionarios.
Aplicar la ley nos hará libres. Existe un concepto que Carlos Nino denominó “anomia boba”, una inobservancia de la ley que nos perjudica a todos.
Para eso necesitamos un compromiso muy fuerte del Poder Judicial con la democracia. Es inadmisible para una sociedad civilizada que la ley sea dura con los débiles e imperceptible con los poderosos.
En lo que concierne a la limitación de allanamientos es un exceso de la ley de fueros, nada debe impedir al magistrado investigar. La necesidad de fueros legislativos viene del derecho anglosajón: en 1397 el diputado inglés Sir Thomas Haxley fue condenado a muerte tras presentar una petición al Parlamento criticando los excesivos gastos del rey, quien lo acusó de traición y pidió su ejecución. El derecho constitucional americano tomó estos antecedentes y los incorporó.
En la Argentina tuvimos situaciones de abuso del Poder Ejecutivo sobre las minorías parlamentarias en el gobierno de Perón con los desafueros de los diputados Ernesto Sanmartino, Ricardo Balbín, Agustín Rodríguez Araya y Atilio Cattaneo, todos fundados en opiniones vertidas en su condición de legisladores. Para evitar este tipo de abusos están los fueros. Los fueros no están hechos para blindar al procesado por corrupción.
Me preocupa la lentitud y la poca voluntad de quienes tienen que investigar actos de corrupción; me preocupa porque muchas de ellas se activan tras investigaciones periodísticas.
Otro problema visible es la opaca relación entre los servicios de inteligencia y la Justicia Federal. Necesitamos transparentar ese vínculo, institucionalizarlo, ponerlo al servicio del bien común y no de operaciones políticas.
No dejo de pensar que la valiente tarea de denunciar se produce cuando el delito ya se realizó, hacia adelante necesitamos prevenir. Ha pasado un tiempo prudente para evaluar los resultados de la Auditoría General Nación, que surgió como un ente de control externo. Lo mismo sobre el papel de la Sindicatura General de la Nación, que coordina los sistemas de control interno y la aplicación de las normas de la Contaduría General de la Nación.
Otro debate impostergable debe darse sobre el Consejo de la Magistratura, pensado en la Constitución para dar mayor transparencia al nombramiento y juzgamiento de magistrados. El constitucionalista Daniel Sabsay hizo una advertencia: “Crea un riesgo respecto de la independencia del órgano judicial, máxime cuando su integración sólo está esbozada en norma, pero será objeto de regulación legal y, como tal, voluble de acuerdo con los cambios que se produzcan en el espectro político”.
Debemos impulsar en la agenda pública estos temas y alcanzar acuerdos. Así como la ciudadanía exige con contundencia “que devuelvan los que se la llevaron” debe también exigir más controles. El futuro nos impone mejorar.
