José López, el ex secretario de Obras Públicas durante los doce años de gestión kirchnerista, dejó ayer el penal de Ezeiza por unas horas, para declarar en los tribunales federales de Comodoro Py ante el juez Julián Ercolini.
A diferencia de las tres indagatorias que lo precedieron (las de Cristina Fernández, Julio De Vido y Lázaro Báez), López no presentó un descargo escrito, sino que habló un par de horas ayudado por unos apuntes, aunque sin responder preguntas.
La ronda de indagatorias se completará con el testimonio de otros 14 imputados, y se estima que el cronograma habrá finalizado el 23 de noviembre próximo.
A partir de entonces, Ercolini deberá decidir si avanza o no con los procesamientos, en una causa donde se investiga el presunto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, a favor del grupo Báez.
Tras declarar, López regresó a Ezeiza donde está preso desde junio pasado, cuando fue descubierto intentando ocultar nueve millones de dólares en un convento ubicado al oeste del Gran Buenos Aires.
“No hubo ni discrecionalidad ni arbitrariedad”, en la concesión de la obra pública, se defendió López, a la vez que se defendió con un argumento ya esbozado en las indagatorias de Cristina Fernández y Julio De Vido.
López presentó un ranking de obra pública, encabezado por Paolo Roca de Techint; Electroingeniería, de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra; y por Iecsa, de Ángel Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y le dejó al juez Ercolini un desafío: que cite a los directivos de las 37 constructoras que integran el listado para que se les pregunte “si participaron de algún arreglo espurio o si se les pidió coima”. López pidió ser careado con los empresarios.
También brindó otro argumento esgrimido en las declaraciones anteriores: las empresas de Báez no fueron las que más obra pública realizaron durante los tres gobierno kirchneristas.
López también pidió que sean citados a declarar el actual ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, quienes públicamente afirmaron que “se robó haciendo obra pública” y que hubo “cartelización” entre las empresas constructoras para repartirse las licitaciones.
Al respecto, José López afirmó: “No le consta a la Secretaría de Obras Pública que hubiera impugnación alguna por parte de ninguna de las empresas constructoras por obras licitadas por la Dirección de Vialidad Nacional en Santa Cruz”.
López también echó mano a otro argumento expuesto por Cristina y De Vido: el Plan Nacional de Obras Públicas impulsado entre mayo de 2003 (asunción de Néstor Kirchner como presidente) y diciembre de 2015 (fin del segundo mandato de Cristina Fernández), “fue aprobado por el Congreso Nacional” y “ejecutado bajo la supervisión de los distintos jefes de Gabinete”.
Al igual que De Vido, López sostuvo que la Secretaría de Obras Públicas no tenía a cargo aprobar los presupuestos, ni realizar las licitaciones, y tampoco la auditoría de las obras, tarea correspondiente a la Sindicatura General de la Nación, a la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso y a las dependencias especializadas de Vialidad Nacional y Vialidad de Santa Cruz.
El ex funcionario, como antes también lo había dicho De Vido, señaló responsabilidades en dirección a las administraciones municipales y las gobernaciones.
“Si se consideran en números las obras, el 95 por ciento de las que se ejecutaron se desarrollaron en forma descentralizada”, afirmó, para indicar que con esa modalidad se hicieron “40 mil obras en todo el país”.
También señaló que la mayoría de las obras se enmarcaban en el Plan Estratégico Territorial (PET), iniciativa basada en los planes de infraestructura de cada provincia.
López dijo que ese plan “fue elogiado por el actual ministro del Interior y Obra Pública, Rogelio Frigerio, en la primera reunión del Consejo Interprovincial de Ministerios de Obra Pública”.
De la declaración de López, surgió también una mención al llamado “precio tope”, el valor máximo fijado por el Estado para pagar la obra pública. “Fue elaborado por expertos y no fue objetado por ninguna de las contratistas”, dijo López.
Para el ex funcionario, el hecho de que la causa se centre en Santa Cruz, prueba que se trata de una investigación “sesgada” y “con clara intencionalidad política y jurídica”.
López fue procesado por enriquecimiento por el juez federal Daniel Rafecas, como consecuencia del increíble episodio ocurrido en el convento de General Rodríguez.
Lázaro Báez, en tanto, cuya indagatoria fue tomada anteayer por Ercolini, permanece detenido en el marco de una causa en la que se lo investiga por lavado de dinero.
