Luego del decreto por el que el gobernador, Alfredo Cornejo, anuló los nombramientos de 82 personas, que habían ingresado a la planta del Estado mendocino gracias a su antecesor, Francisco Pérez, y la baja de 101 celadores suplentes, los gremios estatales dieron su opinión y las posturas fueron divididas.
Están los que lo ven con buenos ojos y están los que piensan que es 'una excusa' para seguir echando gente. En lo que sí coinciden todos es en la pronta necesidad de sentarse a discutir salarios en paritarias.
Justamente algunos de los más combativos se reunieron la semana pasada para ir definiendo algunos puntos de cara a la negociación que suele comenzar en febrero.
“La situación en lo gremial por lo que han hecho y dicho, ajustar con los trabajadores como si fuéramos parte del déficit financiero, es bastante complicada. Creemos que va a haber menos fondos para los salarios este año. Nos reunimos con ATE, Ampros, Judiciales, CTA, Casinos y OSEP para analizar el panorama y vamos a sacar un documento el mes que viene”, contó Federico Lorite, secretario adjunto de Sitea (Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados de Mendoza).
Asimismo, el gremialista detalló que los tres principales temas que definieron son pedir que no haya 'techo' salarial en las paritarias, la reincorporación de trabajadores despedidos e insistir con la necesidad de concursos para ingresar al Estado, como dice la ley.
“Eso nos ha unificado, en base a la defensa de las fuentes laborales. El panorama conflictivo creemos que se va a dar en abril, cuando todos se reintegren de las vacaciones. Seguro allí se dará pelea gremial. Estamos articulados y hermanados”, aseguró Lorite.
En una línea diferente se expresó la secretaria general de Ampros, Isabel Del Pópolo. “Esa cantidad de gente que han rechazado (por los 82) es lo que dijeron que iban a hacer. Nosotros como gremio nunca defendimos cargos políticos. Sí seguiremos defendiendo los pases a planta que se firmaron en paritarias. Vamos a exigir comenzar con los concursos porque si no, no va a funcionar. Luchamos para que ingrese la gente que ha estado trabajando y no el amiguismo político ni el nepotismo”, remarcó la médica.
Sin definición
Respecto a qué porcentaje de aumento pedirán este año, desde Ampros dijeron que aún no lo tienen definido pero que seguramente será acorde con una inflación estimada en un 30%.
“Anteayer estuvimos en reunión en Fesprosa (Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina) y estamos tratando de llegar a un porcentual que quizá sea compartido por todos o quizá se adapte a cada una de las realidades provinciales. Mendoza es una de las más caras, partimos de esa base”, agregó Del Pópolo.
Remarcando que el tema de “los 82” a ellos no los toca, en SUTE afirmaron que exigirán que se respete a los trabajadores. “Con el Gobierno nos reunimos el 18 de diciembre y acordamos ciertos requisitos. Que las personas que demostraron su idoneidad se puedan titularizar y también la importancia de los concursos de ascensos e ingresos.
Que se garantice un ingreso sin clientelismo, ya que la educación es casi la única que lo puede hacer, excepto por los celadores. Pero también se está trabajando para que el ingreso de ellos sea un derecho”, comentó Adrián Mateluna, titular del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación.
También, teniendo en cuenta que históricamente este sector (que es el que más trabajadores agrupa) es siempre el primero en 'sentarse' a negociar -y por ende 'marca la cancha' para el resto-, Mateluna recordó que, según lo establecido, el 29 de febrero comienza el ciclo lectivo 2016.
“Necesitamos que el Gobierno nos convoque en forma inmediata. Que después no se quejen que no hay tiempo para definir. Necesitamos por lo menos una semana para tomar una determinación”, adelantó el gremialista.
En una óptica muy distinta, se expresó el secretario general de Judiciales. “Estamos repudiando todos los despidos porque forman parte de una política de ajustes que está favoreciendo a los sectores más concentrados de la economía. Intentan que los perdedores sean los trabajadores. Esperamos que la paritaria sea realmente libre, que se pueda discutir a fondo cómo la inflación ha depreciado el salario. Los precios no sólo no dejan de subir sino que se aceleran. La discusión sobre el salario a nuestro entender va a tener que quedar abierta. Queremos que rápidamente se llame a paritarias y que no se intente, desde el poder político, fragmentar la lucha salarial”, se explayó Carlos Ordóñez.
