El plan progresivo de quita de subsidios y el aumento de las tarifas afecta a todos los usuarios residenciales de Mendoza, pero también perjudica el normal funcionamiento del sector empresario.
En el último año, según representantes de diferentes sectores económicos, la incidencia del costo de los servicios públicos se ha duplicado y en muchos casos el pago de las boletas se volvió una misión "casi imposible".
El comercio, por ejemplo, se ha visto doblemente afectado, porque no solo debe enfrentar las subas de tarifas, sino que además sufre por la retracción del consumo.
Así mismo han tenido inconvenientes empresas de metalmecánica, constructoras, bodegas, hoteles y muchos otros rubros.
Para comprender el impacto que los aumentos tarifarios han tenido sobre la economía mendocina, se deben repasar todos los incrementos del último año, tanto los de carácter nacional, como los de índole provincial.
Uno de los incrementos que más les ha costado asumir a los empresarios es el de la luz. Sólo en el último año se registraron tres incrementos fuertes autorizados por Nación y cuatro más pequeños aprobados por el Gobierno de Mendoza.
A comienzos del año pasado, en febrero, el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, anunció un aumento sobre el Costo de Abastecimiento, uno de los tres ítems que componen la factura, junto con el Valor Agregado de Distribución (VAD) y los impuestos.
El incremento tuvo un impacto distinto de acuerdo a la categoría de cada usuario, pero la mayor parte de la población debió enfrentar una suba de 37% en sus boletas.
El mismo ítem volvió a subir en noviembre de 2017 y febrero de 2018, provocando aumentos de las facturas de 16% y del 11% respectivamente.
Esos fueron los tres incrementos de la luz autorizados por el Gobierno Nacional en el último año, pero los usuarios del servicio eléctrico de Mendoza además debieron enfrentar las subas del VAD, cuya regulación depende del Gobierno Provincial.
En marzo y junio de 2017 ese ítem aumentó 8,75%, completando el cronograma de incremento decretados por el ex gobernador de Mendoza Francisco Pérez, justo antes del fin de su mandato.
Luego, la administración actual decidió aplicar dos subas más, una de 6% en julio y otra de 12,5% en noviembre del año pasado.
Esta última, según estimaciones del Ente Provincial Regulador Eléctrico (Epre), tuvo una incidencia promedio de $ 116 sobre la factura de 60% de los usuarios residenciales de Mendoza, pero para los grandes demandantes las subas fueron mucho más significativas.
El impacto de la luz
Para las empresas no fue fácil adaptarse a las nuevas tarifas. Tanto fue así que, luego de incontables reclamos, la Nación otorgó un beneficio de tarifa diferencial a 300 empresas manufactureras consideradas “electro-intensivas” y “ultra-intensivas”.
El beneficio se oficializó en mayo del año pasado, pero muchas compañías quedaron fuera de esa consideración y sus cuentas empezaron a tambalear.
Uno de los casos más conocidos fue el de Globe Metales, que se vio obligada a disminuir su producción y apagar temporalmente sus hornos.
Finalmente, cinco meses más tarde, el Gobierno reconoció a la mayor fábrica de ferroaleaciones como electro-intensiva y la compañía pudo recuperarse.
También empresas del sector comercial denunciaron dificultades para subsistir con las nuevas tarifas de luz. Marcelo Quercetti, presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza, explicó que "hasta octubre de 2017 muchos hoteles de Mendoza recibían facturas de luz de $ 40.000, pero tras los incrementos de noviembre y febrero los montos ascendieron a $ 100.000 o más".
Tampoco estuvo exento de problemas el sector agrícola, ya que muchos productores hacen uso del servicio eléctrico para cumplir con sus tareas de riego.
La situación llegó a ser crítica para muchos regantes, por lo que el Gobierno Provincial decidió mitigar el impacto del "tarifazo" aumentando un 50% el presupuesto para el Fondo Compensador de Tarifas, que pasó de $ 60 millones a $ 90 millones.
Además se puso sobre la mesa la posibilidad de que se efectúe el pago de las boletas emitidas entre diciembre y febrero en dos, cuatro o seis cuotas.
