El ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos (56), recibió un traspié ayer en la antesala del juicio en el cual está imputado por administración fraudulenta en la modalidad de administración infiel, luego de que la Cámara rechazara no sólo algunas de las pruebas presentadas por su abogada, sino también el pedido de unificar causas en las cuales está imputado Lobos.
Si bien al ex funcionario, quien evitó hacer declaraciones a la prensa, se lo investiga por varias causas, específicamente ésta hace referencia a las contrataciones por parte del municipio de la empleada doméstica de su suegra y su hijo (jardinero también en la casa de la mujer); pero sin pagarles el sueldo correspondiente, sino una parte del monto como una suerte de "ayuda social".
Se sospecha que era la suegra de Lobos la persona que retiraba ese dinero del cajero con las tarjetas de las víctimas. De los 2.700 pesos de salario en ese entonces, solo 500 pesos iban para la empleada, mientras que el resto al parecer quedaba en las arcas de la mujer.
Dicha contratación irregular se realizó en 2011, cuando Lobos era el presidente del Concejo Deliberante -en 2013 se transformó en concejal a cargo de la intendencia cuando Alejandro Abraham fue electo diputado nacional-, y este proceso siguió hasta 2015, cuando la víctima, Laura Fara, se enteró que tanto ella como su hijo eran empleados de la Comuna.
En esta audiencia preliminar realizada en la sala 4 del Fuero Penal Colegiado, en el Palacio Judicial, la abogada de Lobos, Anahí Venier, quien también defiende a la esposa del político, Claudia Sgró (50) y a su suegra María Elena Fernández (79), ambas imputadas como partícipes, pidió que se unifique en este juicio la causa en la que se investiga al ex intendente por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según planteó Venier, las dos carátulas "hacen referencia a la misma causa" y sostuvo que algunos testigos a quienes planeaba presentar en el día del debate, son los mismos ex funcionarios de la municipalidad de Guaymallén que están también imputados por no corroborar la existencia de empleados "ñoquis" o hacer caso omiso, ya que durante cuatro años ninguna de las dos personas (Fara y su hijo) se presentaron a trabajar.
Sin embargo, la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscianisi, expresó ante el juez Jorge Luis Del Póppolo Aguilera que el hecho "no es el mismo", ya que esgrimió que este caso apunta al trabajo irregular que supuestamente realizaron Lobos, su mujer y su suegra, en la contratación y en el uso de los nombres de Fara y su hijo para cobro de ese dinero, que no iba a parar a los bolsillos de las víctimas.
En tanto esgrimió que por otra vía iría la investigación por incumplimiento de los deberes de funcionario público. "Allí se averiguará cómo se controlaba la asistencia y cuál fue la responsabilidad de los funcionarios que ocupaban cargos importantes donde debía trabajar Fara y su hijo", acotó.
Tras un breve cuarto intermedio, la cámara presidida por Del Póppolo rechazó la suspensión de la audiencia y por consiguiente unificación de causas, por lo que solamente el juicio se centrará en la administración fraudulenta. El Juez sostuvo que este planteo fue "extemporáneo", por lo que se debería haber realizado antes de esta audiencia preliminar.
En tanto, los otros imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, son la ex jefa de personal y subdirectora de Administración de la comuna, Silvina Alcaraz (sobrina de Lobos y Sgró); Alberto Aceña, ex director de Administración; Cinthia Spatola, jefa de Administración y Liquidación de Haberes y Marcela Malara, subdirectora de Administración.
Otro revés
La defensa de la familia de Lobos también tuvo problemas a la hora de presentar las pruebas que utilizarán en el juicio, por lo que puede complicarse el futuro del político, técnico superior de Higiene y Seguridad, que fue echado junto con su mujer de sus cargos de planta que tenían como empleados del Municipio, una vez que el radical Marcelino Iglesias ganó las elecciones.
La Cámara declaró inadmisibles las pruebas y testigos que presentó Venier por no respetar las "normas procesales", es decir, formalismos que exige la justicia, como datos completos de los testigos, entre otros.
De esta manera, de las 11 personas presentadas para declarar, solamente podrán usar cuatro, que son los que presentó también la querella (el abogado Armando Chalabe) y la Fiscalía.
Ellos son la presidenta del Concejo Deliberante, Evelin Pérez; Paula Suárez Olguín, subdirectora de Recursos Humanos; Juan Brovarone, funcionario de la Municipalidad; y Jonathan Alexis Moyano, concejal radical.
A su vez, quedaron afuera los ofrecimientos de prueba por parte de los imputados Aceña, Alcaraz, Spatola y Malara; además de la ex jefa de personal Marina Vargas; Luis Marcelo Moreno; y Elena Mirta Pelliser, concejal demócrata.
En tanto, la querella presentó una auditoría con el relevamiento del personal que ingresó durante los cuatro años de los gobiernos de Abraham y Lobos. Desde el municipio de Iglesias creen que son al menos unos 200 "ñoquis" los que estuvieron como empleados del Municipio.
Mientras tanto restará aguardar la fecha del debate por este caso, que saldrá en un plazo de entre 5 y 30 días, en el juicio en el que Lobos arriesga una pena de entre 2 y 6 años de prisión.
