En su reciente presentación ante la Asamblea Legislativa para dejar inaugurado un nuevo período ordinario de sesiones, el gobernador, Alfredo Cornejo, brindó un discurso moderado, con pocos anuncios y en el que remarcó una vez más la ordenada administración que su gobierno lleva a cabo para poner en caja a la provincia luego de años de desajustes que derivaron en una delicadísima situación de las cuentas públicas.
No fue desacertada la enumeración de algunos logros de su mandato, como el inicialmente polémico Ítem Aula, que finalmente derivó en una fuerte caída de las licencias docentes y el ausentismo por razones muchas veces de difícil justificación.
También destacó el llamado a concurso para cubrir más de cien vacantes en el Estado, tema abordado con mirada positiva desde este mismo espacio anteriormente. Puso de manifiesto, en su sobria enumeración de acciones, que se encuentren en ejecución más de 5.000 viviendas y que la inversión prevista en obra pública en materia de contratos firmados alcanza un 28 por ciento del Producto Bruto Geográfico.
El aspecto saliente de su mensaje, concretado al día siguiente con la presentación del proyecto de ley respectivo en el Senado, fue el de la obligatoriedad de que las personas presas y condenadas en cárceles de la provincia cumplan con un trabajo u ocupando su tiempo de reclusión en su perfeccionamiento como personas, en el estudio. Sin duda, se trata de una iniciativa muy importante que puede llegar a despejar nebulosas que durante muchísimos años han sobrevolado sobre las políticas penitenciarias locales, en especial en cuanto al seguimiento de la evolución de los presos y su eventual reinserción en la sociedad.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la seguridad es una asignatura pendiente de la clase política mendocina durante años, incluyendo a gobiernos del mismo signo político del gobernador en ejercicio. Es más: el actual titular del Ejecutivo ocupó la conducción del Ministerio de Seguridad alguna vez en estos últimos años y sabe claramente de la dificultad que supone combatir el delito cuando los mecanismos para su ejecución no son claros o no se dispone de los recursos necesarios para ello.
Más allá del mensaje ante la Asamblea Legislativa, debe reclamarse de la actual gestión un mayor ímpetu en la búsqueda de incentivos para que la economía local se recupere más rápidamente. En algún momento, la etapa denominada ordenancista de las finanzas provinciales deberá llegar a su límite para dar paso a un tiempo en el cual las prioridades deban ser una clara y diferencial actitud constructiva basada en pautas estratégicas bien definidas.
Los resultados de más de 16 meses de la gestión del radicalismo, como cabeza del espacio Cambia Mendoza, dejan en claro la existencia de mayor austeridad en el manejo del Estado a la par del necesario ordenamiento del que se hizo alusión. Sin embargo, se advierte que lo que está faltando es una visión de la provincia de Mendoza más grande, más abarcativa, convocante para todos. De ese modo sabremos los mendocinos qué lugar ocupamos en el necesario proceso de reconstrucción de los basamentos de una provincia que fue pujante y que, si bien lo sigue siendo, en líneas generales necesita una adaptación a los tiempos, para lo que se requiere una estructura dirigencial sólida, formada y moderna.