Desde la Federación Económica de Mendoza (FEM) reconocieron la “buena voluntad de los funcionarios locales”, pero advirtieron que “la situación económica de muchos productores sigue siendo alarmante".
Por ese motivo, las autoridades de la FEM, en conjunto con los directivos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se reunieron esta semana con funcionarios nacionales para buscar un nuevo paliativo.
“Por ahora sólo se habla de los pagos en cuotas, pero es necesario que se implementen otras medidas para que los productores puedan subsistir. Junto a CAME estamos dialogando con el Gobierno Nacional para que proponga una solución definitiva.
Raúl Aruani, gerente de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas Frescas de Mendoza (Aspeff), también se refirió a la incidencia de la tarifa eléctrica sobre el riego agrícola.
"La suba de la electricidad afecta tanto a productores grandes como a chicos. Hasta 2016, el riego representaba entre el 5% y el 6% del costo de producción de la uva. Hoy, tras los aumentos de 2017 y 2018, la incidencia llega al 15%”, alertó.
"En Valle de Uco hay productores con mucha superficie que para regar necesitan utilizar bombas de 100 caballos de fuerza. Esos productores están pagando facturas que van de los $ 180.000 a los $ 200.000. Previo a los incrementos el monto facturado no alcanzaba las seis cifras. De igual manera se ven afectados los productores chicos, que quizás reciben boletas de $8.000, pero tienen las mismas dificultades para pagarlas", señaló.
Ángel Leotta, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), coincidió respecto a la situación delicada del riego agrícola y se refirió también a la situación particular de las bodegas. "Los costos se dispararon con los aumentos tarifarios", lamentó.
“Desde Coviar estamos haciendo un estudio exhaustivo sobre el impacto de las facturas de luz en las bodegas, analizando cómo están encuadradas, qué consumo hacen, qué capacidad contratada tienen y si cuentan con medición de potencia o no. Con toda esa información buscaremos las formas de hacer más eficiente el trabajo en cada establecimiento, pero también tendremos herramientas para pedir al Gobierno Nacional que se hagan cambios que minimicen la incidencia del servicio eléctrico sobre los costos. Un reclamo que haremos, por ejemplo, es que se haga una revisión del sistema impositivo. Se están cobrando impuestos que no deberían existir y la carga tributaria es demasiado alta”, concluyó Leotta.
Los aumentos del gas
Las subas de tarifas también se hicieron frecuentes para el servicio del gas. El primer aumento del último año llegó en abril de 2017, cuando el ministro Aranguren anunció un aumento promedio de 24% para todo el país. En Mendoza, el ajuste fue de 30% para la mayoría de los usuarios.
Lejos de quedarse quietas, las boletas de gas siguieron subiendo. En diciembre de 2017 el Gobierno Nacional autorizó un aumento de 39% sobre las facturas y en abril de 2018 comenzó a regir una nueva suba de 30%.
Un dato positivo es que, junto con la suba de abril de 2017, el Gobierno Nacional modificó favorablemente los umbrales para los usuarios de Mendoza.
Así, muchos clientes bajaron de categoría y pudieron "amortiguar" el impacto de los aumentos. Sirve de ejemplo un usuario que tenía un consumo bimestral de 1.500 m3.
Antes, ese hogar pertenecía a la categoría R3.2, pero luego de aplicarse la modificación pasó a la R3.1, que por supuesto paga un valor más bajo que la de mayor consumo.
Sin embargo, el cambio no aplicó para comercios y grandes demandantes, por lo que los empresarios debieron enfrentar los incrementos sin atenuantes.
Uno de los rubros más afectados por los aumentos registrados sobre ese servicio fue el metalmecánico. Pedro Bizzotto, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet), explicó que alcanzaron montos altísimos las facturas de las fundiciones que funcionan a gas.
“Algunas usan hornos eléctricos, como Globe Metales, pero otras tienen hornos que funcionan a gas. En ambos casos los incrementos de tarifas tuvieron impactos muy grandes”, comentó.
