Luego de un breve lapso de tranquilidad política al haber elegido a la jefa departamental, Santa Rosa volvió a ser noticia al conocerse una ordenanza emitida por el concejo deliberante que establecía que los cargos públicos en la comuna eran "hereditarios". Por supuesto y, dentro de la necesaria coherencia, la intendenta procedió a vetar la medida.
El departamento comenzó a lograr mayor trascendencia en los últimos tiempos cuando las autoridades comunales permitieron la instalación de una "sucursal" de la feria de La Salada. Con posterioridad el ex intendente electo, Sergio Salgado, debió ser suplantado luego de su arresto, acusado de corrupción y hasta las elecciones realizadas para completar el mandato tuvieron trascendencia en razón de que finalizaron siendo definidas por dos candidatas mujeres. En este último caso, el triunfo correspondió a la candidata de Cambiemos, Norma Trigo, aunque, por diferencias internas en la agrupación política ganadora, el concejo deliberante quedó presidido por una edil de la oposición, Mónica Astorga, del Frente para la Victoria.
Hay antecedentes sobre este tipo de situaciones políticas. Vale recordar que en 1983, en la recuperación de la democracia, los intendentes se elegían de manera indirecta. En ese entonces en Santa Rosa dos electores correspondían al PJ, dos a la UCR y uno al PD. Orlando Molina Cabrera, presidente provisional del Senado, viajó al departamento para intentar convencer al candidato radical de que aceptara que el cargo le correspondería al PJ por haber sacado mayor cantidad de votos, pero en ese viaje el legislador tuvo un accidente en el que perdió la vida.
Ahora, el actual concejo deliberante aprobó un proyecto de ordenanza que establece que, en caso de jubilación o fallecimiento de un empleado municipal, la comuna garantice para alguno de sus familiares directos un puesto de trabajo dentro de la planta de personal. La iniciativa corresponde a un edil justicialista, en la intención de "mantener la calidad de vida de la familia del municipal", pero fue inmediatamente vetada -en una actitud absolutamente coherente- por la jefa del Departamento Ejecutivo, la intendenta Norma Trigo. La resolución del cuerpo de ediles tuvo trascendencia nacional y hasta el propio Jorge Lanata la calificó de "increíble" y "algo idiota", mientras desde los distintos sectores políticos salieron a criticar la iniciativa, entre ellos el propio candidato a diputado nacional por el PJ, Omar Félix, mientras el gobernador de la Provincia salió en apoyo de la jefa departamental respecto del veto.
Los "representantes del pueblo", elegidos por el voto popular tienen que entender que la responsabilidad que les deposita la ciudadanía es muy grande y que deben anteponer el bien de la comunidad por sobre los intereses personales o demagógicos, sea cual fuere el lugar en el que deberán cumplir sus funciones. Actuar de manera diferente, anteponiendo la política partidaria a los intereses del Estado es engañar al electorado y esa mentira es rápidamente detectable.
Por otra parte, si la intención del edil fue asegurar una fuente de trabajo para una familia en un departamento con escasas posibilidades de absorber mano de obra, podría -tanto él como sus pares- haber dedicado su tiempo a favorecer las condiciones para que en la zona se instalen emprendimientos que permitan la ampliación de fuentes de trabajo, en beneficio de toda la sociedad.
