El proyecto de ley que mandó Rodolfo Suárez a la Legislatura para regular los sueldos de los empleados equiparados a magistrados tiene límites. Es que de los 78 igualados a magistrado que exhiben exorbitantes bonos de sueldo, apenas 26 funcionarios judiciales del staff administrativo serán alcanzados por la norma en caso de sancionarse.
Aunque, esos 26 casos no constituyen un dato menor: el costo salarial suma más de 135 millones de pesos durante todo el año.
Ese número es proyectando los actuales sueldos y sin contar los incrementos que les corresponden como "equiparados a magistrado": como los jueces provinciales, están enganchados a los aumentos salariales de sus pares de la Justicia Federal, quienes ajustan sus sueldos tres veces en el año.
El dato que hace más llamativo el número es que esos 26 funcionarios judiciales cuestan en el año más que todos los salarios de varias reparticiones del Estado. Cabe una aclaración: el número de comparación es el costo salarial que incluye los aportes patronales que hace el Estado; ese dato bruto tampoco prevé los descuentos que se hacen al empleado.
Así, los 26 equiparados sumarán $ 135.446.242,52, sin contar los incrementos que les corresponderían este año. De los 26, 15 trabajan en la órbita de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza; 9 dependen del Ministerio Público Fiscal (MPF) y 2 del Ministerio Público de la Defensa (MPD - aglutina a los defensores oficiales).
El listado de honorarios mensuales filtrados a Los Andes que cobraron los 26 equiparados del staff administrativo es envidiable, más aún en tiempos de crisis; sin embargo, hay que hacer una salvedad: el dato corresponde a la erogación total que hace el Estado, incluidos los aportes patronales y no están devengados los descuentos a cargo del empleado.
Los dos casos del staff administrativo del MPD que serán alcanzados por la ley impulsada por Suárez, cobran entre 278 mil y 342 mil pesos. En el año, incluyendo los dos aguinaldos y sin actualizaciones salariales en total los dos casos sumarán $ 8.049.409,39 de ingresos anuales.
En el MPF los 9 equiparados tienen salarios que van de los 310 mil pesos a los 496 mil pesos; entre estos nueve, con aguinaldos, sumarán en todo el año ingresos $ 45.480.879,60.
Por último, los 15 del staff administrativo que serán beneficiados por la ley de recorte de equiparados, cobran entre 313 mil y 625 mil pesos. Entre todos sumarán ingresos anuales por 81.885.954,13 pesos.
Mirando otras áreas del Estado, en el hospital Metroux de Fray Luis Beltrán, sus 60 empleados le representan al Estado $57.320778,01; Si vamos a Santa Rosa, los 70 empleados del hospital Fernando Arenas Raffo erogan del Estado $62.671.862.36; mientras que los 51 empleados del Eva Perón de Jaime Pratts (San Rafael), implicó recursos por $47.344.363,36.
Si miramos escuelas, la Juan Martínez de Rosas demanda una inversión en salarios de $29.736.882,11 por 67 empleados que se desempeñan en el establecimiento de Godoy Cruz.
Las fuentes que aportaron datos optaron por apuntar a los montos de esos 26 cargos, manteniendo el silencio en torno a los nombres de los beneficiarios. Podrían inferirse algunos nombres, como el del actual coordinador de la Unidad de Transformación y Desarrollo Institucional Carlos Quiroga Nanclares, quien viene siendo fustigado desde su nombramiento en el cargo en 2017, ya que es sobrino del actual presidente de la Corte Jorge Nanclares.
Los funcionarios apuntados por la ley que mandó Suárez a la Legislatura, fueron nombrados por la voluntad de la Suprema Corte en sucesivas acordadas (equivalente a resoluciones de otros organismos), como fue el otro caso conocido en los últimos días: Elizabeth Carabajal, secretaria privada de Ceremonial y Protocolo del presidente de la Corte.
Juicios seguros como respuesta al proyecto
Originalmente los funcionarios judiciales equiparados están incluidos en el escalafón judicial establecido en el Anexo II de la Ley 4322., que son los relatores o secretarios de corte. En general suelen ser abogados que cumplen tareas “jurisdiccionales”, es decir, cumplen tareas vinculadas a la administración de justicia.
En los '90 empezaron los nombramientos de otros equiparados, como es el caso de administrador general, luego el director de recursos humano, el de informática hasta llegar a equiparar a juez civil al sobrino del presidente de la Corte Jorge Nanclares, que tiene una función administrativa y es escribano y a la secretaria de Nanclares, que no es abogada.
La pregunta es si los 26 alcanzados por la ley de Rodolfo Suárez harán o no juicios. En las entrañas del palacio judicial se esgrime que hay gente que llegó a su cargo por concurso y que hay una ley que los avala: la creación de los cargos y los fondos para pagarlos fue votada en sucesivas leyes de presupuesto.
Por eso es que en el entorno de los que verán recortados sus sueldos entienden que habrá juicios y que es probable que los ganen.
Desde los pasillos del Gobierno entienden que en el escalafón judicial solo se puede ser juez o empleado judicial y que las excepciones fueron fijadas en leyes específicas con funciones jurisdiccionales y no administrativas, que ya están previstas en el escalafón judicial. Así entienden que esos nombramientos ilegales, implican una posible malversación de fondos públicos, ya que usan dinero que tienen por la ley habilitado para pagar a jueces que tienen prerrogativas constitucionales por su función (como la intangibilidad) y se destinan a pagar a otros empleados, que ni siquiera son abogados.
Así cuentan que en el Poder Ejecutivo un funcionario que cumple funciones de director, con gente a cargo, cobra algo más de 160 mil pesos, mientras que un funcionario con tareas similares en el Poder Judicial cobra el doble, sólo por estar equiparado a magistrado.
