Por Carlos Sacchetto - csacchetto@losandes.com.ar - Corresponsalía Buenos Aires
Ya hay ejemplos suficientes que demuestran que el kirchnerismo no anda con tibiezas. Cuando embiste contra algo o alguien, lo hace en forma agresiva y despiadada, poniendo en funcionamiento todos los recursos que el poder otorga y también otras prácticas no necesariamente encuadradas en valores éticos, morales o democráticos. El feroz ataque lanzado contra la Corte Suprema de Justicia se basa con claridad en esas dos vías de acción.
Primero el Gobierno intentó un camino institucional con la frustrada ley de democratización de la Justicia y otras complementarias, que el Máximo Tribunal consideró no ajustadas a la letra ni al espíritu de la Constitución Nacional. Ese rechazo, junto a otras decisiones que expresan el no alineamiento de los supremos con los deseos y necesidades políticas -y personales- de Cristina Fernández, habilitaron el "todo vale" para destruir la actual integración de la Corte.
Funcionarios de distintas vocalías que trabajan en el cuarto piso del Palacio de Tribunales comentan que el intento de Ricardo Lorenzetti de renunciar a la presidencia para la que fue reelegido por sus pares, podría haber sido consecuencia de dos aprietes. Por un lado, un carpetazo de la ex Side con la amenaza de revelar cuestiones personales, -algo que ya habría sucedido con anterioridad-, y también la prédica constante en su contra de un columnista de un diario ultraoficialista con fuerte influencia en el Gobierno.
Sin tregua
La inmediata ratificación del mandato de Lorenzetti que hicieron sus colegas, mostró que en la Corte hay espíritu de cuerpo y decisión de afrontar en bloque los ataques oficiales. Lo mismo sucede con el penoso espectáculo que dan funcionarios y legisladores kirchneristas al ejecutar órdenes superiores para lograr el retiro de Carlos Fayt a cualquier precio. Tanto el propio Fayt -un ejemplo de lo que debe ser un juez de la Corte Suprema-, como los otros integrantes del Tribunal, han resuelto resistir la maniobra y poner en evidencia las verdaderas intenciones del Gobierno.
Esas intenciones, está por demás claro, son impedir que la Corte cumpla su función constitucional de poner límites a los excesos de los otros poderes. Entre esos excesos está el de garantizar impunidad para los funcionarios públicos investigados por actos de corrupción, desde la propia Presidenta y su familia para abajo. En otro de sus arranques de voluntarismo y distorsión del funcionamiento institucional, Cristina sostuvo hace unos días que a ella el único que le puede poner límites es el pueblo con su voto.
Aunque por ahora la Corte dé señales de mantenerse firme, el kirchnerismo no se dará por vencido. Senadores oficialistas aseguran que en breve presentarán el proyecto de ley elaborado por el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, para aumentar a nueve el número de miembros de la Corte. Ese plan, ya comentado en esta columna, va sufriendo pequeñas variantes para ajustarlo a las circunstancias. Al proyecto lo firmarán como propio, entre otros, los senadores Marcelo Fuentes y Pablo González, dos soldados obedientes.
Esa ley se aprobará por mayoría simple sin el voto de la oposición, pero no será promulgada por el Ejecutivo. Cristina no quiere firmar como Presidenta lo contrario a lo que firmó como senadora cuando por su proyecto se bajó de nueve a cinco el número de miembros de la Corte Suprema. Según fuentes confiables, habrá promulgación "ficta" como lo permite el artículo 80 de la Constitución.
Más cartas
Esa situación se da cuando, luego de 10 días, una ley aprobada por el Congreso no es promulgada por un decreto del Ejecutivo ni publicada en el Boletín Oficial. Con esa ley vigente y especulando con que Fayt en el mejor de los casos se retirará a fin de año cuando ya estará instalado el nuevo gobierno, el kirchnerismo podrá negociar con la oposición incorporar tres jueces cada uno a la Corte para completar los nueve.
Mientras el oficialismo da la batalla contra los magistrados independientes, la búsqueda de garantías para evitar que la Presidenta y su familia tengan en el futuro complicaciones judiciales, no se detiene. La idea de que Cristina vaya en la boleta del Frente para la Victoria como candidata al Parlamento del Mercosur parece diluirse. Al parecer se optaría por la primera candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires.
Las razones para optar por esa variante son de conveniencia. Los fueros para el Parlasur rigen por ley, mientras que para el Congreso Nacional están fijados por la Constitución. Unos fueros son legales y los otros constitucionales. A los efectos de lo que busca la Presidenta, la diferencia es fundamental.
