El suplemento especial publicado por Los Andes días pasados, calificó al IPV como una "institución emblemática" y dijo que existen pocos organismos estatales que hayan incidido tanto sobre la vida de los mendocinos. Es un hecho cierto y concreto en razón de que ha marcado un hito en la provincia y, por lo tanto, también llama la atención que en algunas oportunidades se haya derivado la construcción de viviendas hacia otras entidades, como sucediera en gestiones anteriores con la cooperativa Tupac Amaru, con el consiguiente enredo judicial vivido.
El IPV tuvo una incidencia importante en la historia de Mendoza, porque respondió, de acuerdo con sus posibilidades, a las necesidades habitacionales de la Provincia. Fue el primer organismo en su tipo en el interior del país y recibió para su administración algunos complejos ya construidos, como sucedió con el barrio Cano, que en aquel momento era conocido como "las casas colectivas". Una verdadera innovación para la época ya que mucha gente no aceptaba los departamentos porque "no tenían patio ni fondo… ". Con ese barrio se dio una circunstancia especial, ya que cuando se entregó, como no había inflación, los contratos se firmaban a 20 años sin cláusula de actualización. Fue así que en un momento dado, a mediados de la década del 60, las autoridades del organismo decidieron dar por canceladas todas las deudas -junto a las de otros barrios, como YPF Grupo Menor o Uruguay- porque resultaba más caro el costo del papel para cobrar que la cuota en sí. Una cuota mensual del barrio Cano era de 60 centavos y el boleto de colectivos valía $ 1,20.
El organismo fue adaptándose rápidamente a las necesidades de la Provincia. A principios de la década de 1960 comenzaron los primeros asentamientos inestables en la zona Oeste de la ciudad, detrás del barrio Cano. Fueron los "primeros pasos" del barrio San Martín, constituido por gente que abandonaba el campo y se venía a la ciudad en la búsqueda de mejores posibilidades económicas.
El crecimiento fue tan acelerado y descontrolado que obligó a las autoridades a impulsar planes de erradicación de villas inestables que no dieron abasto para cubrir todas las necesidades. Es más, en la intención de reducir costos y generar una cultura del esfuerzo, se establecieron los planes de "ayuda mutua", como sucedió con la primera etapa del barrio La Gloria o el Infanta Mercedes de San Martín, en Las Heras.
El IPV también debió salir a solucionar problemas edilicios generados por fenómenos naturales, como el terremoto del 26 de enero de 1985, que derrumbó e inutilizó a 12 mil viviendas y que determinó que se implementara el Plan Sismo, con apoyo del Fondo Nacional de Viviendas.
Una situación similar se había vivido el 4 de enero de 1970, cuando colapsó el dique Frías y el agua destruyó viviendas ubicadas en los costados del canal llegando a la ciudad y generando cuantiosas pérdidas. El organismo provincial procedió a la construcción de viviendas (el barrio Virgen del Valle) para los afectados, aunque a los pocos meses ya había "crecido" otro barrio "inestable" a orillas del zanjón. Hoy los barrios con viviendas precarias se han multiplicado a lo largo y a lo ancho de la provincia, lo que genera un problema de difícil -o imposible- solución, al menos en el corto y mediano plazo.
Todo lo señalado hace referencia a un organismo que se ha ido adaptando a las épocas y que no ha recibido mayores críticas en cuanto a su administración, a pesar de las fuertes sumas que genera la construcción de barrios. Por ese motivo también surge la necesidad de que se fortalezca su actividad y se eviten experiencias como las de la Tupac.
