Lázaro y Martín Báez presentaron ayer ante la Cámara de Apelaciones un extenso escrito en el que solicitan la falta de mérito, el fin a la prisión preventiva para Lázaro y que se deje sin efecto el embargo por 100 millones de pesos sobre bienes y vehículos.
En el documento se defienden señalando que todo el proceso está fijado “por la prensa” y hablan de un “primitivo sentimiento de venganza popular y judicial”.
En 96 páginas del texto, los Báez volvieron a defenderse. Indicaron que la situación procesal fue efectuada con “omisiones y desatenciones inadmisibles” y en la introducción de concentrar en la prensa, apuntando que las informaciones brindadas a la opinión pública sobre la investigación “alertaron sobre un predicable corrimiento en el objeto de interés en esta causa”.
Y allí señalan que el ritmo impuesto a la causa dejó de ser un proceso judicial para “mutar” hacia la “ consagración del más primitivo sentimiento de venganza popular (y judicial)”.
Uno de los primeros apartados refiere a la “absurda teoría del lavado de dinero” y denuncia supuestas incongruencias en la investigación encabezada por Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán.
En su defensa, los abogados de Báez -Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari- plantean que los magistrados alegaron en reiteradas oportunidades “sin probar nada” que Austral Construcciones S. A. “habría realizado obras en las cuales habría conjeturales sobreprecios”.
Además, consideran que tampoco se probó nada sobre las “supuestas facturas apócrifas mediante las que habrían tornado ilícitos esos fondos”. Sin embargo, el actual presidente de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, estimó que el sobreprecio que el kirchnerismo pagó al empresario K por las obras adjudicadas a sus empresas en Santa Cruz superó los 1.000 millones de dólares, algo que niega el titular de Austral.
En un juego de palabras y con tono irónico, la defensa de Báez plantea que si los fondos de la empresa aludida provinieron de contrataciones con el Estado “es indiscutible que se trata de dinero “blanco”.
De esta manera y con este argumento, desestiman la existencia del “delito precedente”, punto central de la investigación, y retóricamente se excusan diciendo: “¿habría obtenido la empresa ACSA alguna ventaja patrimonial o sólo hubiera pagado costos de intermediarios al realizar el conjetural e inexistente proceso alegado por la acusación?”
Para argumentar que el delito que sustentaría el lavado de dinero “no existe”, la defensa del socio comercial de los Kirchner vuelve a justificar el patrimonio de Báez, que según la tasación preliminar arroja una cifra cercana a los 60 millones de dólares.
“La capacidad patrimonial de Lázaro Báez invalida cualquier acusación”, sostiene la defensa, y considera que “es arbitrario y antojadizo afirmar que el conjunto total de bienes correspondiente a nuestros defendidos resulte proveniente de algún ilícito tal como parece dejar entrever la resolución”.
Reiteran que todo el proceso judicial se basa en “conjeturas arbitrarias” respecto a la “ilicitud de los supuestos fondos que figurarían en las imágenes. Se dijo que serían provenientes, supuestamente y sin prueba alguna que lo avale, de la utilización de facturas apócrifas”.
Además pese a tener sólo en cinco años un incremento de 1.200% en su patrimonio, los defensores sostienen que Lázaro Báez “disponía de fondos lícitos suficientes para justificar aún los montos que conjeturalmente y sin prueba suficiente se afirmó que habría tenido en las fechas expresadas en la imputación. No existe dato alguno en el sumario que indique lo contrario”.
Respecto a las imágenes de la financiera SGI donde se ve a Martín Báez contando millones de dólares y euros, los abogados plantean que ni “contar dinero, ni ingresarlo a una financiera constituyen actos que indiquen que el autor ha iniciado una acción ejecutiva de un delito determinado”.
Y vuelven a insistir con este argumento, indicando que “contar sumas de dinero -cualquiera sea la cantidad y denominación- claramente no es lavar, ni comenzar la ejecución de ese delito”.
Consideran que el eje investigativo de la Justicia son “hipótesis” y en el peor de los casos, “si se quiere decir que esa maniobra es el comienzo de ejecución de lavado, no quedan dudas que, en su propia y errada lógica, se trata de un caso de tentativa”.
Descubren en Chubut otras 26 propiedades de la familia
Imprevistamente, el fiscal Federal Guillermo Marijuán estuvo ayer en Rawson, capital de Chubut y realizó algunos trámites en el marco de la investigación que lleva adelante sobre la denuncia de presunto lavado de dinero contra el empresario kirchenerista Lázaro Báez. Y volvió a llevarse sorpresas: descubrió que Báez tiene otras 26 propiedades en la provincia.
Una de ellas de incalculable valor ya que se trata de una estancia de 6 mil hectáreas ubicadas en la localidad cordillerana de Alto Río Senguer. No hubo detalles respecto de dónde se encuentran el resto de las propiedades que figuran a nombre de Báez, sus familiares y sus empresas.
El fiscal, quien ya estuvo en Río Gallegos realizando trámites en el marco de la misma causa, visitó el Registro de la Propiedad de Inmuebles de Rawson con el fin de develar el estado de propiedades que Báez tiene en Chubut. Fue muy temprano y después partió presuntamente hacia Trelew, donde la firma del empresario, Austral Construcciones, realizó algunas obras. No hubo información oficial respecto del resultado de esta visita y solo se sabe que Marijuán podría estar hasta el miércoles en la provincia.
En Trelew, la empresa Austral realizó la obra de embellecimiento del centro de la ciudad, que nunca terminó. Y también con su empresa Kank y Costilla hizo la doble trocha entre Trelew y Madryn, que todavía está sin terminar, y por la que se habría pagado un importante sobreprecio.
Marijuán ya había realizado procedimientos en Comodoro Rivadavia, donde las propiedades del cuestionado empresario santacruceño suman alrededor de $ 850 millones.
Durante mayo en Comodoro Rivadavia se realizaron siete allanamientos detectándose no solo propiedades, sino también comercios a nombre de Báez.
