Los actuales gobernantes, en especial los del Poder Ejecutivo, culpan a la Justicia del poco avance que existe en los temas de corrupción. Es más, el nuevo ministro de la Suprema Corte de Mendoza, Dalmiro Garay, en declaraciones previas a su asunción hizo hincapié en los pocos resultados que ha tenido la Justicia al respecto.
En mi humilde opinión entiendo que los corruptos son los ladrones de guante blanco -"crímenes no violentos cometidos por profesionales de negocios y gobiernos con motivos financieros" -y que las responsabilidades de esta lentitud no solo le caben al Poder Judicial, sino también a los otros poderes y a los organismos extra poder, por lo que si no se hacen ciertas correcciones es difícil que mejore algo. Y entonces la impunidad seguirá reinando.
Los primeros responsables de la falta de hechos concretos contra la corrupción son el Poder Ejecutivo y la Legislatura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, han sacado una ley -8.993- para investigar irregularidades administrativas que pueden devenir en hechos de corrupción, pero esta ley no regula la posibilidad de la denuncia anónima, como sí lo hace la ley nacional para el funcionamiento de la Oficina Anticorrupción y como lo hacen también la mayoría de los países.
La única posibilidad de denunciar que da la ley es la de la denuncia firmada. Por lo tanto, que alguien me explique quién va a jugarse el pellejo propio y de su familia denunciando hechos corruptos, sobre todo de funcionarios que actualmente ejercen el poder. Si no pregúntenle al contador Monetti cómo le fue con la denuncia que hizo en el tema Vale Más.
Por el contrario, en la Nación vemos que a través de la denuncia anónima grandes personajes como el “Pata” Medina, Gils Carbó, el “Caballo” Suárez, Marcelo Balcedo y otros están siendo investigados o procesados por sus manejos oscuros de dineros públicos o ajenos.
Otra diferencia es que en el orden nacional existe una gran colaboración de información por parte de los lugares donde los corruptos reinaban, lo que permite avanzar en las investigaciones.
Que se sepa, en Mendoza las autoridades a veces tiran la piedra pero después silencio de radio.
Se supone que los actos corruptos denunciados penalmente han causado un daño al erario público, lo que impone que ya sea la Provincia o la Fiscalía de Estado debieran constituirse en querellantes para impulsar esos procesos. Y colaborar con los fiscales aportando la prueba que justifica la denuncia para la pronta resolución del caso.
¿Lo hacen? Habría que preguntarles porque les aseguro que el éxito de una investigación -si la denuncia es seria- está en el continuo seguimiento de la causa, a fin de que no se pierda la prueba o prescriba la causa, como sucede en la mayoría de los casos.
Un ejemplo claro de esta situación es la causa Mattar-Cazabán, donde están en juego muchos millones de pesos por uno de los temas más sensibles a la corrupción: la publicidad o pauta oficial. El proceso penal lleva varios años; ¿qué pasa?, ¿alguien sabe en qué estado está la causa?, ¿ha tenido un razonable avance?, ¿la Legislatura ha pedido informes?, ¿el Estado provincial o la Fiscalía de Estado se han constituido en querellantes?
Pareciera que el tema de la corrupción sirve solo cuando se es oposición a fin de denostar al que gobierna, ya que una vez en el gobierno solo se discursea echándole la culpa a la Justicia. Pero salvo algún espasmo republicano, no aparecen muchos aportes para que la Justicia avance; es más, nos da la sensación a muchos ciudadanos de que se utiliza la información como moneda de cambio; carpetazo, le dicen.
Si la Legislatura no genera herramientas como la denuncia anónima o la figura bien regulada del arrepentido con la debida protección, y el Poder Ejecutivo y todas las reparticiones no aportan buenas pruebas, la lucha contra la corrupción será una quimera.
En lo que le toca al Poder Judicial, en mi opinión, el mismo padece de una carencia que si no se la cura, como pasa con la salud, es difícil que nos sanemos o por lo menos nos mejoremos de la corrupción.
Nuestros jueces penales gozan en su mayoría de un buen conocimiento de lo que son los delitos, del derecho penal, pero no manejan por formación el derecho administrativo.
En general los delitos de corrupción de los gobiernos en sus tres poderes se caracterizan por ser de guante blanco. Esto significa que a través del poder usan la ley para el beneficio propio, para el beneficio de unos pocos o de su partido político; robo para la corona, le dicen,
De allí que, si los fiscales o jueces no tiene un buen asesoramiento jurídico y contable en materia administrativa, difícilmente puedan avanzar en una buena investigación.
Valgan como ejemplos los vericuetos que puede presentar una licitación pública, una compra directa, casos de nepotismo, los ñoquis, los sobreprecios, las relaciones entre funcionarios y contratistas, cómo se demuestra un retorno, etc., etc.
Me parece que no hay mucha voluntad política de las autoridades del Poder Judicial para este tipo de apoyo.
Por último, está la gran causa de la impunidad: el entrevero político de los órganos de control y el Poder Judicial con los otros poderes y partidos políticos, donde cunde el intercambio de favores, los pases de facturas y los muertos que todos tenemos en el placar.
Los hechos así lo demuestran: tanto el gobierno anterior como el actual pareciera que se han puesto de acuerdo en cómo proceder.
Partamos de la base de que estos cargos son elegidos por unos pocos: el gobernador y su tropa del Senado.
El resultado es que siempre recae el nombramiento en uno del palo que, salvo prueba en contrario, carecerá de la independencia que exige el sistema republicano de nuestra Constitución. Lo sugiere el sentido común, ya que pasan de ser generales de su partido a controlar otros poderes, pero parece que el sentido común no existe más.
La mayoría acepta esta anemia republicana porque nadie dice nada con la fuerza necesaria, ni los medios, ni las universidades de Derecho, ni el Colegio de Abogados, ni los legisladores, etc.
Da la sensación de que todos están de acuerdo en que la independencia que debe tener una persona que ocupa esos cargos no es importante. Pero por ahí el equivocado soy yo.
Miren la similitud: el actual gobierno y el anterior nombraron un miembro del Tribunal de Cuentas. Ambos contadores -según los propios dichos de los distintos gobernadores- eran de su plena confianza.
Los dos gobiernos propusieron a legisladores propios para cubrir órganos de control como son el auditor de la Ley de Ética Pública y el fiscal de Estado.
Y cierra esta coincidencia que ambos gobiernos colocaron al ministro más político, el de Gobierno, en la Suprema Corte, lo que nos muestra cómo está la institucionalidad mendocina.
Conclusión: a pesar de los frondosos discursos políticos sobre la corrupción, de acuerdo al lado en que les toca estar, oficialismo u oposición, la clase política que ha gobernado hasta ahora ha actuado siempre igual.
Por eso creo que si no se hace algo para cambiar, los corruptos -que son los ladrones de guante blanco- seguirán impunes.
Porque entre bueyes no hay cornadas, solo ruido publicitario.
