La Justicia y las fuerzas de seguridad continuaron ayer en Santa Cruz con la búsqueda y valuación de bienes del empresario Lázaro Báez, preso por lavado de dinero, mientras el juez federal Sebastián Casanello, en cuyas manos está el expediente, advirtió que son necesarias “pruebas” concretas para que la causa avance.
El fiscal Guillermo Marijuán, en quien el juez delegó las pesquisas, se trasladó a la ciudad de El Calafate -a quien la ex presidenta Cristina Fernández siempre consideró su “lugar en el mundo”- junto con sus colaboradores y efectivos de las policías de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Federal, de la Prefectura y de la Gendarmería.
Hasta anoche se habían realizado en El Calafate alrededor de la mitad de los operativos previstos, después de que los investigadores efectuaron en Río Gallegos otras inspecciones, por ejemplo en la estancia Cruz Aike.
Los dos primeros operativos en terreno calafateño fueron “en una casa de la costanera local que, de acuerdo a Catastro, figura a nombre de Báez pero que en esta ciudad siempre se le asignó a Máximo Kirchner”, según indicó la agencia OPI Santa Cruz.
Se explicó que otra comisión judicial/policial fue a una inmobiliaria de Libertador al 2200, de la cual es dueña una persona a la que se vincula con Báez como administrador de sus propiedades. Por ello se buscaban datos de esa vinculación comercial y posibles conexiones con el ex presidente Néstor Kirchner. Asimismo, hubo una diligencia en un local de venta de neumáticos.
También se allanó una propiedad contigua al “Hotel Bahía”, otro edificio que se adjudica a Báez, y que los funcionarios y los efectivos de seguridad se trasladaron además al Barrio Salesiano, donde se midieron terrenos ubicados en ese lugar, ya que las pesquisas incluyen la tasación de las propiedades que se atribuyen al empresario.
Mientras, en las estancias Cruz Aike y La Julia siguieron con las tareas de sondeo y excavación para establecer si hay recipientes con dinero.
Los procedimientos incluyeron una visita de peritos y efectivos de la Policía Metropolitana a un departamento de Martín Báez -el también procesado hijo de Lázaro-, con el fin de realizar su tasación.
También hubo novedades en Uruguay, donde fue allanado el campo El Entrevero, que Báez tiene entre las ciudades de Punta del Este y San Ignacio. Ese establecimiento, de 152 hectáreas, fue embargado por la Justicia del vecino país, donde también hay una investigación en curso.
En tanto, el juez Casanello advirtió que para que avance la causa es necesario que aparezcan “pruebas”, más allá de lo que declaren los “arrepentidos” y de la “demanda gigante de velocidad y resultados inmediatos” de parte de la sociedad. “Si por ejemplo en una causa de narcotráfico dos personas se presentan como arrepentidos que trasladaron bolsos con estupefacientes, si no aparecen esos estupefacientes no se puede avanzar mucho”, alertó.
Casanello reconoció que “uno entiende que hay una demanda gigante de velocidad y resultados inmediatos y no hay persona más interesada que nosotros (los investigadores), pero en los procesos judiciales hay que respetar reglas y encontrar pruebas. Si no hay pruebas no se puede avanzar”.
Por su lado, el fiscal Marijuán confirmó que en los allanamientos se habían hallado más de 150 inmuebles registrados a nombre de Lázaro Báez y sus allegados.
Lanzó una definición sobre el origen del dinero con el que se compraron esos bienes: “el sobreprecio de la obra pública”. Sobre el origen de la riqueza del empresario, dijo que tiene que ver con “los delitos precedentes”, y que “uno de los más fuertes puede ser el sobreprecio de la obra pública”.
“La empresa cabeza de este grupo es una constructora, Austral Construcciones. Es posible que luego de poner en las facturas cifras falsas para cubrir esos sobreprecios, se hayan encontrado con millones de pesos en su poder que utilizaron para realizar maniobras de lavado, como llevar dinero al exterior, comprar inmuebles en cantidad, o construir cascos de estancias, muy costosos y llamativos”, detalló.
Ya tiene fecha el juicio a Fariña por el campo mendocino
El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata juzgará a partir del 8 de junio a Leonardo Fariña, acusado del delito de evasión fiscal por más de 4,6 millones de pesos y el no pago del impuesto a las Ganancias por 7,7 millones de pesos, durante 2010. El valijero ahora arrepentido acumuló esta deuda por la compra de un campo de 3.400 hectáreas en las cercanías del Manzano Histórico.
Las audiencias se realizarán en La Plata y se estima que declararán 60 testigos. Fariña irá a juicio por omitir en las declaraciones juradas a la AFIP los ingresos que, en su alegada calidad de empresario y asesor financiero, le permitieron adquirir el 16 de diciembre de 2010 cinco fracciones de campo en Mendoza.
Cinco fracciones de tierra en una de las zonas productivas con más desarrollo en los últimos años por las que pagó cinco millones de dólares. Una de 2.500 hectáreas, otra 494 hectáreas, la tercera de 296 hectáreas y dos más chicas de 62 y 46 hectáreas. Todas contiguas, ubicadas al sur de la ruta 94, en el distrito Los Chacayes, metros antes de llegar al Manzano.
Los Andes relató esta operación inmobiliaria el 21 y 28 de abril de 2013. La compra se concretó en diciembre de 2010, en Tupungato, en la escribanía de Martín Rosta. Esa operación se hizo en efectivo, en moneda estadounidense y, de acuerdo a las actas notariales, Fariña compró en comisión, es decir a nombre de un inversor desconocido; cuando se conoció la compra se sospechó que el comprador era Lázaro Báez.
Según denunció la AFIP, en la operación Fariña se hizo pasar por comisionista -es decir, que realizaba la operación a nombre de otra persona- cuando en realidad era el verdadero comprador. De hecho, las propiedades las escrituró a su nombre el 21 de diciembre de 2012, dos años después.
A Fariña se le imputa la presunta evasión de más de 4,5 millones de pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado durante 2010 y la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias por más de 7 millones de pesos de ese mismo año.
Está detenido desde abril de 2014, cuando el juez federal de La Plata, Manuel Blanco, lo procesó por evasión fiscal agravada en concurso real e insolvencia fiscal fraudulenta.
Lo curioso de ese campo es que actualmente está escriturado a nombre de un empresario amigo de Fariña, Roberto Jaime Erusalimsky.
Fariña escrituró a su nombre el 21 de diciembre de 2012 y ese mismo día asentó en el registro de la propiedad de Mendoza la venta al nuevo dueño, quien pagó por esas tierras un millón ochocientos mil dólares, mucho menos que los 5 millones que pagó Fariña en 2010.
