Economía
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hace 15 horas
El ministro de Economía,
Hernán Lorenzino
, se reunió en Washington con técnicos del FMI para elaborar un nuevo índice de la inflación, informó el martes el gobierno, en medio de cuestionamientos a los datos oficiales.
Lorenzino viajó a Estados Unidos para "ultimar detalles sobre el nuevo Indice de Precios al Consumidor nacional y urbano (IPC), cuyo diseño estará listo a fin de mes" y que el Ejecutivo prevé presentar en el último cuatrimestre de 2013, señaló el gobierno en su sitio oficial.
El ministro viajó acompañado por funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), intervenido desde 2007 y cuyos datos son cuestionados por consultores privados, la oposición y el propio Fondo Monetario Internacional (FMI).
A raíz de las críticas por estos datos oficiales, el FMI impuso en febrero una censura a Argentina, en un hecho inédito en la historia del organismo.
La entidad multilateral conminó al gobierno de
Cristina Kirchner
a reformar las estadísticas de inflación antes de fines de septiembre, de lo contrario podría sancionar al país con la pérdida del acceso a créditos o del derecho a voto .
Argentina en la actualidad no tiene deuda alguna con el organismo.
Según datos oficiales, la inflación de Argentina en 2013 será de alrededor de 10%, aunque las estimaciones de consultoras privadas, reveladas por la oposición, la ubican en un 25%, niveles similares a los entregados por esas firmas en 2012.
Las consultoras no pueden publicar los datos so pena de severas sanciones.
Según el gobierno, el nuevo IPC será más abarcativo que el sistema actual que sólo mide la evolución de los precios de una canasta de bienes en Buenos Aires y su poblada periferia.
Durante su estadía de tres días en Washington, Lorenzino se reunió también con el equipo de abogados que defiende a Argentina contra los fondos especulativos en EEUU, informó el gobierno sin mayores precisiones.
La justicia neoyorquina dictaminó que Buenos Aires debe pagar en efectivo el 100% de una deuda de 1.470 millones de dólares reclamados por dos fondos que rechazaron los canjes de 2005 y 2010, aceptados por el 93% de los bonistas. Estos fondos compraron la deuda ya en default por lo que son llamados "buitres" por Buenos Aires.
Tras ese fallo, Argentina recurrió a la Corte Suprema de EEUU que debe decidir si acepta el caso.
