Los incidentes de tránsito mantienen, lamentablemente, su producción alta en nuestra provincia, y lo que es peor el número de fallecidos por esta causa es preocupante.
También están los que sufren lesiones invalidantes permanentes o temporarias
Se ensayan distintas medidas y procedimientos para tratar de atemperar esta desgracia que ocurre en nuestras calles y rutas, pero todavía no encontramos los resultados esperados, que no son ni más ni menos que salir de un destino y llegar a otro sin mayores consecuencias, sanos y salvos.
Las causas y posibles remediaciones sobre este asunto -la accidentología vial- las hemos considerado innumerables veces en esta sección.
Un número importante de estos percances es de carácter inevitable y constituye parte del riesgo inherente a toda actividad humana. El resto sería perfectamente evitable si las condiciones del sistema fuesen distintas. Sin embargo, modificar estas condiciones tiene un costo importante, por lo que surge una vez más el dilema de los recursos escasos, particularmente en países en vías de desarrollo.
Los Andes trató recientemente (ver DLA 28/julio/2019, pág. 2) un costado pertinente de la realidad traumática del tránsito, y es la de los costos que debe atender el Estado para hacer frente a los gastos que vienen después de la colisión.
Un cálculo del Ministerio de Salud local estima que durante el año pasado (último relevamiento disponible), cuatro hospitales públicos gastaron $ 160 millones para atender en terapia intensiva, y luego rehabilitar, a los heridos graves. En otras palabras, un promedio de $60 mil por día y por cada accidentado.
La nota de este matutino describe, sobre la base de un informe oficial, cómo enfrentan estas realidades los principales hospitales mendocinos. El Central (el que más casos graves recibe) y los nosocomios Luis Lagomaggiore, José Néstor Lencinas (que atiende en sus dependencias las rehabilitaciones) y Teodoro Schestakow (en San Rafael).
Todos estos efectores están en el frente de batalla y muy bien dispuestos, en la mayoría de los casos, a asistir las emergencias disponiendo de profesionales médicos, auxiliares de la salud y los recursos materiales pertinentes. Ponen, en una palabra, todos los medios para minimizar el dolor y el quebranto de los pacientes (cuando están conscientes) y calmar la angustia de los familiares.
Y está muy bien que así ocurra en el cometido de brindar la mejor respuesta en situaciones donde los minutos son de oro y se debe maximizar el bienestar social.
Volvemos a insistir que en cuestión de vidas humanas no debe repararse en costos. Un observador crítico de la realidad en materia de accidentes de tránsito, el abogado Eduardo Bertotti, sostiene que "lamentablemente ni dedicando todo el PBI a prevención de accidentes se tendría la certeza de poder reducir a cero los accidentes fatales, por lo que fácilmente se desecha la idea de no reparar en costos".
Resulta entonces más que evidente el enorme costo que representa la enfermedad social de los accidentes viales para nuestro país.
Entonces, lo que la sociedad está reclamando es el esfuerzo de cada ciudadano o ciudadana al poner en marcha un automotor y que a partir de ese sencillo acto, mentalmente se disponga a no poner en riesgo su vida ni la de los demás con un manejo defensivo. Un significativo número de siniestros viales pueden ser evitados, y ni que hablar de los que se producen por manejar con niveles altos de alcohol en sangre.
Una situación ideal sería entonces disponer del sistema de salud a pleno en los sucesos realmente accidentales, y tener la esperanza de que los que se ocasionan por imprudencia, alta velocidad y faltas graves, se produzcan cada vez menos.
