Carlos López Puelles, el ex intendente de Luján, sumó otra acusación por su gestión. El denunciante es su sucesor, Omar de Marchi. Y el motivo es haber pagado a proveedores, durante su último año al frente del municipio, con cheques de pago diferido por 90 millones de pesos, de los cuales unos 30 millones fueron rebotados por falta de fondos.
El título de la denuncia inicial, presentada a última hora del viernes, es “fraude a la administración pública” y se suma a otra que ya carga el ex intendente peronista por el estado en el que dejó el parque automotor de la comuna.
La investigación quedó en manos del fiscal de delitos complejos Juan Manuel Bancalari, el mismo que imputó al ex gobernador Francisco Pérez por la extensión de la concesión del yacimiento petrolero Chañares Herrados.
López Puelles no es el único apuntado en la presentación a la justicia penal. También aparecen señalados su secretario de Hacienda, Mario Granado, y el ex contador general Julio Cesar Busso.
Granado, que fue funcionario de Hacienda en la provincia durante la gestión de Celso Jaque, se refugió desde diciembre en un cargo que tenía en el Tribunal de Cuentas, pero lo suspendieron hace unas semanas a pedido de De Marchi. No podía él auditar sus manejos en Luján, fue el argumento.
Así, ellos tres se han sumado a la larga lista de funcionarios peronistas, de las gestiones provincial o municipales concluidas en diciembre, que están con causas judiciales en su contra.
El denunciante explicó que su antecesor “no debería haber emitido cheques de pago diferido porque para ello necesita autorización del Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, utilizaba esta maniobra financiera para diferir pagos, aun previendo que las cuentas sobre las que giraba estos cheques no tendrían fondos".
El intendente ejemplificó el descalabro asegurando que se pagaban con esos cheques de pago diferido “servicios como la energía eléctrica o prestaciones de la ART”.
De Marchi, que fue en la boleta del Frente Cambia Mendoza y es el presidente del Pro en Mendoza, antes de asumir ya estaba preocupado por los cheques de pago diferido que estaba firmando López Puelles.
Pero recién cuando se hizo cargo del municipio y culminó la auditoría que encaró sobre la herencia recibida pudo mensurar la operación: fueron casi 120 cheques que se emitieron bajo esa modalidad.
Incluso, para aumentar las sospechas, de los cheques rechazados aún no se han reclamado unos 10 millones de pesos y no se sabe quiénes los tienen.
Carrera fugaz
El nivel de imagen negativa de López Puelles se equiparaba el año pasado al de su "compañero" Luis Lobos, que gobernaba Guaymallén y hoy está imputado por la Justicia en un par de causas (aunque tiene varias más en proceso).
Ambos se emparentaron también en la derrota, cuando intentaron quedarse en el cargo cuatro años más y perdieron ante Cambia Mendoza el 21 de junio del año pasado. Para competir, antes habían ganado la interna del Frente para la Victoria en las PASO en abril.
Pero la acción por la que se lo acusa a López Puelles es más parecida a la que llevó a la cárcel a Sergio Salgado. El santarrosino renunció desde una celda el 31 de marzo, a poco de iniciar su tercer mandato, y está sospechado de haber librado casi 500 cheques sin fondos y cambiar varios de ellos en una financiera, entre otras irregularidades.
El del ex intendente peronista de Luján es un caso extraño en la política, no por la mala gestión ni las denuncias en su contra, que parecen cada vez más habituales, sino por su repentina aparición y su casi tan rápida “expulsión” del sistema.
Vinculado al grupo Vila-Manzano, llegó a la función pública hace ocho años de la mano de Jaque. Primero fue director de Administración de la DGE y sin que nadie pueda explicarlo aún, saltó poco después a director general de Escuelas.
Cuando fue postulado a este cargo, surgieron como una mancha en su pasado precisamente unos cheques sin fondo que había librado como empresario.
Desde la DGE soñó con la gobernación, pero terminó candidateándose a intendente de Luján. Le ganó con el arrastre de aquel 54% de Cristina Kirchner a De Marchi.
Ya como intendente se encolumnó con La Corriente, el sector del ex vicegobernador Carlos Ciurca, otro dato que lo emparenta con Lobos, y no abandonó su sueño de ser gobernador.
Por eso, echó a rodar su nombre como posible postulante, aunque la reprobación de su gestión municipal terminó volviéndolo a la realidad.
Tras la derrota, se refugió en el silencio y los problemas financieros de la comuna explotaron, con atrasos en el pago de sueldos incluido. De hecho, se fue por la puerta de atrás y no fue al acto de traspaso de mando a su sucesor: renunció dos días antes.
Desde entonces, nada se sabe de él y parece haber desaparecido de los lugares que solía frecuentar.
19 ex funcionarios del PJ ya fueron imputados
Desde noviembre han sido imputados 19 ex funcionarios del peronismo, como publicó Los Andes el domingo pasado. El más notorio de todos es el propio ex gobernador Francisco Pérez, por haber prolongado indebidamente la concesión de un área petrolera como ministro de Jaque y luego no hacer cumplir el compromiso de inversión como gobernador.
Por la misma causa que él fueron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público los ex subsecretarios de Hidrocarburos, Walter Vázquez y Pedro Sánchez, y el ex ministro de Energía, Marcos Zandomeni.
Pero el más complicado es el ahora ex intendente santarrosino Sergio Salgado, que el año pasado ganó por tercera vez consecutiva la intendencia, pero luego no pudo contener el descalabro financiero que él mismo generó.
También hay otro ex intendente imputado, el guaymallino Luis Lobos, en este caso por partida doble. Él comparte una de las acusaciones con varios de sus colaboradores.
Entre los ex ministros, aparecen también Juan Gantús, que manejó Hacienda y ahora es senador provincial, y Marcelo Costa, que condujo la OSEP, Hacienda y Agroindustria, sucesivamente, y ahora es concejal de Godoy Cruz.