El empresario se mostró comprensivo respecto a la política de quita de subsidios y el aumento de tarifas, pero advirtió que el contexto económico general compromete la capacidad de todos los sectores económicos para resistir a los aumentos.
"Todos los rubros se están desarrollando con una carga laboral que supera al resto de los países de la región, con una presión impositiva extremadamente alta y con tasas de financiamiento inaccesibles”, apuntó.
“Todo eso conforma un combo de elementos que aleja a cualquier empresa de la posibilidad de ser competitiva. Por eso pensamos que en todos los servicios debe existir una tarifa diferencial para el sector productivo”, agregó el presidente de Asinmet.
Coincidió con esa lectura Ángel Leotta, de Coviar, quien opinó que "a nivel macro existe un escenario de alta presión impositiva y laboral, lo que se agravó en el último año por los aumentos tarifarios.
Javier Allub, presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), se mostró de acuerdo respecto a la necesidad de una tarifa diferencial para el sector productivo, pero opinó que sólo debería aplicarse para los rubros más comprometidos con sus costos.
“Hay sectores que dependen mucho más que otros de la luz o el gas y hay muchas empresas o productores que realmente no pueden pagar sus facturas. Para ellos deberían persistir los subsidios”, comentó.
“El resto tiene que aprender a adaptarse. El aumento de las tarifas duele y nos afecta a todos, pero es necesario. Hasta hace unos años no había conciencia del alto consumo porque se pagaba muy poco por luz, gas y agua, pero hoy la situación es otra. De a poco cada empresa irá haciendo sus ajustes para poder crecer en este nuevo escenario”, apuntó.
Asistencia del Gobierno
Atendiendo a los reclamos de los empresarios, el Gobierno de Mendoza ha desarrollado diferentes planes para asistir a los casos más delicados en relación al costo de las tarifas, como las acciones mencionadas para el riego agrícola.
Guillermo Cruz, subsecretario de Industria y Comercio de Mendoza, contó que hoy el Estado Provincial está avanzando con un programa de eficiencia energética junto al Instituto de Desarrollo Industrial Tecnológico y de Servicios (Idits).
“Estamos haciendo estudios de las formas de contratación de energía para buscar una mayor eficiencia en las empresas. Además, estamos haciendo capacitaciones de personal para que aprendan a hacer un uso eficiente de los recursos. Las empresas tienen acceso gratuito a esos beneficios. Por ahora arrancamos en la Zona Sur de la provincia, pero nos extenderemos a todos los departamentos”, comentó.
“Por otro lado, como una segunda etapa del mismo plan, ofrecemos estudios de eficiencia energética específica para cada caso particular. Para ello ponemos profesionales a disposición de los empresarios. Se analizan cuáles son las mejoras que se pueden hacer, principalmente desde el punto de vista tecnológico”, continuó.
“Para brindar facilidades al acceso a la tecnología que permite un consumo más eficiente, el Gobierno Nacional, junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el BI CE y Cuyo Aval, lanzó una línea de crédito con una tasa de interés del 12% anual”, concluyó Cruz.
Incrementos programados
A principio de año se hicieron las audiencias públicas y esta semana el Ente Provincial del Agua y Saneamiento anunció los aumentos que tendrá el agua durante este año para los usuarios de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam).
Desde el 1 de abril, las boletas por los servicios de agua y cloaca subieron 30%. Posteriormente se aplicará una suba de 12% en junio, 12% en agosto, 12% en octubre y 12% en diciembre. En total, el incremento acumulado entre abril y diciembre será de 78%.
Para la mayoría de los usuarios residenciales eso representará un aumento de $ 229 en sus facturas. De acuerdo a datos suministrados por Aysam, hoy la boleta promedio es de $ 294 y en enero de 2019, tras concretarse las subas escalonadas, alcanzará los $ 523.
En principio la suba del agua no tendría un impacto significativo sobre las diferentes actividades económicas, pero los empresarios consultados coincidieron en que "definitivamente contribuirá al incremento de costos, que ya es muy difícil de sostener".
