Estos 31 años de democracia merecen ser celebrados por la indudable consolidación en el tiempo de una forma de organización del Estado que permite que las decisiones populares expresadas en el voto determinen quiénes serán sus representantes y los responsables de elaborar las políticas públicas.
Se fortalece aquel objetivo inicial del mantenimiento del sistema representativo y de la vigencia de la Constitución sin las interrupciones que afectaron tanto a la Argentina durante el siglo pasado.
Pero, también estos 31 años nos obligan a los argentinos a ser cada vez más exigentes de la calidad institucional a la que la continuidad democrática debe conducir y que es una de las grandes cuentas pendientes de la dirigencia política.
Al amparo del respaldo popular expresado en las urnas periódicamente, se ha advertido en todo este tiempo, con mayor o menor frecuencia según el gobierno de turno, una poco saludable tendencia a burlar preceptos republicanos que deben ser superadores del sistema democrático.
Una marcada inclinación a las prácticas centralistas y frecuentemente autoritarias en el ejercicio del poder contribuyó a distorsionar sistemáticamente la vigencia del federalismo que la Constitución nacional impone para la convivencia de las provincias que forman nuestra extensísima geografía.
Por otra parte, las denuncias de corrupción, con notables avances en lo que respecta a la investigación judicial de las mismas, es una gran luz de alerta que se enciende con insistencia en este transitar de la vida democrática, porque este tipo de prácticas termina erosionando los ámbitos de poder y tiende a enquistarse en los distintos sectores sociales si el ciudadano no advierte desde el Estado la acción decidida que busque ponerle fin.
Afortunadamente, en medio de un panorama tan complicado, el rol del periodismo independiente y honesto y la acción de jueces y fiscales comprometidos con la verdad y la equidad, pese a la tendencia al sometimiento que mucho ha ejercido la actual administración kirchnerista, permite dejar al descubierto hechos delictivos de quienes ocupan ámbitos gubernamentales que no deben resultar indiferentes para la población.
Mendoza y sus dirigentes no escapan a muchas de estas falencias apuntadas. Sus gobiernos fueron perdiendo en estos 31 años la impronta provincial que debe guiarlos para defender ante la Nación los principios federales, con más razón ante gestiones presidenciales cada vez más propensas a la centralización de decisiones y manejo de los recursos.
Puntualmente, las gestiones provinciales que coincidieron con el actual ciclo kirchnerista resignaron, salvo muy puntuales excepciones, ambiciones y proyectos muchas veces por meras especulaciones políticas y hasta personales; en otras oportunidades, por urgencias financieras que nos llevaron a caer en la tiranía de la caja nacional.
Todas estas contrariedades han llevado a Mendoza a verse muchas veces atrapada por lógicas ambiciones de progreso y fortalecimiento de sus economías por parte de las provincias vecinas. Preocupa que Mendoza no pueda avanzar en políticas estratégicas claras que trasciendan sus gobiernos.
La imposibilidad de reelección del gobernador que marca nuestra Constitución debería obligar a la instrumentación de políticas de Estado fruto del consenso entre los partidos, lo que no sucede.
En la antesala de un año electoral crucial, los 31 años de democracia nos deberían llevar a los argentinos en general y a los mendocinos en particular a reflexionar sobre la importancia que tiene cada voto cuando de lo que se trata es de elegir a los mejores.
