El Congreso avanzó levemente en el combate contra la corrupción enquistada en la dirigencia argentina desde hace décadas. Se trata de una pelea que alguna vez debe dar la clase política honesta y seria. Siempre hay un primer paso.
Sólo una cláusula constitucional, que siempre debe ser respetada, impidió que el diputado Julio De Vido perdiera su lugar en la Cámara baja y pasara a tener liso y llano trato con la Justicia, que con lentitud y algún remoloneo lo investiga en numerosas causas que generó su paso por el Estado como ministro de los presidentes Néstor y Cristina Fernández de Kirchner durante doce años. El requerimiento de una mayoría especial de dos tercios de los votos le sirvió al kirchnerismo, que lo apañó con adhesiones de otros sectores partidarios cercanos ideológicamente, para evitar que el cuestionadísimo ex funcionario perdiese su banca, como hubiese correspondido si se cumpliera con preceptos de la ética política que rara vez son tenidos en cuenta.
Es lógico que el resultado de la votación de la sesión del miércoles último deje a muchos que anhelan que la corrupción tenga una fuerte derrota judicial y política en la Argentina una sensación de vacío notable. Es que resulta indudable que la permanencia de De Vido en su banca del Congreso expresa el terrible nivel de protección que tiene vigencia en la política argentina hacia todos aquellos personajes vinculados con hechos irregulares y delictivos en el manejo del Estado.
El extenso debate previo a la votación en la sesión especial del miércoles también sirvió para que se advirtieran argumentos totalmente opuestos. Mientras desde las bancas de los sectores partidarios que promovieron la salida del legislador se reiteraron ejemplos de cómo fue el mal manejo de recursos que llevó a que el ex hombre fuerte de la administración kirchnerista quedase inmerso en más de un centenar de denuncias, numerosas causas judiciales y varios procesamientos, de parte de los legisladores que lo defendieron se apuntó más hacia supuestas persecuciones políticas que a una defensa concreta de lo que fue la gestión de De Vido.
El propio legislador y ex ministro, en su intervención en el debate, no mostró mayores argumentos de defensa sobre los hechos por los que se lo imputa en la Justicia. Se apoyó más en la estrategia de sentirse víctima de ataques políticos interesados y persecuciones marketineras y se amparó en las potestades de los gobernantes que lo designaron y ratificaron en su cargo y en mandatarios provinciales e intendentes que durante más de una década lo acompañaron en su derrotero y que, obviamente, se beneficiaron con la distribución de recursos que se efectuó desde la súper área que condujo con poder discrecional.
Pero, lo más rescatable de la maratónica sesión es que claramente la ciudadanía argentina pudo comprobar quiénes son los que corporativamente contribuyen desde la función que ocupan por voluntad popular para que la impunidad siga reinando en las estructuras de poder y decisión de la Argentina. No sólo los argumentos vertidos en el recinto, sino, también, la votación nominal final, que permite saber quiénes tuvieron una u otra postura, desenmascara a quienes prefieren seguir priorizando intereses sectoriales o de grupos por sobre los de toda una nación.
Conocer a los que avalan la impunidad ya es un avance en nuestra golpeada república.
