Los funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo están obligados a presentar declaraciones juradas de bienes, declaraciones que son públicas y pueden consultarse on line.
Esa obligatoriedad también alcanza a subcomisarios, comisarios, comisarios inspectores y comisarios generales; sin embargo ninguna es pública, salvo los que ocupan cargos en el Ministerio de Seguridad.
El artículo 43 de la ley 6.722, de Policías de Mendoza, ordena en el inciso 23 que los efectivos están obligados a “presentar y actualizar las declaraciones juradas de sus bienes con las variaciones que se produjeren”.
El decreto 2.920 reglamenta la Ley de Policías. En el artículo 17 se recorta esa obligación: “El personal policial comprendido entre los grados de Subcomisario y Comisario General deberán presentar una declaración jurada en los términos, formalidades y características que mediante resolución ministerial se establezcan”.
El tema cobró relevancia cuando empezaron los pases a revista pasiva de varios altos jefes policiales en el gobierno de Alfredo Cornejo.
Los organismos de control empezaron a preguntarse sobre las declaraciones juradas de bienes.
Hasta ahora, el resumen de la situación patrimonial de los policías, al que cualquier ciudadano puede acceder, es el que consta en el sitio web de Fiscalía de Estado. Allí sólo se consignan las declaraciones juradas de comisarios que han sido nombrados jefes de algún área policial, como jefes distritales de la Policía de Mendoza e incluso el propio jefe máximo del cuerpo, actualmente director general de policías Roberto Munives.
El resto de los efectivos de los grados máximos, que pueden tomar decisiones sobre bienes y recurso humano pagado por el Estado, están en otro régimen de declaraciones juradas, uno con acceso vedado al público. Los uniformados la presentan en la Inspección General de Seguridad (IGS).
La ley 6.722 fue sancionada en octubre de 1999, a la finalización del Gobierno de Arturo Lafalla y a un año del levantamiento policial que provocó el acuerdo entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria llamado política de Estado en Seguridad. El decreto reglamentario 2.920 fue firmado por Roberto Iglesias al inicio de su mandato, en diciembre de 1999.
Para esa época las leyes de transparencia empezaban a tomar trascendencia pública. El primer antecedente para la publicación del patrimonio de funcionarios fue incluido en la Constitución Nacional del ‘94, dónde se estableció que el Congreso debía sancionar una ley de ética pública. El segundo antecedente es la sanción de la ley nacional 24.759, ratificación del Congreso Nacional de la Convección Interamericana contra la Corrupción. En esa convención Argentina firmó compromiso nacional de avanzar con legislación anticorrupción, que incluye la publicación del patrimonio.
El siguiente paso fue la ley nacional 25.188, de ética en la función pública, sancionada el 29 de setiembre de 1999. En esa ley se crea la Oficina Anticorrupción (OA) y se establece la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas de bienes a todos los funcionarios nacionales en esa dependencia. Según la ley, las rendiciones patrimoniales son de acceso público.
La provincia de Mendoza recién llegó a tener un sistema de presentación de declaraciones juradas el año pasado, por el decreto 1.789 de octubre de 2015. Al ser por decreto, inicialmente la obligatoriedad pesaba sobre los funcionarios del Poder Ejecutivo provincial; pero con el correr de los días Legislatura adhirió a la normativa y luego fue la Suprema Corte que estableció su propio sistema en la Acordada 27.381 del 8 de junio pasado.
Los jefes policiales son funcionarios del Poder Ejecutivo, de hecho, según la Constitución provincial el Gobernador es el jefe de la Policía de Mendoza, por lo que en Fiscalía de Estado entienden que también deberían presentar su declaración jurada de bienes y hacerla pública.
El titular de la IGS Marcelo Puertas, indica que las declaraciones juradas de los efectivos deberían ser públicas como lo son la del resto de los funcionarios y dice que actualmente la carga del patrimonio de los efectivos se hace manualmente, por lo que “recién estamos terminando la carga de las presentaciones de 2014”.
Puertas jura que en un mes tendrá listo el sistema para la carga on line de los datos. Pero queda la otra pata: la publicación de lo que declaran subcomisarios, comisarios, comisarios inspectores y comisarios generales.
Otro avance previsto por Puertas es, al menos, la firma de un convenio con la Administración Tributaria Mendoza, para cruzar los datos impositivos de los uniformados con lo declarado en ATM. Faltaría el cruce con la AFIP: “Son muy celosos del secreto fiscal. Tuve un encuentro con Laura Alonso (titular de la Oficina Anticorrupción nacional) y me dijo que a ella también le costaba ese cruce de datos”.
La bonaerense busca transparencia
Provincia de Buenos Aires está en proceso de publicación de las declaraciones juradas de bienes de los efectivos policiales. La obligación de presentarla ya existe y, de hecho, el 5 de agosto pasado medios nacionales informaban que la Auditoría General de Asuntos Internos de la policía bonaerense estaba preparando las sanciones para 390 policías que no habían presentado la constancia de su patrimonio. El plazo había vencido el 31 de julio.
Pero más aún, los oficiales superiores también deben presentar la misma documentación ante la Escribanía General de Gobierno y, según el diario La Nación, más de tres mil efectivos de alto rango no habían cumplido con la presentación.
La gobernadora María Eugenia Vidal ha puesto una fecha límite para que esas declaraciones juradas estén disponibles para cualquier ciudadano que quiera verlas: el 1 de setiembre que viene.
